cifras nacionales de desalojos: «No tenemos un centro de información federal de los casos civiles estatales. Cada estado maneja su base local y cada uno de ellos tiene su propio sistema para registrarlos. Algunos tienen esa información pública y otros no, por lo que se vuelve un trabajo de investigación, de ir a las redes, a los sistemas de cada juzgado, y tratar de averiguar qué está pasando». La segunda, que la crisis del acceso a la vivienda antecedía a la pandemia:
Yo no creo que las autoridades entiendan cómo funciona esta crisis. Esto ha sido un problema antes de la covid-19, el problema de la gente que vive al día, que ve cómo los precios suben mientras los ingresos se estancan. Frente al discurso de que vivimos en un mercado libre, donde, si no te gusta o no puedes pagar, en teoría puedes ir a otro lugar, está la realidad. En la práctica, hay escasez de acceso a la vivienda.
Su colega Herron pone las cifras encima de la mesa: «Antes de la pandemia ya había más desalojos cada año que en el punto más alto y crítico de la recesión de 2008, con más de 2,3 millones de desalojos registrados en los juzgados del país anualmente. Esto sólo habla de los desalojos registrados, pero sabemos que muchos son llevados a cabo más informalmente o, mejor dicho, ilegalmente». Así, los datos más fiables sobre la epidemia de perder un techo son aquellos ofrecidos por el Laboratorio de los Desalojos de la Universidad de Princeton. Creado en 2017, la idea partió del investigador Matthew Desmond, quien en 2008 se dio cuenta de la necesidad de recopilar un estimado nacional. Con la ayuda del laboratorio, Emily A. Benfer, presidenta del Comité de Trabajo sobre Desahucios de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, llegó en verano de 2020 a la siguiente conclusión: «Nunca habíamos visto este grado de desalojo en una cantidad de tiempo tan corta en nuestra historia. Aproximadamente 10 millones de personas, durante un periodo de años, fueron desplazadas de sus hogares tras la crisis de ejecuciones hipotecarias en 2008. Estamos viendo entre 20 y 28 millones de personas en este momento, entre julio y septiembre, afrontando desahucios». La propia Oficina del Censo de Estados Unidos publicaba una encuesta en la que revelaba que una cuarta parte de los inquilinos latinos y afroamericanos habían pospuesto el pago del alquiler en mayo de 2020 y la mitad mostró su preocupación por no poder pagar la renta del mes siguiente.
El colapso nacional durante el verano de 2020 sólo se evitó a golpe de moratorias de desalojos. En medio de esa distopía, en la que mientras millones vivían con la ansiedad permanente de perder sus casas y en la que algunos políticos se esforzaban por apelar a las familias blancas de perfectos barrios suburbanos, los legisladores decidían irse de vacaciones hasta septiembre. Sólo las elecciones presidenciales, que estaban por llegar en un par de meses, ocupaban el cronograma de sus mentes. Mucho tiempo después de los comicios, la situación relativa a los desahucios continúa sin resolverse, posponiéndose mediante aplazamientos sobre el papel que, en la realidad, ni siquiera se cumplen en muchos territorios.
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