militares de Francia en Argelia e Indochina11.
Estos tres elementos encontraron en Colombia un escenario ideal para su desarrollo, pues los evidentes brotes de inconformidad social que amenazaban con la expansión de las ideas socialistas o de liberación nacional en el país generaban un ambiente de agitación social cada vez más radicalizado. Un antecedente muy ilustrativo del interés norteamericano por expandir su capacidad de control militar en Colombia es la visita del Centro de Guerra especial, de Fort Brag (Carolina del Norte), desarrollada en febrero de 1962.
El director de investigaciones de dicho Centro, el General Yarbo-rough, redactó un suplemento Secreto al Informe sobre dicha visita. Uno de los párrafos de ese suplemento dice: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra agentes y contra propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto12.
Otro antecedente del interés norteamericano se encuentra en la expedición del denominado Manual FM-31-15 Operaciones contra Fuerzas Irregulares de 1962, por medio del cual, el ejército colombiano adoptaba los lineamientos norteamericanos de combate a las guerrillas que apenas se encontraban en formación. No sorprende, entonces, que la ejecución de las prácticas militares, dirigidas según los lineamientos estadounidenses, combinaran una suerte de conservación de la apariencia civilista, como rasgo característico de la tradición política colombiana, y el desarrollo de una escalada represiva cuyo eje era el fortalecimiento de la capacidad de operación de las FF. AA. De fondo estaba la criminalización de la protesta social y de la oposición política como amenazas directas para los intereses norteamericanos y de las élites colombianas; el enemigo real no eran los alzados en armas, eran los civiles…
El General Francisco Landazábal explicitaba con franqueza, en uno de sus libros, la tesis fundamental: “No menos importante que la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la misma […]. La dirección política no puede interesarnos menos que la militar y, una vez reconocida y determinada la tendencia, hay necesidad de ubicar la ideología que la anima, plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción la dirección política del movimiento”13.
El resultado de tal apuesta es una fluctuación entre la necesidad de mantener la apariencia civilista, facilitando un amplio margen de acción a las fuerzas de seguridad en contra de la oposición política; este es el rasgo característico de la vida político-militar colombiana en las décadas de 1960 y 1970. Durante estos años se desarrolló una estrategia de control social y político en la que, bajo la justificación de enfrentar la amenaza revolucionaria, las FF. AA. adquirieron autonomía e independencia respecto del Gobierno, bajo el amparo de la permanente declaración de estados de sitio que le fueron otorgando a los militares la capacidad y el margen de impunidad necesarios para detener la oleada de movilizaciones sociales, que, aun así, se desarrollaron durante este periodo. Pese a ello, tal y como lo reconoce el Centro Nacional de Memoria Histórica —CNMH—, esta práctica no era novedosa,
Se trataba de un hábito de vieja data. Pese a que el Frente Nacional se planteó como un acuerdo paritario para el ejercicio del poder, capaz de garantizar el retorno a los cauces institucionales quebrantados por la dictadura de Rojas Pinilla, lo cierto es que nunca pudo escapar de la excepcionalidad característica de la dictadura y, en vez de salir definitivamente de ella, optó por institucionalizar algunos de sus mecanismos. Esa excepcionalidad, sin embargo, no se aplicaba ya para afrontar los resentimientos de la violencia partidaria, sino que fue la base de una intensa violencia de carácter clasista, contrainsurgente y anticomunista, atizadas por las tensiones geopolíticas de la guerra fría14.
Para Gustavo Gallón, defensor de DD. HH. desde la época, la herencia de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla fue el posicionamiento de los militares en los asuntos políticos relativos al orden público; lo que se refleja en la posibilidad de juzgar civiles, aun en contra de la Constitución15. Bastó una decisión de la Corte Suprema de Justicia —CSJ—, luego de los acontecimientos del 9 de abril de 1948, para que la prohibición contenida en el artículo 170 constitucional —que limitaba la competencia de los tribunales marciales al juzgamiento de los delitos cometidos por los militares— quedara en desuso, y se abrieran las puertas para el juzgamiento de civiles por parte de las FF. AA., por vía de los Consejos Verbales de Guerra —CVG—16. La decisión temporal de la Corte fue ganando terreno, hasta convertirse en la medida tipo que contenía cada uno de los estados de sitio decretados desde 1965, cuando así lo hiciera el presidente conservador Guillermo León Valencia17.
Cada uno de los Gobiernos del Frente Nacional desarrolló la medida ampliando las atribuciones a las FF. AA. en materia de justicia. La complicidad entre élite política y cúpula militar solo podría explicarse como una reasignación de tareas que terminó por desconfigurar la división tripartita de poderes. La nueva composición quedaría determinada por la capacidad jurisdiccional adquirida por las FF. AA., la conservación del control administrativo del Estado por parte de las élites en el poder y la dirección económica del país a cargo de los gremios empresariales. Esta sería la estructura del Estado colombiano, cuya estabilidad se prolongó por lo menos hasta entrada la década de 198018. Como señala Jorge Villegas Arango en el Libro negro de la represión, el rostro democrático de Colombia ocultaba el uso recurrente de los estados de sitio como figura por excelencia en un círculo compuesto por tres pasos: 1) hostigamiento del Estado al movimiento social; 2) reacción violenta del movimiento social; 3) decreto de estado de sitio.
Para decretarlo se busca siempre el expedito recurso de provocar la violencia. Se presiona cualquier sector (campesinos, obreros, estudiantes) y lo reprimen hasta la exacerbación. Cuando finalmente viene la respuesta violenta del sector provocado, los asesinan. Tomando como pretexto esta violencia buscada, implantan el Estado de Sitio. Lo mantienen durante el tiempo que consideren necesario, y a su amparo, asesinan, reprimen y elaboran toda clase de “decretosleyes”. Algunas coyunturas (proximidad de elecciones, necesidad de reforzar la imagen democrática en el exterior, etc.), crean la necesidad de levantarlo temporalmente, entonces llevan toda la legislación de hecho al Congreso, integrado por los mismos grupos de la oligarquía gobernante y este los refrenda en su conjunto. Así se convierten en “leyes de la nación” todos los exabruptos anteriores. La prensa y todos los medios de comunicación, que se hallan también en manos de los mismos grupos oligárquicos (en realidad, de las mismas familias) controlan, desfiguran y falsean todos los hechos y se encargan de completar la faena19.
1.1.2. Cuando lo normal es la excepción
Los postulados de la DSN fueron introducidos en el país con gran intensidad desde la década de 1960; sin embargo, es suficiente con exponer las formas en que dicha doctrina se consagró en la legislación colombiana como legado del Frente Nacional. En ese sentido, es necesario señalar los principales desarrollos jurídicos adoptados en virtud de la DSN por parte de los presidentes Misael Pastrana, último de los mandatarios relacionados directamente con el Frente Nacional, y Alfonso López Michelsen, quien en medio de fuertes vacilaciones se decantó por reproducir el legado represivo en materia jurídica y militar que ya caracterizaba al Estado colombiano.
Misael Pastrana y la herencia del Frente Nacional
Pastrana asciende al poder heredando de su antecesor, Carlos Lleras Restrepo, un marco jurídico de excepcionalidad en el que fueron promulgadas diferentes normas en materia de seguridad y orden público —a su vez, reencauchadas tanto del Frente Nacional como de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla—. El primer estado de sitio decretado durante la década de 1970 llega tras el Decreto 1128 del 19 de julio