GABRIEL C. CHAMORRO
LAWFARE
O LA CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA POR OTROS MEDIOS
Sobre Lawfare
Internándonos en las lecturas sobre el lawfare descubrimos un problema mayor: las condiciones que lo posibilitaron con la instauración de gobiernos de excepción que en la región comenzaron con la presidencia de Mauricio Macri (2015) y la destitución de Dilma Rousseff (2016). Si Argentina y Brasil podían imponer neodemocracias (después de todo hay neoliberalismos, neonazis, neoconservadurismos), era de suponer que esos nuevos emprendimientos institucionales servirían de ejemplo para el resto. Democracias fraguadas, no por la manipulación de datos electorales, sino por el encarcelamiento, incubación de desprestigio y persecución de los principales candidatos a ganarlas. No tuvieron hijos no reconocidos, ni participaron de cohechos, ni desviaron fondos públicos, ni resultaron ser autores intelectuales de triples crímenes o de fiscal alguno.
La Argentina 2015 - 2019 fue gobernada desde el exterior de los márgenes legales ya que agencias estatales, alentadas desde la centralidad del poder político, estuvieron destinadas a la extorsión, espionaje, asfixia económica y encarcelamiento de opositores. La Dirección Nacional de Migraciones, AFIP, UIF, Servicios de Inteligencia (AFI), entre otras, operaron en tal sentido por si o tercerizando la labor en bandas conformadas por policías federales, periodistas, abogados, agentes inorgánicos, barras bravas, narcotraficantes, ex policías, etc. Del mismo modo que tampoco es democrático el gobierno cívico - militar de Jair Bolsonaro con sus llamamientos al golpe o el de Iván Duque (cada 30 horas un dirigente político o social es asesinado), Rafael Correa fue condenado a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 25 años (no podrá ser parte de la próxima contienda electoral).
Los poderes judiciales, con sus mecanismos de lawfare, fueron (son) parte indisoluble, principales engranajes, en la configuración de estas excepcionalidades democráticas.
GABRIEL CHAMORRO
Es Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad (CEPES). Docente de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Universitario de la Policía Federal. Autor de: “Guerra y delito (Los DDHH en la Posmodernidad)”, “2045: Cien años después. El legajo kirchnerista”, “Los desapoderamientos discursivos en los procesos constitutivos del Derecho”, "El discurso médico - legal y la triple interdicción de las mellizas“, "Trabajo y educación delas mujeres en las cárceles (Ley de ejecución de la pena privativa de libertad)”, en colaboración. Fue asesor parlamentario. Dictó conferencias y seminarios. Autor de numerosas publicaciones de divulgación jurídico - política.
PEDRO BRIEGER
Es sociólogo y periodista. Se desempeña en varios medios de comunicación y es director de NODAL, el primer portal de noticias dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe.
PRÓLOGO
Por Pedro Brieger
Algo ha cambiado en América Latina en estos primeros años del siglo XXI. Por primera vez en su historia la inmensa mayoría de los países, entre ellos la Argentina, tienen gobiernos electos por el voto sin interrupciones recurrentes de golpes de Estado como sucedía en el siglo XX. Si el historiador militar de Prusia, Karl von Clausewitz, popularizó la frase que la guerra es la continuidad de la política por otros medios, el sugestivo título del libro de Gabriel Chamorro nos indica que el “Lawfare” también es la continuación de la política por otros medios.
En realidad, todo se articula alrededor de la política y los intereses de quienes tienen el poder político y económico al frente de un Estado.
Los estados nacionales en América Latina se estructuraron desde su nacimiento alrededor de las clases sociales que los crearon, conjugando el poder político con el económico, diplomático, jurídico, militar y mediático, indispensables para legislar a favor de quienes, justamente, habían creado dichos Estados. Para consolidar cualquier poder político-económico se necesita de los medios masivos de difusión, adecuados a cada momento histórico, para generar los consensos necesarios que les permita mantener a la mayoría de la población convencida de que dicho poder es el natural. Durante décadas, cuando las clases subalternas desafiaban los poderes instituidos los golpes de Estado, con diversos grados de represión y el apoyo de los grandes medios ponían las cosas “en su lugar”. La magnitud de la represión siempre estuvo adecuada al nivel de cuestionamiento de quienes buscaban modificar el “status quo”, sean los trabajadores reclamando mejores condiciones laborales o las mujeres la igualdad y el derecho al voto. En numerosos países los gobiernos democráticos fueron apenas un paréntesis entre gobiernos militares, siempre articulados con los sectores civiles más poderosos.
Los golpes cívico-militares en el siglo veinte fueron una constante hasta mediados de la década del ochenta del siglo pasado en que los procesos de democratización se desarrollaron después de dictaduras crueles, que desaparecieron y asesinaron a miles de personas en América del sur y América central.
En la Argentina -como caso excepcional- se juzgó a los militares que gobernaron entre 1976 y 1983 y el impulso democratizador modificó también la relación de los militares con los poderes civiles en casi todos los países que habían conocido dictaduras sangrientas.
A comienzos del siglo veintiuno hubo cambios importantes a nivel regional por el desarrollo en América Latina de una corriente política que cuestiona las políticas neoliberales impuestas. Esta corriente es muy heterogénea y difícil de definir en términos conceptuales porque abarca desde el Frente Amplio en el Uruguay hasta la Cuba revolucionaria, pasando por el chavismo en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o el kirchnerismo en la Argentina que gobernó durante doce años. Esta corriente está formada por hombre y mujeres que se definen como “progresistas”, de “izquierda”, “populistas”, “nacionales y populares”, “socialistas”, y una amplia gama de definiciones muy dilatadas que incluyen a algunos y excluyen a otros. Sin embargo, tienen muchos puntos en común que los llevó a acercarse para forjar por primera vez desde las independencias nacionales del siglo XIX una región integrada en base a un discurso que algunos definen como “post neoliberal”, aunque varios hayan seguido aplicando postulados clásicos del dogma neoliberal. Entre otros elementos se buscó -y aun se busca- un camino de integración regional sin la tutela de los Estados Unidos.
Esta nueva corriente emergió como una novedad para América Latina en el siglo XXI y se fue consolidando en franca disputa con las corrientes conservadoras, liberales, de derecha que con sus diferencias y matices gobernaron los siglos XIX y XX.
En el año 2005 esta corriente hizo su aparición de manera conjunta y con alto impacto político durante la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Allí, los cuatro presidentes del MERCOSUR (Néstor Kirchner, Lula de Silva, Tabaré Vázquez y Nicanor Duarte Frutos) conjuntamente con Hugo Chávez, evitaron que naciera el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el gran proyecto regional de Estados Unidos para toda América que excluía a Cuba. Y lo hicieron de manera espectacular con un gran acto público en un estadio de futbol con Chávez como principal orador y Evo Morales -en ese entonces un dirigente social- en las tribunas. La Cumbre de las Américas fue un momento de inflexión porque de manera inesperada Washington se quedó dejó sin perspectivas claras y las derechas latinoamericanas -subordinadas a la Casa Blanca- tampoco atinaron a esbozar algún tipo de respuesta al finalizar la cumbre para darle continuidad al ALCA.
En un momento, dejando de lado Guyana y Surinam (dos países que recién se están acercando a la región a pesar de su lugar geográfico), ocho de los otros diez países de América del Sur estaban gobernados por esta corriente. Su aparición y su acceso al gobierno por la vía democrática en diversos países representó una