Jorge Durand

Migración de tránsito y acción humanitaria


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nacional. Del campo oficial se pueden conocer las cifras de los aseguramientos6 (que en realidad constituyen acciones de privación de la libertad) de migrantes, así como las deportaciones realizadas por el INM. De manera extraoficial se pueden revisar los datos registrados en las casas de migrantes repartidas a lo largo del país. Pero eso nos lleva a datos aproximados del flujo de esta migración en tránsito. A partir de estimaciones hechas por académicos, grupos de ayuda humanitaria y autoridades,7 se sugiere que diariamente ingresan a México por la frontera sur de 400 a 1,100 migrantes (El Universal, 2012), lo cual constituye un rango diferencial suficientemente amplio y de difícil confirmación. Esta discrepancia vuelve complicada la medición de los flujos. Un reto a futuro, sin duda, será encontrar mejores formas de contabilizar el paso de personas migrantes en tránsito por México.

      La migración en tránsito por México es mayoritariamente centroamericana, y de tres países principales: Guatemala, Honduras y El Salvador;8 es motivo de atención tanto del estado mexicano como de organismos de ayuda, apoyo y defensa, la mayoría de origen religioso y católico; pero también se interesan en ella instituciones de servicios a migrantes, ya sea financieros, de transporte, informáticos o de telefonía y, también, la delincuencia común y organizada, aunque con otros intereses (Casillas, 2011).

      Los países centroamericanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala tienen una libre circulación de personas gracias a una serie de negociaciones, protocolos, leyes y reglamentos promovidos por el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) que condujeron, entro otros, al Acuerdo de Managua (CA-4), elaborado en 1993. Posteriormente, a partir del 1 de junio de 2006, se eliminó el trámite de aduanas, facilitando el paso de un país a otro con la presentación de una identificación personal y llenando un formulario, aunque se mantuvo la exigencia de pasaporte para los menores de edad con la intención de combatir el tráfico ilegal de niños.9

      Así que, ante un paso libre en Centroamérica, el problema se presenta en la República Mexicana, país que exige a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua un pasaporte y visa para poder ingresar de forma regular. Los requisitos para obtener una visa para viajar a México, de acuerdo con la Ley de Migración de 2011 y su reglamento, se vuelven muy difíciles de cumplir, y aunque existe la posibilidad de internación de extranjeros por “razones humanitarias”, en la práctica ha resultado muy complicado acreditar los requisitos que se solicitan.10 Esta es una de las razones por las cuales las personas centroamericanas emigrantes optan por transitar de manera irregular. Otras razones están ligadas a la urgencia de la salida, sobre todo cuando es por violencia; una más estaría en la tradición migratoria irregular del lugar de origen. No es inevitable la irregularidad migratoria, pero sí resulta casi inalcanzable para personas con perfiles socioeconómicos muy bajos: para quienes no tienen empleos estables ni ingresos comprobables, para quienes no tienen una cuenta en el banco con saldo promedio superior a los $20,000.00, para quienes no cuentan con bienes inmuebles escriturados a su nombre, para quienes no reciben una invitación de alguna institución para ingresar al país, etc. Lo cierto es que en México no existe una visa de tránsito como tal, la internación debe hacerse con la condición de estancia como Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas o cubrir con los requisitos de una visa del mismo tipo, y eso implica un trámite burocrático11 no del todo accesible para quienes hacen el tránsito migratorio por México.

      Si el ingreso se da de forma irregular, el problema no es cruzar la frontera sur, los verdaderos obstáculos comienzan al internarse en el territorio mexicano. Una primera dificultad está en la distancia geográfica que implica un trayecto que va de 1,669 kilómetros (Tenosique, Tabasco-Matamoros, Tamaulipas) a 3,878 kilómetros (Ciudad Hidalgo, Chiapas-Tijuana, Baja California),12 con la variedad de climas que esto representa; en segundo lugar está la misma condición de irregularidad, que implica evadir a las autoridades migratorias presentes a lo largo y ancho del territorio nacional,13 lo cual implica buscar los lugares menos transitados, menos públicos y por lo tanto con mayores riesgos y peligros; en tercer lugar están los abusos policiales y de autoridades no migratorias, quienes se valen precisamente de la condición migratoria irregular para ofender, amedrentar y extorsionar; en cuarto lugar se puede señalar la violencia ejercida por el crimen común y la delincuencia organizada; y en quinto lugar, el hecho de que normalmente las personas migrantes llegan al inicio del territorio mexicano con muy poco dinero y algunos ya con nada debido a los asaltos en las inmediaciones fronterizas o en las primeras poblaciones mexicanas. Ante esta realidad, presente desde el ingreso a México hasta el límite con los Estados Unidos, se le ha denominado al territorio mexicano como una “frontera vertical”,14 pues no basta con cruzar el Suchiate o la línea fronteriza internacional con Guatemala, en realidad es sólo el inicio de un tránsito incierto y en condiciones de vulnerabilidad, término que abordaremos en el siguiente capítulo.

