José Luis Gonzalo Marrodán

Cuando mi corazón calma


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en los procesos de separación y divorcio, que sin una adecuada gestión deja secuelas psicológicas y emocionales en los más pequeños. Ya Andolfi (1989) consideraba que las necesidades insatisfechas en las relaciones con los miembros significativos de la familia de origen quedan impresas en cada persona, y Framo (1996) destacaba que en las relaciones íntimas del presente ejercen una influencia decisiva las fuerzas transgeneracionales ocultas. Por ello es fundamental la prevención y promoción de la salud mental infantojuvenil a través de la familia.

      Es destacable mencionar que casi la mitad de los problemas de salud mental tienen su inicio en la infancia o adolescencia; por tanto, el diagnóstico y tratamiento en etapas precoces es una valiosa oportunidad de mejorar el pronóstico de las enfermedades mentales (Kessler et al 2005; Parellada 2013). Para ello, el autor comparte en estas páginas estudios, datos, testimonios, experiencias, consejos, ejemplos y herramientas para que tanto profesionales como padres y madres podamos prevenir e intervenir adecuadamente en estas situaciones, muchas veces inevitables, otras incluso necesarias.

      Por consiguiente, le animo a que lea esta guía con atención, calma y disposición a incorporar esta bonita perspectiva que José Luis Gonzalo, con tanta generosidad, nos brinda, promoviendo habilidades de crianza, de afectividad y de comunicación emocional. Sabemos que la calidad de las primeras experiencias de apego con personas significativas, y con una respuesta sensible, van a determinar el desarrollo de la personalidad de las personas.

      El 9 de junio de 2020 se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que los profesionales de la infancia venimos pidiendo desde 2015. Consiste en un Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que trata de dar respuesta a la obligación de protección de las personas menores de edad establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990), en el artículo 3 del Tratado de Lisboa y en el artículo 39 de la Constitución Española. A través de este proyecto esperamos que la sociedad disponga de los recursos necesarios para proteger a la infancia de situaciones traumáticas, de maltrato, violencia directa o indirecta, y desamparo.

      Teniendo en cuenta que el 75 % de los problemas de salud mental en la edad adulta tuvieron su inicio en la edad escolar o adolescente (Costello, et al., 2006), cada día que pasa es un día de retraso que no estamos viendo, reconociendo y legitimando a los niños y niñas.

      Es una responsabilidad social hacer llegar esta perspectiva de infancia a los adultos que puedan necesitarlo, quienes probablemente tampoco recibieron esa mirada bientratante que José Luis Gonzalo ampara en cada una de sus páginas. Cuidemos a nuestra infancia; no son el futuro, son el presente.

      Mercedes Bermejo Boixareu

      Presidenta del Instituto Madrileño de Sistémica Infantojuvenil y otros Sistemas Humanos

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      INTRODUCCIÓN

      Una de las situaciones más dolorosas, e incluso traumáticas, que los niños sufren es el divorcio de los padres. Tenemos datos para la alarma, pues, por ejemplo, desde 2010 hay aproximadamente el mismo número de nuevos matrimonios que de separaciones. En la actualidad, se calcula que cada 3-4 minutos hay una ruptura de pareja.

      El cuarenta y uno por ciento (41 %) de los hijos de padres separados son temerosos, agresivos, tienen baja autoestima y presentan dificultades en su comportamiento o desempeño escolar. Solo un cuarenta y cinco por ciento (45 %) de los niños superan satisfactoriamente el divorcio de sus padres.

      El cincuenta por ciento (50 %) de las mujeres y el treinta por ciento (30 %) de los hombres continúa siendo agresivo con su expareja después del divorcio.

      Durante el primer periodo del divorcio, los padres tienen menos tiempo disponible para compartir con sus hijos y están emocionalmente menos capacitados para apoyarlos y disciplinarlos.

      En España se producen casi siete rupturas por cada diez matrimonios, lo que supone una ratio muy superior a la media europea, que no llega a cinco. A ello contribuye el hecho de que cada vez se celebran menos matrimonios —de 5.4 matrimonios por cada mil habitantes en el 2000 se ha pasado a 3.4 en 2014— y se tramitan más divorcios —la cifra se ha duplicado en los últimos diez años—, según pone de manifiesto el último informe sobre la evolución de la familia en España que ha presentado el Instituto de Política Familiar (IPF).

      El diario ABC, por su parte, en septiembre de 2018, publicaba que, cada vez en número más creciente, los padres separados mantienen un conflicto permanente que provoca que tengan que recurrir a los juzgados para plantear disputas que ellos mismos no son capaces de resolver: «los “jueces están actuando como terceros padres” y se está produciendo un “colapso” de los juzgados especializados en Familia y de Instancia. Así lo afirma la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano, quien asegura que está teniendo lugar una “judicialización de la vida familiar y cotidiana”. En los últimos años, denuncia esta letrada, “se está poniendo en evidencia una constante dificultad de los progenitores a la hora de ejercer y tomar decisiones en la patria potestad”.

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