sino por un contexto de recesión mundial inminente6 que golpeará severamente algunas actividades económicas que implican congregación de personas.7 También se prevé la caída en la demanda del sector manufacturero y de la oferta por falta de insumos. Conforme escale la falta de actividad económica empezarán los despidos y caerán los ingresos de los trabajadores formales y de los trabajadores por cuenta propia. Esto implicará dos etapas: la primera durará tal vez tres meses, y la segunda, producto de la crisis económica, de 5 a 6 meses (Levy, 2020: 2-3).8
Para enfrentar esta pandemia, el gobierno federal ha adelantado las pensiones no contributivas otorgadas a los adultos mayores (cuatro meses de apoyo, equivalentes a dos pagos bimestrales por la suma de 5 424 pesos), las cuales implican una erogación de cuarenta y cinco mil millones de pesos, aproximadamente. También se anunció que el 25 de marzo de 2020 se otorgarían, a través de Nacional Financiera, veinticinco mil millones de pesos –con créditos de seis mil hasta veinte mil pesos, hasta alcanzar un millón de apoyos– para respaldar a pymes afectadas por el COVID-19. De este monto, quinientos mil créditos se destinaron para apoyar a la economía formal y quinientos mil a la economía informal (Aristegui, 2020). Sin embargo, el costo de este programa no llegó al 0.1% del pib, que está muy por debajo de algunas de las propuestas mínimas que se han hecho para enfrentar la contingencia epidemiológica y socioeconómica generada por el COVID-19, como la elaborada por el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (ciep), que propone algunas acciones necesarias para enfrentar no sólo la emergencia de salud, sino la recesión económica que el manejo de esa crisis sanitaria generará: aumentos al presupuesto de salud, condonaciones de cuotas obrero-patronales al imss, transferencias monetarias a personas mayores de 18 años y redirección de recursos previstos para la realización de obras de infraestructura pública.9 En conjunto, las acciones propuestas implicarían un costo que fluctúa entre 1.3% y 2.2% del pib (Albarrán y Saldívar, 2020).10
En Jalisco, el Gobierno del Estado desarrolló acertadamente una estrategia para enfrentar la epidemia en dos ámbitos: el de la salud y el social, pero se ha desmarcado de la campaña de la Secretaría de Salud federal, descartando automáticamente una concordancia en las políticas públicas en las dos escalas. En el primero se previó la aplicación de pruebas de detección rápida y de confirmación, y para ello se intentaron comprar veinte mil pruebas de detección temprana; se ha establecido un contacto con el Instituto Nacional de Migración para detectar a todo viajero que provenga de zonas infectadas; se cuenta con áreas de sanidad en los puntos de entrada internacional, un laboratorio con capacidad certificada para realizar pruebas en infecciones respiratorias agudas y el Laboratorio Estatal de Salud Pública (lesp); se han realizado reuniones para acordar medidas de protección comunes con los gobiernos de la región Centro-Occidente-Bajío; se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en toda nuestra entidad; y se ha generado una estrategia de comunicación que opera en distintos ámbitos: el de la familia y los adultos mayores,11 el de los trabajadores y empresarios,12 el escolar13 y, por último, el de restaurantes y hoteles14 (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020a).
En el ámbito social, la mayor preocupación son las consecuencias de la inminente recesión mundial y nacional en el empleo. El Gobierno de Jalisco estima que los sectores económicos más vulnerables son los restaurantes, bares, hoteles, escuelas, servicios recreativos, transporte, autopartes, electrónica, textil, moda, muebles, servicios personales y comercios misceláneos, y consideró que habría una afectación en 123 540 empleos (Gobierno del Estado de Jalisco 2020a).
