país, tales como la obesidad (Barquera et al., 2001).
¿Y la función activa del Estado?
En el combate a la obesidad, la función activa del Estado ha sido totalmente errática, actuando en favor de las empresas productoras de comida con alto contenido calórico y bajo contenido nutricional y en contra del consumidor. Así, en estos años de apertura comercial, la industria de alimentos procesados ha crecido de manera importante. En 2012 su producción ascendió a 87 mil 790 millones de dólares, con una tasa promedio anual (TMCA) de 7.8% entre 2007 y 2012, contribuyendo con 22% del producto interno bruto (PIB) manufacturero y 7% del PIB nacional (Inegi, 2014). Se estima que su producción crecerá a una TMCA de 6.3% en el periodo 2011-2020 (ProMéxico, 2012).
En lo que respecta al consumo, este fue de 121 mil 712 millones de dólares en 2011 y se espera crezca a una TMCA de 6.1% (ProMéxico, 2012), que aunque es inferior a la proyección del consumo mundial (TMCA de 8.1%), sigue siendo dinámico, sobre todo si se considera que el crecimiento del PIB en México no ha superado el 4% anual en los años más recientes (1.06% en 2013).
Por otro lado, la inversión extranjera directa en esta industria ascendió a 21 mil 722 millones de dólares entre 2002 y 2011; 99% de esta provino de Holanda, Estados Unidos y Suiza, con Danone, Nutreco, Kraft, Unilever, Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Tyson y Mars como los principales inversionistas extranjetos. Los principales inversionistas mexicanos son Bimbo, Embotelladora Arca, Lala, Bachoco, Femsa, Gruma y Sigma. Cabe señalar que existe un constante proceso de concentración industrial en cada vez menos empresas, muchas de ellas de capital extranjero.
Uno de los factores que mayor influencia han tenido en el crecimiento económico en México de varias de las más grandes empresas alimentarias, los intermediarios minoristas y las cadenas de comida rápida, ha sido la política económica favorable a sus intereses, pues durante varios años fueron considerables las transferencias económicas y los privilegios fiscales a embotelladoras, fábricas de jugos y empresas cuyo giro era la elaboración de alimentos poco nutritivos.
En contraparte, estos subsidios tuvieron un efecto distorsionante en la alimentación de los mexicanos (en particular, aquellos de menores ingresos) y un impacto negativo en su nutrición, pues el incremento en el consumo se orientó principalmente a las llamadas comidas chatarra.6 Según Carla García (2011: 172), haciendo uso de estadísticas de la Secretaría de Salud, en México se gastan alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de este tipo de comida, por apenas 10 mil millones para comprar alimentos básicos. De igual forma, se estima que en 2012 los mexicanos adquirían 29.3% menos frutas y verduras que en 1988, 26.7% menos leche y 18.8% menos carne, mientras que aumentaron en 6.3% la compra de hidratos de carbono refinados y en 37.2% la adquisición de bebidas azucaradas (Secretaría de Salud, 2013). Por ello, durante estos años los mexicanos se convirtieron en los mayores consumidores de refrescos azucarados en el mundo, con 163 litros anuales por persona (55 litros más que en los Estados Unidos [Oxfam México, 2012]), además de que el consumo de azúcar per cápita se incrementó a entre 42 y 50 kilogramos (García Chávez, 2011) más del doble del promedio mundial.
Se puede decir entonces que la política económica del gobierno desde la década de 1980, ha sido en beneficio de los grandes consorcios de la alimentación, mientras que el sobrepeso y la obesidad se disparan a niveles alarmantes, perjudicando a los consumidores (especialmente las familias de menores ingresos que ven una gran merma económica por la morbilidad o mortalidad asociadas a estos males), a las finanzas públicas y a la economía del país.
Conclusiones
El título de este trabajo planteaba la pregunta de si tenemos los consumidores la culpa de los problemas de obesidad que hoy afecta a siete de cada diez mexicanos.
