de acciones de peritaje ambiental. Por ejemplo, diversos funcionarios señalaron que algunos miembros de las corporaciones autónomas regionales no están entrenados en la identificación de especies. Como desarrollaremos en la sección 4.2., la identificación de especies y su cuantificación son un aspecto clave del control y monitoreo al uso adecuado de los recursos naturales (Moreno, Villota, Gutiérrez, Marín & Zúñiga, 2014).
De acuerdo con varios entrevistados, a lo anterior debe sumarse que algunos funcionarios no saben en muchas ocasiones cómo transportar incautaciones de fauna y flora, dónde y cómo almacenarlos, etc. En el último informe preventivo publicado por la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios (Pulido & Echeverri, 2014) que evalúa el avance de las autoridades ambientales en torno al manejo y posdecomiso de fauna y flora silvestre y acuática (Pulido & Echeverri, 2014), de 32 autoridades ambientales encuestadas solo el 54 % de estas formulan planes de manejo y de conservación de especies de fauna amenazada. Además, en ese entonces se adelantaron 46 planes de manejo de especies de flora amenazadas, aun cuando el total de especies amenazadas era de 670 (Pulido & Echeverri, 2014).
También hay dificultades en cuanto a la tenencia y rehabilitación de la fauna. Aun cuando el 90 % contaba con sitios para el manejo de fauna en cautiverio, entre hogares de paso y Centros de Atención y Valoración (CAV), apenas el 20 % de estas entidades cuenta con centros de rehabilitación adecuados, según la Procuraduría. Además, solo dos Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación estaban registrados ante el Ministerio de Ambiente (Pulido & Echeverri, 2014).
Otros entrevistados expresaron que hay dificultades para manejar o entender los elementos materiales probatorios en cadena de custodia por parte de los jueces. Por lo tanto, estos recomendaron que se lleven a cabo medidas encaminadas a una mayor especialización profesional en las investigaciones de delitos ambientales de los funcionarios públicos en general y, en especial, de jueces y miembros de las corporaciones autónomas.
Si bien las capacitaciones a funcionarios públicos han venido aumentando en los últimos años (por ejemplo, a miembros de la policía ambiental), una nueva dificultad es la alta rotación de varios de ellos (en particular, de agentes de policía) al interior de estas entidades, lo cual obstaculiza una continuidad en los programas de control a delitos ambientales, según manifestaron algunos funcionarios entrevistados.
4. Transparencia y ejecución en actividades de monitoreo y control
Una de las funciones centrales de las corporaciones autónomas regionales consiste en realizar el seguimiento y monitoreo a los usos de los recursos naturales renovables (Congreso de Colombia, 1993, Ley 99, art. 31). Para este fin, se han planteado diversas herramientas, tales como el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de los especímenes de la diversidad biológica (SUN), el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), entre otros. Una falta de ejecución para hacer seguimiento a la cadena de valor, sumada a una poca transparencia en entidades del Estado, han obstaculizado este objetivo. A continuación, nos detenemos en cada una de estas problemáticas.
4.1. Transparencia en la expedición del Salvoconducto Único Nacional
Una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, como autoridades de control ambiental, consiste en el otorgamiento de los permisos ambientales en relación con el uso, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables (tales como los permisos de aprovechamiento forestal), así como el monitoreo de la movilización y procesamiento de estos recursos en conjunto con otras corporaciones y entidades territoriales y la fuerza pública (Congreso de Colombia, 1993, Ley 99, art. 31). Con este fin, se creó el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de los especímenes de la diversidad biológica (SUN), un documento expedido por las corporaciones autónomas regionales que soporta la legalidad de productos forestales y fáunicos en Colombia y autoriza su movilización (Presidencia de la República de Colombia, 1996, Decreto 1791)4.
Si bien falsificar, adulterar o reutilizar un salvoconducto es ilegal (Presidencia de la República de Colombia, 1996, Decreto 1791), investigaciones han señalado que estos documentos son reutilizados con frecuencia o adulterados con información falsa (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019; Semana, 2019a). También se ha documentado que algunas especies cuya comercialización es ilegal se trafican con facilidad cuando se declaran como otras especies en el permiso de transporte (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019).
En efecto, investigaciones de la Procuraduría han determinado que hay un subregistro en el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica (SUN). Según EIA (2019), las infracciones más comunes relacionadas con los salvoconductos o permisos de transporte en el caso de Corpoamazonía (en cuya jurisdicción se presenta una de las tasas de deforestación más altas del país) son:
i) La información requerida en el salvoconducto está incompleta (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Por ejemplo, algunos salvoconductos no incluyen el origen, ruta o destino de las especies transportadas.
ii) Los nombres de las especies y sus volúmenes registrados en los permisos de transporte no corresponden con los encontrados en las inspecciones.
La presente investigación también hizo hallazgos en esa dirección. Por ejemplo, varios funcionarios entrevistados señalaron que hay múltiples irregularidades en los permisos otorgados por las autoridades ambientales. En relación con las resoluciones que, según el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015), deben contener información sobre coordenadas, especies, volumen, nombre del titular, entre otros aspectos, varios entrevistados señalaron que es común que la información esté incompleta; por ejemplo, las coordenadas no existen o no están especificadas en estos permisos, las especies no están precisadas, y los titulares de permisos de aprovechamiento a veces están a nombre de personas fallecidas, etc. Es también relativamente frecuente encontrar que los salvoconductos no corresponden a las unidades incautadas.
Además, funcionarios entrevistados señalaron que, con cierta frecuencia, Actas de Control al Tráfico de Fauna y Flora (diligenciados por la Policía Nacional y entregadas a funcionarios de las corporaciones autónomas) se han perdido, pues hay funcionarios de las corporaciones dedicados al tráfico de este tipo de documentos. Hay incluso investigaciones que hablan de una ‘mafia’ o de un ‘mercado negro’ de permisos ambientales que cuenta con participación de miembros de entidades gubernamentales (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 8).
En un estudio reciente, la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019) señaló que las acciones de control de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) son deficientes en lo relacionado con la aprobación de las importaciones de madera, que es un mecanismo pensado para que los importadores comprueben el origen legal de este insumo. De acuerdo con EIA, en respuesta a un derecho de petición enviado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), entidad que estipula que la importación de bienes por un valor inferior a US$1.000 está exenta del pago de impuestos, se indica que:
9.663 m3 de madera aserrada en tablas (provenientes del Perú y Brasil) fueron importadas a Leticia bajo el régimen especial aduanero entre 2015 y el primer trimestre de 2019; sin embargo, la ANLA en respuesta a otro derecho de petición confirma que no ha emitido ninguna autorización de importación de madera para el puerto de Leticia. (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 8)
En varios municipios en los departamentos de la región Amazónica se da una práctica conocida como hormigueo: esta consiste en que los comercializadores segmentan los embarques o cargamentos de madera como una estrategia para ser protegidos por el régimen aduanero colombiano que suaviza las condiciones aduaneras para importaciones con valores inferiores a US$1.000, siempre y cuando estas tengan como fin el consumo local. Por lo tanto, la regulación aduanera también podría desempeñar un rol en el mejoramiento de la trazabilidad de la cadena forestal.
De forma similar a lo que ocurre