Arturo Villavicencio

Neoliberalizando la naturaleza


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los seres humanos. En nombre del desarrollo sostenible y del manejo del riesgo ambiental, un nuevo conjunto de realidades y ecoconocimientos se han desarrollado con el fin de hacer factible la administración humana de la naturaleza y un manejo integral de sus recursos (Oels, 2005). El concepto de gubernamentalidad verde encarna, entonces, una forma global de poder ligada al Estado moderno, a la megaciencia y la comunidad de negocios e implica la administración de la vida misma, de las poblaciones y del entorno natural.

      Esto tiene dos implicaciones. Primero, que las decisiones sobre los problemas ambientales requieren una confianza sin precedentes en los expertos y en las elites políticas (Hulme, 2009; Pielke, 2010; Jasanoff y Wynne, 1998), confianza actualmente debilitada por controversias científicas y la indecisión política. Segundo, la atención en los problemas globales margina otras preocupaciones ambien­tales que afectan a muchas personas o a sistemas ecológicos de una manera más directa. Esto es evidente en las políticas que afectan al cambio climático, enfocadas sobre todo a acciones de mitigación, una estrategia con repercusiones globales, en detrimento de las acciones de vulnerabilidad que atañen a problemas localizados en sus causas, consecuencias sociales e implicaciones ambientales. En este contexto, la gubernamentalidad verde puede ser vista como un discurso «desde arriba» que deja al margen visiones alternativas del mundo natural. A través de una poderosa y desconectada visión global, la naturaleza es concebida como una infraestructura terrestre sujeta a la protección, manejo y dominio del Estado. Los procesos movidos por el conocimiento científico, basados en la soberanía reconocida de las convenciones globales, son bajo este discurso enmarcados como un proyecto instrumental y tecnocrático inmerso en un lenguaje de expertos y en narrativas apocalípticas que favorecen a las elites políticas y de investigación.

      En la actualidad las BINGO mantienen estrechas relaciones políticas y financieras con los gobiernos, agencias bilaterales y multilaterales y corporaciones multinacionales que operan en los países en desarrollo (Chapin, 2004; MacDonald, 2011; Igoe, Neves y Bro­ckington, 2011; Kelly, 2011). Esta alianza vuelve casi imposible a estas organizaciones cuestionar problemas ambientales que puedan entrar en conflicto con los intereses de las corporaciones mundiales. De esta manera, en la medida en que los límites entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil se volvían más porosos bajo la gobernanza neoliberal, las BINGO se iban posicionado en el vacío dejado por el Estado para conver­tirse en «el caballo de Troya del neoliberalismo» (Harvey, 2005: 177). Como observa Chapin, «en un viraje irónico, las grandes ONG se han aliado con las fuerzas que están destruyendo los ecosistemas remanentes, ignorando o a veces oponiéndose a aquellos grupos y fuerzas que intentan salvarlos de la destrucción» (2004: 26).

      En resumen, tres importantes observaciones ameritan la emergencia de estas organizaciones en la nueva configuración de la gobernanza ambiental a nivel global (Corson, 2011). Primero, ellas han capitalizado una visión idealizada de ellas mismas como representantes genuinos de una sociedad civil preocupada en contrarrestar los efectos de la degradación ambiental causados por el desarrollo capitalista. Segundo, la focalización en la biodiversidad de los países del Sur, como un problema ambiental global ha sido fundamental para el desarrollo de alianzas entre las ONG transnacionales, Gobiernos de los países desarrollados y corporaciones. La definición tanto del ambiente como la biodiversidad de los países en desarrollo, a ser protegida en parques nacionales lejos de los intereses económicos y políticos, ha sido un catalizador para el apoyo de los políticos y empresarios a programas de «ayuda ambiental» manejados por las BINGO y sus socios. Por último, el discurso de esas organizaciones ha cimentado la idea de que los países del Norte pueden ser ambientalmente respetuosos sin confrontar la degradación causada por sus estilos de desarrollo. Más aún, este discurso contribuye a un proceso en el cual el ambientalismo es incorporado en la creación de nuevos espacios simbólicos y materiales, para la expansión global del capital (p. 110).

      Pero, como se señaló anteriormente, el papel del Estado en la gobernanza ambiental neoliberal no significa únicamente un reescalamiento o descentramiento hacia arriba de sus funciones de gobernanza, es decir, a una escala supranacional. Paralelamente a este fenómeno se producen cambios importantes a un nivel subnacional y tienen que ver con la incorporación de unidades administrativas de nivel inferior y de grupos sociales locales en los procesos formales de gobernanza ambiental (Lemos y Agrawal, 2006). En otras palabras, también tiene lugar al mismo tiempo un proceso de reescalamiento o descentramiento hacia abajo de las funciones de gobernanza. Se trata de una gobernanza ambiental descentralizada bajo la cual actores locales