sujeta a la triangulación de fuentes, el análisis reconstructivo y el juicio moral122. En términos de verdad jurídica, los tribunales internacionales (Corte Internacional de la Haya y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) establecen como criterio jurisprudencial que, en casos en los cuales la información penal es incompleta, se distinga entre un hecho histórico y una responsabilidad penal castigable. Por ese motivo, la verdad histórica lo es desde el punto de vista de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; es decir, su testimonio tiene estándar probatorio, en la medida que permite la acreditación de hechos123. Otra de las premisas con archivos judiciales ha sido desarrollada por la Red de Estudios de Antropología Jurídica Argentina, la que ha desarrollado una adecuación de las metodologías etnográficas para el análisis testimonial124, sujetas a las condiciones que en el plano ético y moral, Giorgio Agamben y Primo Levi han establecido para los testimonios de ex agentes represivos y víctimas de la represión125.
Finalmente, en términos prácticos, como señalan John Dinges y Peter Kornbluh126 al trabajar la reconstrucción histórica de las organizaciones y acciones represivas desde diversos documentos, es necesario atender a las condiciones de producción de dicha información, someterlas a evaluación crítica a través de la triangulación de la misma y sostener una afirmación en base a un criterio de saturación; es decir, mantener aquellas informaciones que por credibilidad de la fuente tiendan a reiterarse en documentos de la misma jerarquía de producción de información.
Para la presente investigación, revisé los siguientes centros documentales nacionales: el Archivo Nacional de la Administración (Arnad), Sección prensa y microfilm-Biblioteca Nacional (Prensa-BN); el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel); la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN); el Archivo de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas y los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (Jenadep-PDI), que contiene la documentación de las pesquisas de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (Bridehu); el Centro de Documentación del Museo de la Memoria y Derechos Humanos (Cedoc-MMDH); el Archivo Roberto Montandón del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN); el Centro de Documentación de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Cedoc-Fasic); el Centro de Documentación de la Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (Cedoc-Funvisol); el Archivo de la Fundación Jaime Guzmán (AFJG); el Archivo de la Fundación Patricio Aylwin; el Centro de Documentación del Parque por la Paz Villa Grimaldi (Cedoc-VG); el Centro de documentación del sitio de memorias Londres 38; el Archivo del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume (CCMMN).
En el ámbito internacional, revisé el fondo “Operación Cóndor” del Museo, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay (conocido como el “Archivo del Terror”), el Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina. Finalmente, revisé la documentación de inteligencia de EE. UU. desclasificada por la Fredom of Information Act (FOIA), la Intelligence Authorization Act y el National Security Archive de la Universidad George Washington, que tiene información sobre la acción encubierta norteamericana en Chile.
Panorámica de la investigación
Este libro se organiza en seis capítulos. El primero de ellos aborda la construcción del discurso de la seguridad nacional y la contrasubversión vista desde el proceso de profesionalización del cuerpo de oficiales de las FF. AA. En específico, busco dar cuenta de cómo a lo largo del proceso de profesionalización militar se va desarrollando una institucionalización de valores y representaciones del orden sociopolítico construido sobre una imagen organicista y gremial del Estado y la sociedad, que implicó una evaluación moral de las causas de la conflictividad social. Sobre esta imagen de mundo –como diría Jürgen Habermas–, el proceso de modernización de la organización burocrática de las FF. AA. propio del ejercicio de la profesión militar, construyó un discurso de la seguridad nacional que recepcionó las reflexiones de las FF. AA. francesas y norteamericanas en relación con la Guerra Fría interamericana y los conflictos de liberación nacional de los países del tercer mundo como parte del ejercicio profesional de la guerra contemporánea. Esto implicó la adopción de una serie de premisas neocoloniales y contrasubversivas, que se adoptaron como parte del ejercicio técnico-profesional de las FF. AA., que implicó el desarrollo de un discurso sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, que reelaboró el imaginario anticomunista presente en las instituciones militares y potenció una lectura del conflicto sociopolítico de la década de 1960 como un problema originado en causas morales, catalizadas por agentes políticos, cuya ideología marxista buscaba la disolución del orden social. Por ende, visto como un problema de subversión y contrasubversión, el cual fue desarrollado y elaborado por los institutos militares y las burocracias de información, inteligencia y contrasubversión que se fueron creando para tal efecto.
En el capítulo segundo rastreo el dispositivo de la represión previo al Gobierno de la UP, en específico la existencia de las zonas de emergencia y las CAJSI, en términos legales y organizativos, su relación con los estados de excepción constitucional y los dispositivos legales creados por el Estado como una manera de contener y reprimir al movimiento popular. Desde ese punto de vista, muestro cómo las CAJSI se vinculan con los dispositivos de militarización de la función policial y otros instrumentos militares permeados de una concepción contrasubversiva, como las planificaciones de seguridad interior, reglamentos y planes de acción militar. Estos dispositivos, perfeccionados durante el período 1970-1973, son el esquema sobre el que se ajustaron los diversos planes de acción del movimiento golpista, a partir de la aplicación de los dispositivos de excepción constitucional y la información recopilada en los operativos en el marco de la Ley de Control de Armas desde junio de 1973. Específicamente, trato de rastrear alcances e implicancias de estas, pese a las restricciones de acceso a la información sobre seguridad nacional vigente, basándome en los testimonios de oficiales golpistas y la información documental disponible en los archivos judiciales y de la PDI.
En el capítulo tercero reviso cómo durante el Gobierno de la UP ese discurso de la seguridad nacional y la contrasubversión, posibilitado por una creciente militarización de la función policial y el involucramiento de las FF. AA. en labores de orden interno y seguridad interior, en el marco de la crisis político-institucional que se fue generando, las llevó a ajustar los dispositivos de seguridad interior y contrasubversión a través del desarrollo de las CAJSI para la aplicación de los estados de excepción constitucional y los operativos de la Ley de Control de Armas que propiciaron el copamiento militar del territorio semanas antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Esto implicó que, en un contexto de crisis institucional y de confrontación política rupturista alimentada permanentemente por parte de la oposición política (izquierdista y de derecha) y de la acción encubierta norteamericana, las FF. AA. comenzaron progresivamente a constituirse en un actor preponderante en la resolución de la crisis política que culminó con el golpe de Estado, vista desde una perspectiva de contrasubversión y orden interno.
En el capítulo cuarto, en base a la constatación de que el factor bélico militar constituyó el elemento de coherencia interna del movimiento golpista, indago cómo a partir de la planificación de seguridad de las CAJSI, sus características y limitantes, se puede explicar la dinámica represiva y el desarrollo de la contrasubversión en los primeros meses del golpe de Estado. Junto con ello indago cómo se construyó la legitimación del golpe de Estado en el ámbito jurídico-estatal, civil y político y cómo se institucionalizó la dictadura militar en las primeras semanas de 1973. Muestro cómo lejos de la tesis del caos político, administrativo y militar durante las primeras semanas del golpe de Estado, las acciones de represión descentralizadas a cargo de cada uno de los jefes militares de las CAJSI, lejos de ser un indicador de falta de coherencia, son la expresión político-militar que las contempló como los dispositivos de control territorial y contrasubversión en los territorios. Dentro de este panorama, muestro cómo las masacres perpetradas por operativos cívico-militares complejizan y exceden el marco meramente estratégico-militar y ponen en la agenda investigativa (futura) la problemática de los perpetradores y colaboradores civiles de crímenes de lesa humanidad, que hasta el día de hoy no han sido problematizados historiográficamente ni tematizados públicamente por la sociedad chilena.
En el capítulo