las principales manifestaciones jurídicas colombianas en torno al cambio climático. Para ello, se expone el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su forma de adopción en el ordenamiento doméstico. Luego se realiza una descripción de la política nacional sobre cambio climático como sombrilla de toda la reglamentación alrededor del tema, para continuar con la descripción de las demás instituciones, herramientas y políticas que el país ha generado, así como los diversos documentos Conpes, los instrumentos económicos, las medidas relacionadas, entre otros. Finaliza con algunas conclusiones a partir de la recopilación de lo observado.
Ximena Barrera y Daniela Varón plantean en el capítulo “Los desafíos y oportunidades de la agenda climática de cara al futuro” los avances que ha tenido el tema del cambio climático además de los grandes retos que implica para la humanidad. Señalan la importancia que tiene el hecho de que a finales de 2015 más de ciento noventa países del mundo, incluido Colombia, adoptaran el Acuerdo de París durante la COP21, en la que se estableció como meta global mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 ºC en relación con los niveles preindustriales y hacer todo lo posible para no superar un nivel de 1.5 ºC, límite que aconseja la ciencia para no entrar en un desajuste climático de consecuencias catastróficas.
La entrada en vigor de este instrumento internacional en noviembre de 2016, dos años antes de lo previsto, representa un paso contundente en la lucha contra el cambio climático y demuestra la voluntad de los países de unirse para lograrlo. Sin embargo, en su implementación está el verdadero desafío, por lo que es necesario fortalecer y articular acciones desde los entes estatales y no gubernamentales para lograr el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países. El propósito de este capítulo es ofrecer un panorama sobre el estado actual de la lucha global frente al cambio climático, sus desafíos y oportunidades.
Allí se hace referencia a una realidad que nos ha llevado a hablar de la emergencia climática y se menciona el consenso científico sobre la actual afectación del sistema climático global y la insuficiencia de los compromisos nacionales bajo el Acuerdo de París, para plantear que se requiere ser más ambicioso y generar un aumento dramático en la respuesta colectiva internacional, doméstica y local, para poder abordar esta crisis. Así, se realizan planteamientos en aras de lograr mejores resultados.
Por último, en este capítulo también se tiene en consideración el hecho de que las ciudades, departamentos, empresas e inversionistas deben seguir movilizándose, uniéndose e inspirando a los Gobiernos en la búsqueda de una solución más ambiciosa. Los actores no gubernamentales han demostrado desempeñar un rol vital al impulsar la agenda climática internacional, nacional y local, impulso que no se puede perder.
El capítulo titulado “Cambio climático: del conflicto entre actores y sus ontologías al enfoque y formas ontológicas de la empresa”, de Iván Vargas-Chaves y Andrés Felipe Ospina-Enciso, parte de un análisis general sobre la actividad empresarial e industrial en Colombia y su incidencia en el fenómeno del cambio climático, caracterizándola como un eslabón de una lógica de producción racional que no coincide con otras sensibilidades ignoradas en este caso, así como tampoco tiene presente su responsabilidad social y ambiental.
En consecuencia, los autores plantean cómo el modelo industrial, en su propósito de garantizar una producción y bienestar para los shareholders, va en contravía de un modo de vida que garantice un deterioro ambiental mínimo y una reducción de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Ello, en el marco de una racionalidad de mercado y de producción industrial que, más allá de responder a un patrón de conducta responsable, ocasiona daños sobre una gran diversidad de actores que no son los ejecutores inmediatos de la producción pero que sí son víctimas de las acciones dirigidas que el modelo de producción y desarrollo suscita.
Para demostrar lo anterior, este capítulo analiza los estudios desde el campo del denominado giro ontológico, para reflexionar sobre la vulnerabilidad y el impacto al que se exponen sistemas ecológicos, muy ricos a nivel de diversidad biológica y cultural, pero en riesgo debido a los procesos de habitación, colonización y explotación que, como se señala en el texto, se oponen al interés general.
Por su parte, Adriana Gutiérrez Bayona señala, en el capítulo “¿Cuánto cuesta el cambio climático?”, que este, aunque es un tema que siempre ha estado relacionado con el ambiente, se trata de un fenómeno más amplio que afecta el funcionamiento de nuestra sociedad. Resalta, además, que a pesar de que muchos ya hablan del cambio climático como un factor importante que influye en el crecimiento económico y la estabilidad de nuestro planeta, aún hay individuos que no creen, otros que temen enfrentarlo y algunos que lo ignoran, debido a que responder al reto resulta muy costoso. En este capítulo se presentan argumentos relacionados con los costos de la adaptación al cambio climático y la mitigación de los posibles efectos que, según la autora, vendrían si seguimos en una economía basada en combustibles fósiles.
La migración, el desplazamiento ambiental y el cambio climático en el Eje Cafetero, en Colombia, son tratados en el capítulo escrito por Javier Gonzaga Valencia Hernández, Claudia García Muñoz y Erika Milena Muñoz Villarreal. Allí plantean lo que ya se viene proponiendo respecto a tomar en cuenta factores que aparentemente no se relacionan de forma directa con el clima pero que terminan afectándolo, como las políticas gubernamentales, el crecimiento demográfico y la capacidad de recuperación de las comunidades después de un desastre natural. Ello implica reconocer el papel decisivo que tiene sobre la problemática de desplazamiento ambiental la relación entre la exposición y la vulnerabilidad.
Se menciona en este sentido la evidencia actual sobre la migración forzosa por razones ambientales asociadas al cambio climático, claramente de origen antropogénico, que a pesar de ser contingente no deja de ser cada vez mayor y con tendencia al aumento, si se toman en cuenta las predicciones de las ciencias estadísticas sobre la aceleración del cambio climático.
En este contexto se destaca cómo Colombia viene trabajando para que las emisiones de gases de efecto invernadero lleguen a reducirse en un 20 % para 2030, y cómo ha buscado avanzar en la implementación de acciones de adaptación al cambio climático. Como lo ha planteado el Ministerio de Ambiente, varias de las acciones destacadas durante este proceso han sido el Decreto 298 de 2016, con el cual se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima), encargado de coordinar la toma de decisiones en materia de mitigación y adaptación; además de la creación de la Política Nacional de Cambio Climático y la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático, cuyo objetivo es establecer las directrices para la gestión de dicho cambio que se da a partir de las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la nación, de los departamentos, municipios, distritos, áreas metropolitanas y autoridades ambientales; se trata sobre todo de brindar lineamientos para las acciones de adaptación al cambio climático, así como de mitigación de los GEI, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos de estos, y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono.
Erika Castro-Buitrago, Juliana Vélez-Echeverri y Mauricio Madrigal-Pérez, en su capítulo titulado “Migración involuntaria y reasentamiento: asuntos pendientes en la agenda política y legislativa de adaptación al cambio climático en Colombia”, resaltan la debilidad de la política nacional, la legislación y la gestión de riesgos interna en la materia y, por tanto, el incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. La migración involuntaria de la población, motivada por el riesgo o la ocurrencia de un desastre, como consecuencia del cambio climático, es una categoría emergente en los estudios jurídicos. Los informes científicos han puesto sobre la mesa la gravedad del tema; no obstante, su reconocimiento como prioridad en la agenda mundial y, por tanto, el desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes no ha tenido hasta ahora resultados. En Colombia, a pesar del historial de las catástrofes climatológicas que han dejado miles de víctimas, todavía no se logran establecer las condiciones especiales de atención a esta población y una regulación de medidas de adaptación y restauración de derechos.
Para su análisis, los autores parten de una necesaria conceptualización de la migración y el