Código Penal. Espana

cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.

      Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.

      Artículo 122.

      El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.

      CAPÍTULO III. De las costas procesales

      Artículo 123.

      Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito.

      Artículo 124.

      Las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

      CAPÍTULO IV. Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias

      Artículo 125.

      Cuando los bienes del responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el Juez o Tribunal, previa audiencia al perjudicado, podrá fraccionar su pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el período e importe de los plazos.

      Artículo 126.

      1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:

      1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.

      2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.

      3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.

      4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.

      5.º A la multa.

      2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.