Para hacer frente a esta problemática, la estrategia ha girado en torno a la creación del Plan Jalisco COVID-19, que incluye diversas medidas:
1 El otorgamiento de apoyos económicos hasta por doscientos mil pesos a ong que operan en Jalisco dedicadas a brindar servicios de alimentación, salud y albergue de personas de grupos vulnerables.15
2 El Plan Emergente Protección al Empleo y al Ingreso de las Personas, que cuenta con una bolsa de 450 millones de pesos, dirigido al apoyo de micro y pequeñas empresas formales, que cuentan con una planta de uno a quince trabajadores.16
3 Un apoyo a personas con autoempleo, subempleo y empleos no formales al que se asignó un presupuesto de cuatrocientos millones de pesos.17
4 La constitución del Fideicomiso para Productores de Maíz en Jalisco, que contará con un fondo de ciento cincuenta millones de pesos.
Se determinó que el financiamiento de estos programas se haría a través de una deuda de corto plazo y no habrá endeudamiento de largo plazo que trascienda a las administraciones actuales (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020).
A escala de la zmg, los gobiernos de Zapopan y Guadalajara anunciaron que se apoyaría a las personas que viven al día dedicados a la comercialización de productos o servicios (tiendas de abarrotes, vendedores callejeros, tianguis, entre otros), quienes no pagaron durante noventa días ninguna contribución municipal. Tampoco hubo multas ni recargos durante el mismo periodo en el pago de impuestos municipales, como predial, transmisiones patrimoniales o licencias.
Tras revisar este estado de cosas, es evidente que a escala federal el esfuerzo que debe realizarse es mucho mayor al que se anunció, y que no se tiene conciencia de que las medidas anunciadas en 2020 en el plano social son insuficientes para enfrentar la crisis que se vivirá en 2021. En el caso de Jalisco, en el ámbito social las acciones propuestas parecían bien dirigidas y el presupuesto era significativo: aproximadamente 1.200 millones de pesos, que equivalen aproximadamente al 36% del presupuesto establecido en el Presupuesto de Egresos 2020 del Gobierno del Estado para rubros sociales (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020c).18
Sin embargo, todo indica que hará falta ampliar este presupuesto, mejorar la gobernabilidad del mismo y realizar otras acciones para cumplir varios objetivos:
1 Establecer una coordinación rápida con el gobierno federal en la estrategia sanitaria y social para evitar duplicidades y generar sinergias y complementariedades.
2 Establecer una coordinación efectiva y explícita con organizaciones civiles, universidades y empresas para gestionar la crisis.
3 Complejizar la mirada gubernamental para no sólo considerar la emergencia sanitaria y sus consecuencias inmediatas, sino las consecuencias económicas y sociales posteriores, además de la duración de estas.
4 Ampliar la capacidad de diagnóstico y atención de los servicios de salud.
5 Mejorar la eficacia de la comunicación social de la estrategia estatal en coordinación con la federal para hacer frente a la contingencia sanitaria, con el fin de tranquilizar y orientar a la población, garantizar el aislamiento social y disipar la incertidumbre sobre la duración y consecuencias de la crisis, la cual puede generar emociones sociales negativas.
6 Prever la necesidad de un aumento significativo en el presupuesto destinado a los ingresos de quienes enfrentarán problemas de empleo o de ingreso en los meses por venir. Una solución integral, no focalizada, sería la creación de un programa de ingreso ciudadano no condicionado orientado a proteger a la población de 18 años a 64 años con problemas de empleo o ingreso (66% de la población del estado, aproximadamente 5.5 millones de personas). Una estimación para el estado –usando los parámetros propuestos por el ciep (mil quinientos pesos mensuales, durante tres meses) y la estimación del gobierno estatal respecto al número de empleos que enfrentarán problemas (123 540)– es la generación de una erogación enorme, cuyo financiamiento requerirá de apoyos federales y/o de endeudamiento. Esto es muy importante porque facilitará la reanudación de la actividad económica inmediatamente después de la crisis.
5 La mayoría de los casos se concentraron en cinco municipios: Zapopan, Guadalajara, Cuautla, Tomatlán y Teocutatlán.
6 Agravado en el caso de México por la caída de los precios del petróleo, reducciones del turismo y probablemente de las remesas (Levy, 2020: 2).
7 Cines, escuelas privadas, hoteles, restaurantes, entre otros,