como una de las causas del conflicto armado y su relación con el derecho. De esta forma, se busca superar la visión simplista en donde leyes civiles y agrarias que definen el estado de la propiedad, al igual que las leyes administrativas mediante las que el Estado regula los procesos que garantizan el título de propiedad a las comunidades rurales (al no resultar claras y eficientes), han terminado por favorecer tradicionalmente a las élites locales, las cuales poseen los medios políticos y económicos para ejercer presiones sobre el sistema legal, dejando a los campesinos y a otros grupos vulnerables del sector rural en una situación precaria, impidiendo su acceso a la propiedad y exacerbando los problemas sociales en relación con el acceso y uso de la tierra.
De esta manera, la presente publicación agrupa sus capítulos en tres grandes temas: i) contexto del derecho a la propiedad sobre la tierra y conflicto armado en Colombia; ii) lecturas críticas alternativas de la propiedad sobre la tierra en el conflicto armado; y iii) la propiedad y sus retos en la transición hacia la paz. A continuación, describiremos brevemente los temas discutidos en este libro.
I. Contexto del derecho a la propiedad sobre la tierra y conflicto armado en Colombia
Para ofrecer un panorama acerca del contexto del derecho a la propiedad sobre la tierra y el conflicto armado en Colombia, en el primer capítulo de esta obra colectiva titulado “Contextos estructurales del conflicto armado en Colombia: un camino hacia la intersección entre la justicia de transición y el derecho a la propiedad sobre la tierra”, Fernando Vargas Valencia realiza una aproximación a dicha intersección entre la justicia transicional y el derecho a la propiedad sobre la tierra, con el fin de identificar elementos para sustentar su hipótesis, según la cual, desde el reconocimiento del problema histórico de la tenencia de la tierra en territorios rurales, se puede argumentar la perspectiva del caso colombiano, teniendo en cuenta que precisamente desde el desentrañamiento de las causas y contextos estructurales de estos problemas históricos se garantiza su no repetición.
II. Lecturas críticas alternativas de la propiedad sobre la tierra en el conflicto armado
Varios de los autores hicieron lecturas alternativas sobre la discusión de la propiedad. En este contexto encontramos el capítulo “Feminidades productivas, reformas agrarias y restitución de tierras”, escrito por María Fernanda Sañudo Pazos, en el cual se abordan cuestiones importantes sobre el reconocimiento de las mujeres en Colombia como adjudicatarias de tierra en un contexto de transformación del modelo de desarrollo rural. De esta forma, Sañudo Pazos muestra la continuidad en la producción de feminidades productivas, continuidad que, para la autora del capítulo, comienza con el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria, persiste con su inclusión como un sujeto prioritario en los procesos de restitución de tierras y se refleja —entre otras— en la tendencia de propiciar una ampliación de los roles de las mujeres en virtud de su capacidad productiva, sin omitir su capacidad de cuidadoras.
En esta misma línea, el tercer capítulo del libro, denominado “Usando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas en las Américas: el impacto de la represa de Salvajina en las comunidades nasas”, elaborado por Sital Kalantri y David Cordero-Heredia, aborda la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tomando como caso de estudio el impacto de la represa de Salvajina en las comunidades nasas en el Cauca colombiano. Para Kalantri y Cordero-Heredia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) juega un papel determinante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en la ampliación de la interpretación sobre el derecho a la consulta previa y en la reparación en los casos de violaciones de los derechos humanos que se ejecutaron antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, para el caso colombiano.
