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Estado y sociedad, evolución y nuevas perspectivas
Juan Carlos Herrera
Introducción
El propósito del presente capítulo consiste en ensayar una mirada abarcadora de los aspectos relevantes que hacen a la evolución de las estructuras, instituciones y fenómenos que componen el mundo de lo político y, de modo introductorio, acercarse a la problemática de las políticas públicas en los contextos democráticos actuales.
Partimos de la relación Sociedad/Estado porque constituye el núcleo de la dinámica política conformada por las tensiones entre las luchas por ampliar los espacios de libertad y la voluntad de ejercer el poder en términos de dominación política.
Del surgimiento del Estado como resultado de un proceso histórico de diferenciación estructural y especialización institucional; la aparición de la forma jurídica encargada de la gestión del poder en la sociedad, respondiendo al imperativo de normas racionales que afirman el proceso de individuación y el ordenamiento de la acción colectiva.
A la evolución de la forma histórica del Estado surgido en la Modernidad para garantizar la supremacía del Derecho, siguió la realización de la institucionalidad democrática en contextos cambiantes, sometidos a tensiones y conflictos por la ampliación de la ciudadanía y la mayor participación de los actores sociales en la formulación y determinación de las políticas públicas.
En este marco, comprender la necesidad de cambiar esquemas conceptuales para abordar los nuevos fenómenos vinculados a la concentración del poder en la escala global, a los cambios estructurales que impulsa la globalización de los procesos económicos, a los efectos desestabilizadores de los modos de integración social, a los comportamientos de los actores sociales y a las tensiones y conflictos que desafían a la capacidad de los Estados para regular los flujos de poder en función de una creciente democratización de nuestras sociedades.
Estado/Sociedad
Tensiones y contradicciones en una relación compleja
La problemática planteada por la relación Estado/Sociedad ha sido objeto de los más diversos abordajes teóricos a lo largo de la historia que recorre el desarrollo de las ciencias sociales. Se trata de un objeto permanente de análisis y de reflexión que adquiere actualización y diferenciaciones en cada etapa de la sucesión histórica. Un objeto de estudio necesario para distinguir los diversos modos de vinculación que han determinado el surgimiento de sistemas de ejercicio del poder y dominación política con el propósito de regular la dinámica de tensiones y conflictos entre los individuos y grupos humanos, imponiendo jerarquías de valores e intereses en función del ejercicio del poder en la sociedad.
En principio, cabe señalar que nos estamos refiriendo a dos conceptos –Estado/Sociedad– que no se conciben el uno sin el otro, ya que cada vez que nombramos a uno estamos implicando al otro término de la relación. Es cierto que, a lo largo de la evolución histórica, ambos términos han tenido significados alternativamente semejantes y hasta de identidades confrontadas. En algunos períodos el término Estado se asimila al de sociedad política y en otros momentos, la noción de sociedad civil contrasta con el carácter político, referido exclusivamente a la institucionalidad del poder.
Ciertamente, los términos y sus significados son contextualizados históricamente; en tal sentido, podemos decir que la separación entre la esfera del Estado como encarnación de lo público, con la misión de garantizar el bien común de la totalidad social, y de la sociedad como sociedad civil, dominio de los individuos, aparece con nitidez con el surgimiento del Estado moderno a fines del siglo XVII. Con anterioridad, la distinción entre ambas dimensiones: lo político/lo social, lo público/lo privado; estaba poco desarrollada, aunque existía una supremacía de la dimensión política entendida como ejercicio de la función de dominación.
Es así que el concepto de sociedad civil emerge como resultado de la “división del trabajo”, que implica el proceso de diferenciación de las funciones que se desarrollan en el contexto de las relaciones de producción y del trabajo en el seno de la estructura social. Esta diferenciación también ocurre en el dominio de lo que podríamos denominar lo político como ámbito de institucionalización del ejercicio del poder, como la nueva formación político-jurídica que impone las normas que regulan el funcionamiento del sistema de dominación que caracterizará a la política moderna. En este contexto, la sociedad civil emerge como la contracara del Estado, como el límite a su potencia sobre la autonomía de los individuos.
El Estado moderno hace su aparición a fines del siglo XVI y su proceso de formación y desarrollo constituirá el período “absolutista” que se extenderá durante los siglos XVII y XVIII. Desde entonces, la institucionalidad del Estado será reconocida en su fundamento de legitimidad, que está dado por su capacidad para reclamar el monopolio de la coerción física y ejercerlo con éxito en manos del poder soberano, que de este modo tiene plenos atributos para imponer la ley como una necesidad racional, constituyendo la forma universal que determinará el modo de relación entre los individuos que conviven en un territorio determinado.
Todo derecho depende de leyes. Pero una ley pública que determina para todos lo que debe estar jurídicamente permitido o prohibido, es el acto de una voluntad pública (...) tal voluntad no puede ser sino la voluntad del pueblo entero (1).
La sociedad civil, a su vez, constituye el ámbito de las libertades no sometidas, en principio, al poder despótico del soberano. Recordemos que para Thomas Hobbes, fundador del Estado moderno, la soberanía está fundada sobre el monopolio de los medios de fuerza que permiten el ejercicio del poder en el ámbito interno. Esta situación tiene dos dimensiones fundamentales: por una parte expresa la división del trabajo entre las esferas de lo público y lo privado; por otra parte, y es lo más importante, garantiza el ejercicio de las libertades individuales en un marco de previsibilidad, en la medida que la amenaza que detenta el Estado en términos del uso de la coerción, garantiza la confianza de todos en el cumplimiento de la ley, reduciendo la incertidumbre en el cumplimiento de los contratos.
La idea de Estado formulada por Hobbes (2), es concebida en torno a la ficción del contrato, de un “contrato de adhesión” que suscriben los individuos con el soberano para garantizar la vida y la libertad de todos. Este fundamento teórico del Estado moderno implica la renuncia individual al ejercicio de la fuerza para delegar esa atribución en el Estado. Sobre esta base, la teoría contractualista evolucionará con el desarrollo de las formas institucionales que perfeccionan los mecanismos y procedimientos que regulan las transacciones entre los individuos en un marco de racionalidad y efectiva libertad, situación que asegura el ejercicio del poder y el funcionamiento del sistema de dominación político en la sociedad.
De esta manera, la sociedad civil emerge en contraposición al “estado de naturaleza”, característica dominante de la sociedad europea del siglo XVII, escenario de las guerras de religión que enfrentaron a católicos y disidentes desde la Reforma Protestante protagonizada por Lutero. El “estado de naturaleza” se caracteriza por los conflictos y el espíritu de beligerancia que opone a los individuos entre sí, imposibilitando la convivencia en un orden previsible de pactos y acuerdos. De allí que la sociedad civil se constituya como un estadio superior de la evolución social y política, en la medida en que se ha despojado de la precariedad y la violencia para evitar que los hombres se destruyan entre sí abandonados a la suerte de los conflictos y enfrentamientos de unos contra otros. De esta manera, la sociedad civil se contrapone a la “sociedad natural” y es sinónimo de convivencia organizada, de “polis”, de sociedad política, en cuanto representa un nivel de organización fundada en la vigencia de un orden racional con leyes diferentes a las leyes de la naturaleza.
En este marco, la sociedad civil resulta inconcebible fuera del orden estructurado por el ejercicio del poder político soberano que garantiza