de la Causa 2/81, el acta de la vista oral y las dos sentencias existentes, la del Consejo Supremo de Justicia Militar y la del Tribunal Supremo.
Para desarrollarla, la hemos articulado en siete puntos. En el primero, explicamos las causas que provocan el intervencionismo de las Fuerzas Armadas en el ámbito político. En el segundo, describiremos los diferentes tipos de intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito político, de acuerdo con la tipología de Samuel E. Finer. En el tercero, analizamos el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso de cambio político iniciado tras la muerte del general Franco. En el cuarto, describimos el diseño del golpe de Estado del 23-F, y el papel que dentro del mismo correspondía a la III Región Militar y a su capitán general, Milans del Bosch. En el quinto, hacemos una síntesis del desarrollo de las diferentes fases en las que se divide esta operación golpista. Por último, desarrollamos en el sexto y séptimo capítulos la parte central de esta obra, donde se aborda la situación de las comandancias de la III Región Militar durante el golpe de Estado.
1. LAS CAUSAS DEL INTERVENCIONISMO MILITAR. EL CASO ESPAÑOL
Las razones que han provocado el intervencionismo de las Fuerzas Armadas en el ámbito político han sido estudiadas por numerosos historiadores y politólogos, la mayoría de origen anglosajón, destacando sin duda Samuel E. Finer, Charles Moskos, Morris Janowitz y Charles Huntington. A partir de sus obras, y de nuestras investigaciones, hemos elaborado una tipología propia, que se articula en nueve condiciones que justifican y hacen posible la intervención de los militares en política, y que en la España de 1975 se cumplían en su totalidad:
Patriotismo versus supremacía civil. Consideraban que su lealtad a la nación como concepto se situaba por encima de la obediencia a las autoridades civiles. Algunos autores, como Gabriel Cardona defienden que el franquismo había creado las Fuerzas Armadas más obedientes de la historia de España. Pero esto no es cierto completamente. El Ejército había actuado como elemento constituyente del régimen, y a partir del 1 de octubre de 1936, un militar, que encabezaba el escalafón de los tres ejércitos, había sido el jefe del Estado, y a su vez, otro miembro de las Fuerzas Armadas dirigía cada uno de los tres ministerios militares. Por tanto, los militares se habían limitado a obedecer a sus jefes naturales, ya que la cadena de mando terminaba en el propio Franco, capitán general de los Ejércitos, y no en las autoridades civiles, que no ejercían ningún mando directo sobre los militares, siendo el principal sostén del régimen. A la muerte de Franco, los militares trasladaron esa lealtad a su sucesor, el rey Juan Carlos I, convertido en capitán general. Sin embargo, esa lealtad no era tan profunda como la que sentían con Franco, ya que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas no era monárquica, lo que explica que no dudasen en enfrentarse con los gobiernos de turno, e incluso pusieran en tela de juicio la figura del monarca, apoyándose para ello en el patriotismo.
La falta de profesionalismo. Las Fuerzas Armadas españolas no eran un cuerpo completamente profesionalizado. Durante el franquismo, sus miembros habían actuado en numerosos ministerios y organismos, destacando en este sentido el Instituto Nacional de Industria (INI), y habían controlado las Fuerzas de Orden Público. Estos hechos les habían permitido extender su influencia en determinados sectores de la administración y ponerles en contacto con la clase política franquista, estableciéndose vías de relación que favorecerían su intervención en el ámbito político.
El destino manifiesto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas españolas eran, como señala Finer, una de las organizaciones militares con un más alto concepto de su importancia, y de su función como defensores de la patria, y sus únicos salvadores en los momentos de crisis. Esta consideración tenía su origen en la Guerra Civil, que para la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas en 1975 seguía siendo una cruzada que había evitado la destrucción de España. En este sentido, el teniente general Manuel Díez-Alegría, uno de los miembros más liberales de las Fuerzas Armadas, había escrito: “...pueden existir casos, enormemente restringidos exactamente, en que las Fuerzas Armadas pueden, sin afiliarse a ninguna corriente de opinión determinada, pero haciéndose eco del sentimiento general de su país, recoger de la calle los atributos del poder para impedir con ello la pérdida de la Nación, al perderse sus esencias fundamentales”.