Por último, en este segundo bloque temático del texto, encontramos el capítulo “Notas críticas a las teorías de la posesión: estudio de caso en el piedemonte montemariano”, de la autoría de Sergio Latorre Restrepo, el cual ofrece una reflexión amplia sobre la necesidad de transformación en la enseñanza del derecho y en el diseño de programas de estudio de cátedras como la de Derecho Civil de Bienes, con el fin de abrir discusiones sobre las relaciones que subyacen a la propiedad, la posesión y las derivadas de otros derechos reales. Para Latorre Restrepo, el programa de estudio de esta asignatura debe poner en el centro de la discusión temas que hoy siguen siendo marginales en los programas o syllabus de esta clase, como la posesión, la compleja relación entre la propiedad y el medio ambiente, la propiedad de la mujer y la mujer rural, los regímenes especiales de tierras para indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos, asuntos relacionados con la jurisdicción de restitución de tierras y los que surjan de la Justicia Especial para la Paz (JEP), además de incluir un componente importante de derecho agrario, entre otros. De esta manera, a partir del estudio de caso en el piedemonte montemariano, Latorre Restrepo argumenta por qué en una asignatura como Bienes los debates sobre propiedad rural, régimen de baldíos, zonas de reserva campesina, no deben ser la excepción, sino la regla en las temáticas que se deban cubrir en el programa, que tradicionalmente ha dado preferencia al estudio de casos en contextos exclusivamente urbanos y que no involucran situaciones complejas en contextos rurales, algunos de ellos en regiones en donde prevalece la situación de conflicto armado.
III. La propiedad y sus retos en la transición hacia la paz
Los textos incluidos en esta sección, que se enfocan en la propiedad y sus principales retos en la transición hacia la paz a los que se enfrenta Colombia, abordan temáticas relacionadas con la concepción del desarrollo, la restitución de tierras y la titulación minera. En este sentido, el quinto capítulo de la publicación “Desarrollo, extractivismo y posconflicto”, escrito por Ximena Sierra-Camargo, problematiza la idea de que la construcción de la paz está atada al crecimiento económico y al desarrollo que traen las llamadas industrias extractivas. Sierra-Camargo lleva a cabo un análisis crítico sobre los desafíos del desarrollo de cara al proceso de paz en Colombia, en la medida en que, como considera la autora, la idea de promover el desarrollo económico a través de la extracción intensiva de recursos naturales responde a una de las estrategias más comunes utilizadas por los Estados para reactivar la economía, especialmente en escenarios de posguerra. Para el caso colombiano, como lo indica Sierra-Camargo, esto se evidencia en los planes de desarrollo, impulsados y promovidos durante los dos períodos de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), los cuales buscaban atraer inversión extranjera para activar diferentes sectores de la economía, como el minero, en un escenario de posconflicto. Contrario a lo esperado, estas políticas públicas produjeron serios impactos sociales y ambientales, generando nuevos conflictos de tipo socioambiental, como el despojo y el desplazamiento de comunidades, el vaciamiento del territorio, la alteración del equilibrio ecológico, la contaminación de recursos hídricos, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación.
Leonardo Güiza Suárez y Carlos Eduardo Beltrán Gómez, autores del sexto capítulo, denominado “El conflicto entre la restitución de tierras y la titulación minera: un desafío para la institucionalidad”, plantean la problemática del conflicto existente entre la restitución de tierras y la titulación minera, reflexionando sobre la importancia de contar con bases jurídicas claras que permitan determinar el verdadero alcance del derecho a la restitución como derecho fundamental, del carácter de la minería como actividad de interés público para el país y el conjunto de derechos de los que es titular el Estado en el marco del aprovechamiento de los recursos naturales.
Para concluir este tercer bloque temático, el capítulo “La flexibilización del estándar de la buena fe exenta de culpa en los procesos de restitución de tierras”, de la autoría de Luisa María Acevedo, Natalí Buitrago Palacios y Esteban Isaza Ramírez, pretende responder a las siguientes preguntas: 1) ¿cómo se ha construido el estándar de la buena fe exenta de culpa (bfec) en la jurisprudencia de las salas civiles especializadas en restitución de tierras de los distintos tribunales superiores de distrito judicial?; 2) ¿cómo este ha variado a través del tiempo?; y 3) ¿cómo ha afectado las decisiones sobre las pretensiones de los opositores? Estos interrogantes facilitan la discusión sobre la flexibilización del estándar de la bfec en los procesos de restitución de tierras en Colombia, teniendo en cuenta la exigencia y cumplimiento