segundo estudio de caso es el de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) existentes en cinco municipios del oriente del Estado de México. En este capítulo, Óscar Figueroa plantea que estos consejos tienen graves problemas de diseño y operación, debido a que en ellos se observa un problema de representatividad, en tanto que los actores gubernamentales están sobrerrepresentados en detrimento de la participación de los actores no gubernamentales, como lo pueden ser miembros de organizaciones de la sociedad civil (OSC) o de centros académicos, entre otros. El autor plantea que en la región de Texcoco se requiere todavía mucho trabajo de desarrollo institucional para garantizar que la participación de la ciudadanía en los CMDRS sea más efectiva.
En el siguiente capítulo, Jorge Carbajal realiza un análisis del Comité de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte. En su contribución el autor pone especial énfasis en la perspectiva de los actores participantes, provenientes de ámbitos sistémicos muy diferentes, como pueden ser agencias gubernamentales, empresas, organizaciones de pescadores, academia, etc. En su investigación, el autor se centra en la calidad y los resultados del proceso participativo y concluye, entre otras cosas, que entre los participantes en el comité hay posiciones encontradas en cuanto a la valoración de la inclusión de los actores relevantes en el sector y hay una subrepresentación de algunos grupos sociales. Caso contrario a la percepción de los resultados que ha conseguido este espacio de gobernanza, en la medida en que la mayoría de los participantes sienten que tuvieron cierto grado de incidencia en la adopción de algunas decisiones importantes.
Lidia Blásquez, Daniel Rojas y Eduardo Alva estudian una cuarta experiencia. En esta oportunidad se trata de la red informal de actores involucrados en la formulación del programa de manejo del Área Natural Protegida Yum Balam en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado de Quintana Roo, en donde se encuentra la turística isla de Holbox. A través del análisis de redes sociales, en el trabajo se discute la compleja problemática que vive la región en términos de los equilibrios/desequilibrios que genera la contraposición con respecto, por un lado, a la preservación ambiental y, por el otro, a la explotación turística. La heterogénea composición del grupo de stakeholders redunda, en cierta medida, en una enorme dificultad para lograr acuerdos y para dar una salida eficaz y sustentable al problema de la degradación ambiental de la región. En este escenario, se explica que usualmente las opiniones de los actores económicamente más poderosos y con mayores recursos relacionales prevalecen por sobre las de otros actores.
El último apartado de esta sección, escrito por Armando Sánchez, está dedicado al estudio de una red de gobernanza, tildada de radical, dado que se crea por fuera de los cauces institucionales-formales, pero en última instancia, su acción se constituye como un importante activo para la definición de una parte de la reciente política pública de manejo hídrico en México. La investigación se centra en el caso del movimiento de organizaciones y colectivos que se opuso a los diez decretos de explotación de cuencas hídricas, por parte de la iniciativa privada, la cual fue aprobada en 2018 en el Congreso de la Unión. El éxito de esta experiencia reside en su capacidad de llevar a cabo una participación basada tanto en movilizaciones públicas, como en procesos de debate experto, contribuciones que, a la postre, enmarcaron las posibilidades y espacios transitables para la deliberación y la decisión sobre la materia.
Finalmente, la tercera parte incluye otros cuatro estudios de caso en los que se pone a discusión algunos problemas, límites y críticas a la gobernanza rural desde situaciones concretas y procesos en los que la práctica se distancia de la teoría.
La razón para la inclusión de este apartado descansa en que existe una contranarrativa que ve a la gobernanza como una especie de “juego de suma cero”, en el que la transformación estructural del Estado y su consiguiente achicamiento, procesos que derivaron en su retirada de múltiples sectores y áreas antaño consideradas estratégicas, resultó en la necesidad de la participación de actores no gubernamentales en la atención de las problemáticas públicas para subsanar el vacío dejado por éste. Esta lectura ve a la gobernanza, desde una lógica de reforma política, como una alternativa subóptima, en la medida en que elimina la responsabilidad que tiene el Estado en la atención de las necesidades sociales. Este proceso ha generado una literatura crítica de la gobernanza que ha tenido una veta de crecimiento en las epistemologías del sur y el pensamiento decolonial5 (Santos, 1998, 2007; Carrasco 2020).