La necesidad de prestigio de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Las Fuerzas Armadas españolas gozaban de un inmenso prestigio entre las clases más conservadoras de la sociedad española de la Transición, que las consideraban el único dique capaz de detener el proceso de disgregación que se había iniciado tras la muerte de Franco. Este apoyo al ejército se manifestaba fundamentalmente a través de medios de comunicación como El Alcázar, El Imparcial o El Heraldo Español.
La defensa del interés nacional. Las Fuerzas Armadas españolas justificaron sus intervenciones a lo largo de la Transición apoyándose en el interés nacional, especialmente en su lucha contra el terrorismo, el separatismo y el desorden público, que estaban poniendo en peligro la propia existencia de España como nación.
La defensa de intereses sectoriales. Las Fuerzas Armadas españolas tenían intereses sectoriales que defender durante la Transición. Así, si bien sus intervenciones no podrían vincularse con ninguna clase determinada, ya que económicamente los militares españoles se situaban en el espectro de la clase media; si existían intereses regionales, pues mayoritariamente procedían de territorios de cultura castellana, teniendo un desprecio muy acusado por cualquier manifestación cultural española de otra procedencia, a la que consideraban siempre como “separatista”, y defendían importantes interés corporativos, especialmente su deseo de mantenerse fuera del control del Gobierno, dependiendo directamente del rey.
La existencia de frustraciones en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas españolas en 1975 no eran todavía una institución frustrada, a pesar del escaso sueldo de sus integrantes y la pobreza de su armamento. Por el contrario, se habían forjado en dos victorias: la campaña de Marruecos (1909-1927) y la Guerra Civil (1936-1939). Ni siquiera la lamentable campaña del Sahara Occidental (1974-1975) había modificado esa mística victoriosa. No obstante, a lo largo de la Transición, un hecho habría de causar una gran frustración en el seno de las Fuerzas Armadas españolas: el azote del terrorismo revolucionario, especialmente de carácter izquierdista, como los Grupos Revolucionarios Armados Primero de Octubre (GRAPO), y nacionalista, como Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el principal grupo terrorista de este periodo, que pasó de asesinar 16 personas en 1975 a acabar con la vida de 92 en 1980, la mayoría pertenecientes a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público. De estas muertes, los militares no dudaron en acusar al Gobierno por su incapacidad para frenar la acción de estas organizaciones; siendo una de las causas fundamentales del intervencionismo de las Fuerzas Armadas en política.
La incapacidad de las autoridades civiles para acabar con los problemas del país. A lo largo del periodo comprendido entre 1975 y 1978, y de forma más clara a partir de esta última fecha y hasta 1982, los integrantes de las Fuerzas Armadas llegaron a la conclusión de que los sucesivos gobiernos postfranquistas eran incapaces a la hora de frenar de forma contundente el deterioro del país, especialmente en tres grandes ámbitos: terrorismo, crisis económica y aumento del separatismo y el independentismo. Esta incapacidad sería una de las justificaciones para su intervención en el ámbito político.
La existencia de una coyuntura favorable. Entre 1975 y 1982, España vivió inmersa en una situación de crisis, de la que el azote del terrorismo fue una de sus manifestaciones más importantes. La otra fue la crisis política, derivada del cambio de régimen, y la crisis económica, provocada por el aumento del precio del petróleo a partir de 1973 con la guerra del Yon Kippur, y de nuevo en 1979, con la caída del sha de Irán. Esta crisis se reflejó en dos hechos de extraordinaria importancia: el desempleo pasó de poco más de 250.000 personas en 1975 a más de 1.500.000 en 1981, y la inflación del 14,096 por ciento al 15,02 en el mismo periodo con un extraordinario pico en 1977 donde alcanzó el 26,4 por ciento. Sólo a partir de 1982, coincidiendo con el comienzo de proceso de consolidación democrática, la situación económica comenzó a mejorar.
Junto a estas nueve condiciones, existen otras tres que, según nuestra opinión, son las que explican el triunfo de las intervenciones militares en cualquiera de sus formas:
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