Cecilia Barraza Morelle

Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia


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el centro de la disputa están los niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección, pero además considerados como supuestamente “moldeables” en hábitos y costumbres, por tanto, en el imaginario social el reconocimiento al interior de los centros educativos de otras formas de sexualidad diferentes a la heterosexual generaba el riesgo de un posible “contagio” o la obligación de compartir con un “otro” como un igual en derechos. En segundo lugar, se apeló a quien en una sociedad define cómo educar: los padres, la escuela, el Estado, señalando que los centros educativos tienen autonomía para definir sus manuales de convivencia, cosa cierta y respecto a la cual hizo hincapié el Ministerio de Educación en dicho momento. Sin embargo, ningún particular puede ir en contra de los derechos humanos y las normativas vigentes en un Estado, razón por la cual los manuales de convivencia deben estar construidos y definidos en el marco de esos parámetros.

      El mayor miedo social utilizado se basó en la tergiversación del elemento central que le da sentido al concepto de género, que es el de enfatizar en que su construcción es sociocultural y no natural. Por ello, los ataques a los materiales del Ministerio de Educación se basaban en señalar que las cartillas ponían en duda la definición del sexo biológico de las personas al nacer. Se tergiversa la idea central del concepto de género, de que las sociedades construyen una forma de ser hombre o mujer, y esas formas pueden modificarse, que es, justamente, el potencial del concepto de género como transformador de realidades e inequidades sociales.

      Las emociones de la población se movilizan cuando se afirma de manera descontextualizada que las cartillas señalan “que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo”, pues se omite referirse al rol de la cultura o elementos de contexto histórico. El mensaje se centra en destacar que se “destruye la sociedad”, como lo señaló la Iglesia católica (cnn: 2016), puesto que el énfasis no está en reconocer el rol de la cultura como constructor y reconstructor de roles y estereotipos de género, sino en enfatizar que se está negando el origen natural y, aún más, que se pone en duda el rol divino como estructurador de los mandatos sociales.

      En concordancia con lo anterior, el miedo por el supuesto “adoctrinamiento sexual” de los niños y niñas, como lo señalaron sectores conservadores (cnn, 2017), representa en su imaginario que al reconocer los derechos de las diversidades sexuales se está promoviendo la homosexualidad.

      Es decir, se apela a una sociedad creyente, que basada en los mandatos religiosos considera que Dios estableció no solo quién nace hombre o mujer, sino cómo es el deber ser de una sociedad. Se movilizan así los valores y creencias cristianas desde las emociones, impidiendo analizar los hechos concretos que apuntan a garantizar derechos en el marco de unas normas constitucionales. Las emociones movilizadas responden a quienes creen que los valores de la masculinidad hegemónica —heterosexualidad, misoginia y homofobia— deben protegerse porque responden a valores cristianos inmodificables y cualquier otra alternativa es contranatural. Eso también explica por qué no fue posible planear un diálogo social que permitiera precisar alcances y contenidos de los documentos. Estos debían ser anulados.

      El primer Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las farc-ep

      La incorporación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz de La Habana tuvo un enorme significado a nivel mundial, ya que era la primera vez que en un proceso de negociación de paz se incorporaba este enfoque, se creó con una subcomisión dedicada a garantizarlo, se contó con la participación de numerosas expertas en la temática, con la participación de organizaciones de mujeres y lgbti, y se escucharon organizaciones de víctimas. Así mismo, las problemáticas de las violencias basadas en género, particularmente la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, fueron relevantes. También se plantearon estrategias para fortalecer la participación y el acceso a servicios de mujeres y población tradicionalmente excluida como la población lgbti víctima del conflicto.

      La incorporación de un enfoque de género en los acuerdos alcanzados gira alrededor de ocho ejes temáticos: Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos lgtbi para su participación política y social, y sistemas de información desagregados. (Comunicado Conjunto 82, 24 de julio de 2016).

      En ese acto de presentación habló Humberto de la Calle, jefe del Equipo Negociador por parte del Gobierno en el Proceso de Paz con las farc, quien en un discurso extenso de reconocimiento de los derechos de las mujeres y población lgbti señaló dos aspectos que permitirían nuevamente poner la “ideología de género” en centro del debate, ahora en los contenidos del Acuerdo. Lo que señaló De La Calle fue:

      Desde el Gobierno la Delegación procuró que las discusiones fueran más allá de la concepción de género tradicional. “Género” no hace alusión solamente a la mujer, pero si al impacto diferenciado de situaciones concretas sobre hombres y mujeres y personas lgtbi. Género es el respeto a la diferencia y a la particular condición en la individualidad. Es la posibilidad de convivir en armonía con la diferencia. Así lo refleja el acuerdo alcanzado en esta materia. Y es en tal sentido que entendemos que la vinculación del enfoque de género con la consecución de una paz firme en Colombia tiene pleno sentido. (Gobierno de Colombia, 2016)

      El jefe de la delegación añadió:

      El sexo es una condición dada, mientras que el enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social, que son históricas, en el sentido de que son productos sociales no deterministas. Son construcciones que abarcan patrones de comportamiento y de valoración asignados a cada género. Dijo Simone de Beauvoir: “no se nace mujer, se llega a serlo”. Y hoy podríamos agregar también: “no se nace hombre, se llega a serlo”. En cuanto a la población lgtbi se trata de asumir enfoques de orientación e identidad sexuales diversas. (Gobierno de Colombia, 2016)

      Así, estas declaraciones volverían a revivir la polémica alrededor de que la “ideología de género” se quería imponer a la sociedad colombiana. Esta vez, se centraría en la premisa de que el Gobierno y las farc-ep querían imponer dicha ideología en el país, incluso modificando la Constitución y desconociendo a la Colombia mayoritariamente creyente.

      El 24 de agosto de 2016 se dio a conocer al país el texto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera —en adelante, primer Acuerdo Final— que se sometería a plebiscito el 2 de octubre y que sería firmado por el Gobierno y las farc-ep en un acto público el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias.

      Con respecto a lo que en concreto señalaba el primer Acuerdo Final (2016) sobre la incorporación del enfoque de género, es de mencionar que en su introducción reconocía el enfoque diferencial y de género y la necesidad del reconocimiento de la diversidad de género y de otras diversidades