En el primer capítulo de esta sección, Alejandro Natal pone a discusión la compleja problemática que se generó alrededor de la implementación del programa Pueblos Mágicos en Valle de Bravo entre los años 2000 y 2006. En su escrito, el autor explica que el programa, basado en buena medida en espacios de gobernanza en los que confluyen actores gubernamentales y no gubernamentales, no logró generar procesos de participación y deliberación suficientemente efectivos. Explica que las condiciones sociopolíticas estructurales en el nivel local todavía generan inercias e intereses demasiado potentes como para que puedan ser revertidas en espacios de gobernanza de naturaleza primordialmente deliberativa. Desde esta lógica, Natal reconoce que todavía hay un largo camino por recorrer para lograr un anclaje subnacional más profundo de los mecanismos y arreglos de gobernanza, pero sostiene que no se puede ni se debe poner fin a esa búsqueda.
El análisis del caso de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, en Chiapas, sirve a Carla Zamora para poner a discusión uno de los márgenes de la gobernanza rural en México. En este caso se plantea que la perspectiva de la gobernanza rural homogeniza y homologa territorios amplios que están compuestos por unidades más pequeñas y que presentan una rica diversidad en el área de estudio. Por ello, en el margen de la gobernanza rural aparece la gobernanza ambiental como una alternativa que ayuda a mejorar procesos de conservación y de promoción de explotación sustentable en territorios en donde todavía se cuenta con una amplia e importante biodiversidad. Para la autora, la gobernanza rural será una categoría útil, no sólo académica sino empíricamente hablando, cuando sea capaz de aprehender los procesos de apropiación territorial, que son producto de identidades colectivas específicas y que, muchas veces en los hechos, se superponen al entramado jurídico-institucional existente.
La tercera colaboración incluida en esta sección fue preparada por Carlos Chávez Becker y Silvia Jurado. En ella, los autores, por medio de un análisis transversal de las principales características, dimensiones, contradicciones y perspectivas del comercio justo en el nivel global, latinoamericano y nacional, plantean la existencia de la posibilidad de la existencia de procesos de gobernanza sin gobierno. Los autores afirman que esta iniciativa, en la que prácticamente los actores gubernamentales no participan o lo hacen de manera marginal, ha logrado avanzar en la atención de la problemática económica y financiera que enfrentan miles de productores primarios depauperados que pueblan áreas rurales en numerosos países del mundo. Esto se ha logrado a través de un sistema en el que confluyen variados stakeholders provenientes de muy diversos ámbitos y sectores y que, por medio de procesos deliberativos y participativos, dirigen sus acciones para mitigar esta problemática pública sin el concurso de agencias gubernamentales en los diversos órdenes político-territoriales.
El último capítulo de la obra, a cargo de Heriberto Ruiz y Kevin Hernández, explica lo que los autores denominan un proceso de desgobernanza por medio del análisis de un caso protagonizado por un grupo de pescadoras afromexicanas en la localidad El Zapotalito, en el municipio de Tututepec de Melchor Ocampo en el estado de Oaxaca. A decir de los autores, este caso sirve para ilustrar el enorme diferencial entre la teoría de la gobernanza rural y la situación concreta que viven las pescadoras que constituyen el grupo de observación. La falta de planeación territorial, la precaria articulación entre los diferentes órdenes de gobierno, la prevalencia de intereses económicos y políticos de poderes fácticos poderosos, entre otros, son factores que limitan fuertemente procesos colegiados de deliberación sobre el mejoramiento de las condiciones de explotación de los recursos pesqueros de la zona. Estos problemas derivan, según Ruiz y Hernández, más en una situación caótica (de desgobernanza) que de coordinación social y política para tal efecto. Por supuesto que la migración, la fragmentación comunitaria y la sobreexplotación o explotación inadecuada de los recursos naturales, son tan sólo algunos de los efectos de la situación reinante.
AGRADECIMIENTOS