insisten en pedir que intervenga como juez, sobre todo en sus pleitos con españoles640.
Varas recomendó desarrollar un régimen basado en lo que ya existía: misiones, escuelas y una adecuada regulación de los contactos entre españoles e indígenas. Las misiones estaban “completamente desacreditadas en la frontera” por su escasísimo fruto, pero ello obedecía a su reducido número y a la falta de preparación de los misioneros. “Ninguno de los dos misioneros que funcionaban cuando he visitado la frontera —observó Varas— sabía la lengua de los indígenas”. Una racional organización de las misiones era, a su juicio, indispensable para civilizar y moralizar a los indígenas. Junto a esto debían ayudar a mejorar el nivel de vida de esa población las escuelas dirigidas a niños y a niñas, pero también a los adultos para instruirlos en la agricultura y en los oficios más usuales. Por último, la comunicación de los chilenos con los naturales se regularía con la exigencia de un pasaporte para internarse en la Araucanía y con la renovación de las disposiciones que obligaban a aquellos a aprehender y entregar a las autoridades a los delincuentes que se refugiaran en el territorio. Sugirió, asimismo, ciertas regulaciones para el comercio entre indios y españoles y, respecto de la cuestión más inmediata, las tierras de Arauco, se manifestó partidario de ocuparlas con “pobladores civilizados” para “acelerar la absorción de la población indígena por la española”. Pero como las operaciones de compraventa de terrenos se habían mostrado llenas de dificultades y abusos, propuso seguir el ejemplo de los Estados Unidos: la compra por el Estado de las tierras a los naturales a un “precio equitativo”, para venderlas a continuación a los particulares641. Las anteriores proposiciones debían estar apoyadas en una fuerza militar siempre pronta a actuar tanto para apoyar al cacique frente a sus súbditos como para escarmentar a los sublevados con una represión pronta e inmediata. “¿El suceso del Joven Daniel —se preguntó— será lección perdida? Las crueldades gratuitas ejercidas por los indígenas en los náufragos harto nos dicen qué grado de confianza debe tenerse en sus relaciones pacíficas”642. Concluyó Varas su largo informe sugiriendo una estructura institucional que adoptara en parte los modelos de los Estados Unidos y de Venezuela: un superintendente de indígenas, comandantes generales en ciertos puntos, comandantes particulares en las plazas militares y capitanes de amigos al lado de los caciques gobernadores.
Si bien el informe no se tradujo en lo inmediato en medidas como las sugeridas por Varas, las razones que dio para rechazar una conquista militar “que concluyese con sus guerreros, que sembrase entre ellos el terror y la desolación”, tuvieron la suficiente fuerza como para definir durante el gobierno de Montt un camino esencialmente jurídico para la incorporación de la Araucanía.
Semejante proceso, como ya se ha visto, se estaba produciendo sin intervención del Estado a velocidades desiguales en la zona costera, en la Baja Frontera, y en el centro del territorio, el sector conocido como ultra Biobío. Uno de los aspectos más llamativos de este avance de los chilenos y de su radicación en territorios indígenas fue el progresivo alejamiento del espacio de seguridad dado por las guarniciones militares, lo que podría interpretarse como la existencia de una relación de amistad más estable de los españoles con los loncos643. En 1854 el primer intendente de Arauco, Francisco Bascuñán Guerrero, estimaba en seis mil a ocho mil los individuos que habitaban entre los indígenas644. Dos años después la memoria del intendente calculaba que en el sector comprendido entre los ríos Biobío por el norte, Malleco, por el sur, la cordillera de los Andes por el oriente y la de Nahuelbuta por el poniente vivían unas 13 mil personas que se habían establecido allí en calidad de propietarios de tierras compradas a los indígenas, de inquilinos de aquellos, de arrendatarios de terrenos de naturales y de inquilinos de ellos y también de inquilinos de los indígenas, situación la última que a primera vista parece extraña, pero que era una expresión más del “aindiamiento” de los chilenos que vivían en la frontera y de la “chilenización” de los naturales645. Sobre la descripción de algunos mapuches como “indígenas chilenos españolizados” en los registros notariales de Arauco ha llamado la atención Leonardo León646. Como es evidente, las transferencias de tierras se referían no solo a propiedades de gran extensión, sino a cortos retazos donde se instalaban pequeños campesinos.
La referida ley de julio de 1852, además de crear la provincia de Arauco y fijar de manera muy imprecisa sus límites, que abarcarían los territorios de indígenas situados al sur del río Biobío y al norte de la provincia de Valdivia, más los departamentos y subdelegaciones de las provincias limítrofes que a juicio del Presidente de la República conviniere agregar, facultó a este en su artículo tercero para dictar, dentro del plazo de cuatro años, las ordenanzas que juzgare convenientes “para el mejor gobierno de la frontera, para la más eficaz protección de los indígenas, para promover su más pronta civilización y para arreglar los contratos y relaciones de comercio con ellos”647. Debe hacerse presente que antes de la dictación de esta ley se produjo una visible aceleración en las ventas de tierras, con numerosas transacciones entre integrantes de familias importantes de la frontera: Zúñiga, Villagrán, Bulnes, Martínez, Hermosilla, Alemparte, Cid, Puga, Ulloa, Díaz y De la Maza648. León ha detectado 143 ventas, arriendos o donaciones entre 1858 y 1861 solo en la región costera desde Lebu al norte, el Lafquenmapu, buena prueba de la amplitud adquirida por el proceso649.
Sabemos de importantes transferencias de tierras de indígenas, como la de los terrenos de Nahuelbuta, en el departamento de Cañete, de 14 mil a 15 mil cuadras, donados en 1853 por los caciques y mocetones de Tucapel a José Ignacio Palma, que limitaban con el predio de José Manuel Avello, también donado a este por los indígenas. Palma era propietario, además, del fundo Palo Botado, en el departamento de Nacimiento, de ocho mil a nueve mil cuadras, adquirido por Francisco Javier Méndez Urrejola de Manuel Colima y otros familiares en la suma de dos mil 500 pesos650. En 1850 los caciques Nicolás Patrapia y Pedro Campallante vendieron en 200 pesos a Antonio Bastías 200 hectáreas en el lugar denominado Campamento, en las Vegas de Coronado. En ese mismo lugar el cacique José María Millapi vendió en 1856 a José Ignacio Palma un “excelente superficie de terrenos” por 15 vacas, 25 caballos, 50 cabezas de ganado menor y 20 pesos en dinero. En esa zona también se convirtió en propietario el jefe militar Domingo Salvo y el antiguo guerrillero José Antonio Zúñiga651. Este, que había adquirido de los indígenas alrededor de seis mil cuadras en Picoltué, entre los ríos Bureo y Biobío, frente a San Carlos, las vendió en 1843 a José Ignacio Palma en dos mil pesos. Esta propiedad fue comprada en 1856 por Rafael Sotomayor en 26 mil pesos. Los generales José María de la Cruz y Manuel Bulnes adquirieron tierras en Nacimiento, vendidas las del primero en 1846 a Rosauro Díaz, y poco después las del segundo652. Buena parte de las tierras del cacique Francisco Mariluán fueron vendidas en 1849 por su hija Carmen a Domingo de la Maza en la suma de 150 pesos. El predio deslindaba al norte con el río Renaico, al sur con el estero Tieral y cerros de Huelehuaico, al este con el río Renaico, desde su confluencia con el estero Mininco, y al poniente con el río Malleco653. El teniente coronel Bartolomé Sepúlveda, gobernador del departamento de Nacimiento, adquirió en 1850 del cacique angolino Juan Colima los terrenos de Maitenrehue. Colima continuó enajenando