      A lo largo de esta gran “frontera” también se han formado grupos de ayuda a las personas migrantes en tránsito: algunos por iniciativa personal filantrópica y otros de forma organizada, especialmente desde una inspiración cristiana católica.

      El signo más visible de esta atención son los albergues y comedores de migrantes, que actualmente conforman una red de más de 60 albergues15 repartidos a lo largo de las diferentes rutas para llegar a la frontera norte. En estas casas se ofrece hospedaje y otros servicios de ayuda y defensa a los migrantes en el plano personal, religioso y legal. La primera casa de este tipo fue fundada por el padre Flor María Rigoni, misionero de San Carlos Scalabriniano, en la ciudad de Tijuana el 4 de abril de 1987.16

      Estudiar la migración de tránsito contribuye a profundizar en el conocimiento del proceso migratorio. Supone también el reto de apoyarse en los primeros esfuerzos teóricos que se han generado sobre este campo específico y, por ello mismo, contribuir, a partir de la evidencia empírica, a la ampliación o precisión de algunos de los conceptos que hasta ahora se han generado. La historia de la humanidad ha estado marcada por el movimiento migratorio de grupos, muchos de ellos con necesidad, en búsqueda de mejores tierras para la caza, después para la siembra, luego por mejores condiciones de vida. Son épicas las historias del tránsito de pobres buscando alimento (orígenes del pueblo de Israel) o procurando un lugar dónde establecerse (orígenes de los pueblos mesoamericanos en general y de los aztecas en particular). En la actualidad encontramos el tránsito de los pobres del mundo a los centros de poder económico y político: Europa o los Estados Unidos. En el caso mexicano la migración de tránsito presenta algunos rasgos que conviene destacar porque se han vuelto más o menos comunes en otras latitudes donde este fenómeno se presenta.

      En primer lugar, la migración de tránsito ha llegado a constituirse en un problema social con implicaciones económicas, políticas y de seguridad pública que ha sido abordado con respuestas diversas por parte de los estados implicados. Se puede reconocer una posición de indiferencia, como es el caso mexicano antes de los años 90, cuando personas centroamericanas cruzaban el territorio mexicano prácticamente sin ser percibidos; otra postura fue la de control fronterizo en la década de los 90; y poco a poco una política de criminalización de la migración al ubicarla como un problema de seguridad nacional, en consonancia con las políticas migratorias de Estados Unidos, que trajo consigo una dinámica de deportación que pareció disminuir con la promulgación de la Ley de Migración del año 2011 y se agravó con la implementación en julio de 2014 del Programa Frontera Sur. Unido a la acción gubernamental está la violencia en forma de secuestro, extorsión, trata, violación e incluso homicidio por parte de la delincuencia organizada, muchas veces en connivencia con autoridades mexicanas.

      En segundo lugar se puede señalar el volumen de las personas migrantes por México, que unido al trabajo de denuncia por parte de defensores de personas migrantes en tránsito, ha logrado una visibilización de su paso y de la problemática que enfrentan. Ante la falta de un registro oficial de las personas que ingresan, dada su condición migratoria irregular, resulta muy difícil obtener cifras certeras, sin embargo hay proyecciones estadísticas que permiten tener una aproximación a los flujos reales. En la gráfica 2 se muestra el trabajo realizado por el Centro de Estudios Migratorios del INM con base en los eventos de aseguramiento y devolución de migrantes centroamericanos,17