Violencia contra los periodistas. Marisol Cano Busquets

de Estados Fallidos”, de Foundation For Peace).

      Riddick et ál. (2008, p. 685) utilizan el análisis de regresión logística para examinar las posibles asociaciones entre la ocurrencia de cualquier homicidio de un trabajador de los medios de comunicación en un país y los índices antes nombrados; también emplean el análisis de regresión de Poisson para identificar vínculos significativos entre el logaritmo de la tasa de homicidios nacional y cuatro de los índices nombrados. Concluyen que en gran medida los trabajadores de los medios asesinados eran nacionales del país en el que perdieron la vida y que hay conexión entre los homicidios y aspectos como un Estado fallido, situación pobre con respecto al respeto de los derechos humanos, terror político, existencia de grupos armados fuera de control, corrupción y malos gobiernos. Sin embargo, plantean la pregunta de por qué algunos países con muy altos niveles de terror político y corrupción, y con gobiernos muy deficientes, no reportan homicidios de trabajadores de los medios, como en los casos de Burundi, la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía, Liberia, Corea del Norte, Uzbekistán y Zimbabue. Parte de la respuesta a esta pregunta, dicen los autores, es la relativa ausencia de medios de comunicación, el bajo número de trabajadores de medios, los altos niveles de autocensura y las elevadas tasas de encarcelamiento.

      Al considerar la tasa de homicidios de trabajadores de los medios en todos los países, parece que la capacidad de los gobiernos para controlar grupos armados puede ser un factor relativamente importante, ya que si los gobiernos ejercen ese control, es más factible garantizar entornos de trabajo seguros. Demuestran que menos del 25 % de los homicidios ha dado lugar a una detención o enjuiciamiento. Las implicaciones políticas en una situación como el asesinato de periodistas tienen que ver con que de ella se derivan la autocensura y la pérdida de las libertades civiles, algo que crea un efecto negativo en muchos niveles de la sociedad, incluido el desarrollo de la salud. De ahí la necesidad, plantean Riddick, et al. (2008, p. 687), de que la comunidad aliente a los gobiernos a dar seguimiento a los homicidios de periodistas, a realizar investigaciones a fondo y, cuando sea posible, a enjuiciar a los autores.