sido ejercida por militares como Prieto y Bulnes; pero a partir de la elección de Montt, quedó reservada a aquellos. Todos los presidentes del resto del siglo lo fueron, en efecto, y, por lo demás, tal ha sido la regla en el siglo XX, con escasas excepciones.
Este fenómeno, por lo que al siglo XIX atañe, no debe ser observado como si hubiera una atracción natural y exclusiva entre el mundo de la política, el gobierno y la administración con el de los abogados recíprocamente, aunque sea cierto que en alguna medida ella existe, pero no suficiente para explicar totalmente el hecho. La razón última de este debe ser vista en la circunstancia de que los abogados, antes de ser tales, eran miembros de la elite, a la que de todos modos le correspondía, según el sentir del tiempo, la dirección de los asuntos públicos y privados en todos los ámbitos de la sociedad. El punto de fondo está, pues, en que los jóvenes miembros de ese grupo, deseosos de ejercer las funciones a que su condición los llamaba, se sentían obligados a hacerlo con una previa educación oficialmente certificada. Ahora bien, ninguna facultad profesional de las entonces existentes era capaz de conferir la preparación universal que se necesitaba, más que la carrera de las leyes. Así que, en último término, lo digno de notarse no es tanto que los abogados hayan dirigido la sociedad, sino que los dirigentes de la sociedad hayan visto a la abogacía como el requisito previo para ejercer la función a que la situación social los destinaba791.
EL PROCESO CODIFICADOR792
LA CODIFICACIÓN CIVIL793
Entre la primera declaración relativa a dotar de códigos al menos formalmente propios al país, que fue la formulada por O’Higgins en 1822, ya comentada, y el año 1841 en que empezó a ser oficial y eficazmente confeccionado el primero de los que Chile tuvo, el Código Civil, el precedente intento más serio que hubo dirigido a conseguirlos fue un proyecto promovido por el ejecutivo en 1831, bajo la inspiración de Juan y Mariano Egaña. A la sazón ya había llegado a Chile el venezolano Andrés Bello, quien pronto se había ganado la confianza y hasta la admiración de varios de los hombres principales del régimen, los Egaña y Diego Portales incluidos. Aquéllos, vehementes partidarios de la codificación, vieron en Bello al hombre preciso con talento e ideas794 para llevarla a cabo y convencieron al poderoso ministro y al vicepresidente Errázuriz que sugirieran al Congreso la elaboración de un proyecto de ley destinado a encauzar la codificación y encargarla a una “persona de la sabiduría y expedición convenientes”795, bajo las cuales expresiones se mentaba, por cierto, a Bello796. El Senado aceptó la sugerencia y formuló un proyecto pertinente que, después de ciertas aclaraciones, se convino en que debía consistir en la composición de cuatro códigos: civil, penal, de procedimiento civil y de procedimiento penal por una única persona797. En parte por repulsa al recién llegado extranjero, que carecía de grados académicos en derecho, a quien, según se sospechaba, y con razón, iría a encargársele la labor proyectada; y en parte por el temor de que esta hubiere de ser conducida sobre la base de modelos extranjeros y no del derecho tradicional, el proyecto fue finalmente desechado en la Cámara de Diputados en 1834 y sustituido por otro que encargaba solo la codificación civil a una comisión sobre la base del derecho vigente798, que esta vez feneció en el Senado. Desde entonces, el Congreso no volvió a ocuparse de la codificación sino hasta 1840.
Entretanto, Portales799 había empezado a impacientarse ante las dilaciones que el proyecto del ejecutivo sufría en las cámaras, y en una fecha entre 1831 y 1833 o 1834, de propia iniciativa y sin esperar a que se convirtiera aquél en ley, pidió a Bello comenzar sin más a redactar privadamente un proyecto de Código Civil800. En los años siguientes del decenio de 1830, Bello compuso un proyecto sobre sucesiones por causa de muerte y otro sobre obligaciones y contratos, amén de un título preliminar801, de que no se tendría noticia pública sino hasta principios del siguiente. Entretanto, publicó varios artículos sobre codificación en El Araucano802, a través de los cuales preparaba a la opinión pública para la empresa que oficialmente se iría a desarrollar desde 1840.
En ese año, Andrés Bello presentó al Senado, del que era miembro desde 1836, un proyecto de ley dirigido a crear una Comisión de Legislación del Congreso Nacional, integrada por senadores y diputados, encargada de codificar las leyes civiles. A diferencia de lo ocurrido a principios del decenio anterior, esta vez la moción recibió universal adhesión y el proyecto fue promulgado en 1840803. El propio Bello y Mariano Egaña fueron designados miembros de la Comisión por el Senado. Como el primero, según antes quedó dicho, había adelantado considerablemente en sus proyectos, ahora los presentó paulatinamente a la Comisión para su debate, revisión y aprobación. Entre 1840 y 1845 quedaron despachados un título preliminar y los libros sobre sucesiones y sobre obligaciones y contratos, que fueron publicados por partes en el periódico oficial El Araucano804. Durante el segundo semestre de 1845, la Comisión —refundida ese año805 con una Junta Revisora del Proyecto de Código Civil que había sido creada en 1841806, y que funcionó muy poco—, dejó de actuar, y Bello debió continuar el trabajo a solas. En 1846 reeditó en un volumen el libro sobre sucesiones revisado807, y en 1847 aquel sobre obligaciones y contratos en otro808. En los cinco años sucesivos prosiguió con la redacción de las partes aún faltantes del proyecto.
A fines de 1852, Bello entregó el proyecto de Código Civil acabado al Gobierno, quien lo hizo imprimir a principios de 1853809. El presidente Manuel Montt creó paralelamente una Comisión Revisora del proyecto810, y la integró por varios jurisconsultos, Bello incluido, y jueces. Esa comisión dio por terminada su labor en el segundo semestre de 1855811, con un proyecto revisado que el Gobierno mandó imprimir en el mismo año, para su presentación al Congreso Nacional812. Casi sin reticencias, ambas cámaras le prestaron su aprobación como un todo, sin examen de su articulado, y el presidente Montt pudo promulgar la ley aprobatoria del Código Civil el 14 de diciembre de 1855, para que aquél entrara en vigencia el 1 de enero de 1857813.
El Código Civil de la República de Chile fue una obra maestra del arte jurídica. La excelencia intelectual y cultural del autor, los casi 20 años que este se dio para redactarlo y las intensas y repetidas revisiones a que fue sometida la obra explican la superior calidad del código chileno. Para componerlo, Bello acudió a la tradición del derecho castellano (especialmente de las Siete Partidas) y del derecho romano común, que continuaron en vigencia