De acuerdo con los argumentos presentados en el texto, la respuesta parece obvia: No tenemos la culpa, pues la obesidad de ninguna manera puede verse ya como una consecuencia de decisiones individuales que la persona tiene que asumir; por el contrario, es resultado de un sistema alimentario fraguado en arenas muy distintas a su entorno, donde la obtención de utilidades monetarias está por encima de cualquier otra cosa. En este sistema, los grandes conglomerados transnacionales han explotado en contra de la nutrición humana, su genética que hoy lo predispone a la obesidad. Esto lo ha hecho con la complacencia de Estados permisivos, que lejos de obligar a las empresas a que asuman sus responsabilidades, se conforman con programas superficiales que no atacan de fondo el problema.
La complicación actual es que el sobrepeso y la obesidad se han convertido en pandemia mundial que amenaza la estabilidad económica de los países, de los gobiernos y de las mismas empresas que lo han provocado. Desgraciadamente, la mayoría de los gobiernos, en particular el de México, han respondido de manera restringida para combatir la enfermedad, limitándose a medidas paliativas que no tocan los intereses de las empresas. Estas por su parte, intentan realizar acciones de empresa social, más como estrategia mercadotécnica, que intentando combatir de fondo el problema; de hecho sus acciones van encaminadas en delegar en el consumidor y en la sociedad la responsabilidad de las acciones.
Pero analizando bien la problemática, debemos reconocer que sí somos de alguna forma culpables de nuestra obesidad; en primer lugar, porque permitimos como sociedad que alguien externo a nuestro entorno sea el que decida qué, cuándo y cómo comemos; segundo, porque no exigimos con nuestro poder como consumidores, que las empresas asuman una visión distinta respecto a la prioridad entre nutrición y lucro, y que nuestros gobiernos protejan ante todo a su ciudadanía; y, tercero, porque habiendo alternativas de alimentación tradicionales y mucho más sanas, las hemos despreciado en aras de lo fácil y que está de moda.
Por eso, claro que somos corresponsables de lo que nos pasa, de manera que si seguimos sin alzar la voz para exigir nuestros derechos, el problema de la obesidad no será solucionado de fondo, sino que al contrario, se convertirá en una enfermedad cada vez más grave, donde los principales perjudicados seremos nosotros y nuestras familias.
Notas
1 El IMC se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de su talla en metros; por ejemplo, si pesa 55 kg y mide 1.60, se hace la siguiente operación: 55/(1.60 x 1.60), lo que da como resultado 21.48, que equivale a un peso normal.
2 Su poder es tal, que existe una creciente participación de funcionarios de estos consorcios agroalimentarios entre los representantes de gobierno de las potencias económicas para las negociaciones multilaterales del comercio agroalimentario internacional (Duch y Fernández, 2010: 13-14).
3 Por ejemplo, en este programa se promueve una receta de palitos de verduras, para fomentar su consumo, pero se sugiere incorporar un dip elaborado a base de yogurth o crema sin azúcar, donde la empresa es líder proveedora (http://www.nestle-sentirsebien.com/articulo.php?idnutricion=125&t=Tips-para-que-los-ninos-coman-mas-verduras-y-frutas).
4 Soledad Barruti (2013: 215) señala que los detractores de la ractopamina denuncian que esta puede generar hipertensión y pr acos en el ser humano. En el caso del clembuterol son varios los casos de intoxicación humana por comer hígado con esa sustancia, que han sido denunciados en México durante los años más recientes.
5 Por poner algunos de los más destacados ejemplos, la cadena Waltmart, líder mundial en comercio minorista, llegó al país en 1991. En cuanto a las principales empresas de comida rápida, McDonald´s lo hace en 1985; pocos años después lo hace Kentucky Fried Chicken, mientras que Burger King llega en 1991.
6 Se llama comida chatarra a aquella que tiene de bajo valor nutritivo, pero altos contenidos de azúcares, harinas o grasas. Entre ellas se encuentran las botanas, refrescos, pastelillos, dulces o cereales (García, 2011: 172).
Referencias
BAILLIE-HAMILTON, P. F. (2002). Chemical toxins: a hypothesis