Política y memoria. Virginia Martínez

de despliegue operativo, se trata, valga la contradicción, de un tipo de guerra policial.

      No fueron las estrategias de combate de las Fuerzas Armadas para la liberación de territorios ocupados por la guerrilla ni el poder de fuego o sofisticación tecnológica del armamento de guerra utilizado los factores que caracterizaron dicho enfrentamiento y que, a la larga, explica las razones de la victoria de las fuerzas estatales contra las organizaciones de izquierda. Por el contrario, dentro de las características de una guerra de proximidad o cuerpo a cuerpo, los militares asimilaron sus funciones comisariales a las funciones policiales de asegurar el “orden público interno”, y su superioridad se basó no en el poder de combate y de fuego sino en la información confidencial recopilada por años sobre dirigentes, militantes y organizaciones de izquierda; en los métodos de seguimiento, infiltración y cooptación; en la tortura generalizada en los interrogatorios; en la clandestinización de su accionar y la coordinación represiva regional.

      Uno de los rasgos fundamentales de la guerra interna y de su transformación en guerra sucia lo constituyó la asimetría de las fuerzas confrontadas y del universo de víctimas, que falsea los argumentos acerca de la existencia de una confrontación bélica real de tipo convencional o entre Estado.

      Según los resultados de las investigaciones históricas y arqueológicas de la Presidencia y de la Universidad de la República sobre detenidos-desaparecidos, asesinados políticos y terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985),[24] el universo de víctimas pertenecientes a las distintas organizaciones de la izquierda uruguaya estuvo constituido por cerca de 200 ciudadanos detenidos-desaparecidos,[25] alrededor de 250 asesinados políticos y más de 6 mil presos y presas políticas.[26]

      Por otra parte, inmediatamente de recuperada la democracia en Uruguay, el 1 de marzo de 1985, la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado,[27] en 1986, y sus posteriores ratificaciones plebiscitarias, en 1989 y 2009, sólo permitieron, en estos últimos casi treinta años, avanzar lentamente en materia de verdad y justicia respecto a los responsables institucionales de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. No obstante, a partir del año 2005 y del primer gobierno de izquierda presidido por Tabaré Vázquez, así como en la segunda administración frenteamplista ejercida por el presidente José Mujica hasta el presente, aunque parciales, se han logrado importantes avances en materia de verdad y justicia.

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