a las interceptaciones ambientales que, como he ya subrayado, las considero ilegítimas, ya que no aparece en ningún momento el nombre del doctor Reggiani.
La defensa pide, en consecuencia, que este Ilustrísimo Tribunal reconozca la inocencia absoluta de mi asistido con respecto a las acusaciones que han lanzado contra él y, por consiguiente, la liberación ya que no ha cometido delito alguno”.
En la sala 121 del Tribunal de Roma, llena de abogados, asistentes, ayudantes y, obviamente, de una nutrida legión de periodistas, incluso extranjeros, se hizo por un momento un silencio sepulcral.
“Obviamente, como petición secundaria, se pide la absolución del doctor Reggiani porque el hecho del que se le acusa no constituye delito”.
Prosiguió el abogado Stanich con su arenga defensiva.
“¿Réplica?” preguntó el juez de la Sección Tercera de lo Penal del Tribunal, dirigiéndose al Ministerio Público.
“Sí, señor Presidente” responde la joven representante de la acusación pública, alzándose de su silla y ajustándose sobre los hombros la toga guarnecida con alamares de plata. “Una pequeña réplica. Recuerdo a la defensa del señor Sauro Reggiani que, al contrario de lo que ha sostenido, el imputado ha sido mencionado varias veces por el administrador delegado de la Sociedad Farmaglast, así como por las interceptaciones telefónicas hechas por la Guardia di Finanza6 de Nápoles”
“Que es inútil subrayar” continuó el Ministerio Público7. “en qué medida pensamos que sea un referente de la Nueva Camorra Organizada aquí en Roma. Y es, otrosí, inútil puntualizar que el señor Reggiani ha sido señalado por ambos entes como el administrador principal para la distracción de 12 millones de euros, para ser exactos, de los fondos de la Unión Europea destinados a las empresas farmacéuticas de Nápoles para el tratamiento de los residuos sanitarios, en cambio, a consecuencia de la deliberación de la Región Campania, han sido movidos íntegramente a las cuentas de Farmaglast que, a continuación, como se ha demostrado, ha distribuido, en su mayor parte, los fármacos caducados”
La representante del M.P. apoyó firmemente las manos sobre la escribanía detrás de la cual se encontraba, casi para poder comunicar mejor al juez sus conclusiones.
“Por los motivos expuestos la Acusación Pública pide que este Tribunal reconozca la plena responsabilidad del señor Sauro Reggiani por todos los delitos por los que ha sido imputado, con el agravante específico del daño producido de notable entidad que juzgo predominante a los atenuantes genéricos y, por esto, sea condenado el susodicho a la pena mínima de 12 años y a la prohibición perpetua para cualquier cargo público. Es todo, gracias”.
El juez miró con aire interrogativo – desde detrás de las gafas de lectura que estaban apoyadas precariamente sobre la punta de su nariz –al abogado Stanich que defendía a Reggiani.
El defensor movió la cabeza confirmando de manera inequívoca que no procedía otra réplica.
“Bien, entonces, nos veremos el 2 de diciembre para la lectura de la sentencia. La audiencia ha finalizado. Gracias” concluyó el juez.
Se oyó un murmullo proveniente del grupo de periodistas que, terminada la sesión, intentaban ganar rápidamente la salida para alcanzar al abogado Stanich. Estaban en juego las esperadas entrevistas a la defensa de uno de los hombres más conocidos y temidos del mundo de las finanzas en Italia. Un hombre que podía contar no sólo con la amistad, por lo general interesada, de una gran parte de los parlamentarios y senadores sino también, se murmuraba, de un subsecretario del Ministerio de Sanidad. El proceso era sólo una parte de un juicio penal más grande, ligado a una corrupción ampliamente difundida y rechazada desde el mismo Ministerio Público, no sólo contra Sauro Reggiani sino también contra otros 12 ejecutivos de la multinacional Farmaglast y 15 asesores provinciales y regionales de Campania. Las investigaciones, comenzadas dos años antes en Nápoles, y denominadas operación San Genaro8, parafraseando una vieja película cómica, habían ya asistido a la condena en primer grado de 15 años de reclusión del administrador delegado de la Farmaglast, John Beer, ahora prófugo de la justicia en Dubai, de Salvador Incardona (ya en la cárcel) y de otros dos ejecutivos de la Farmaglast, condenados respectivamente a 6 años y medio y a nueve años.
Todo esto se debía a la gran capacidad investigadora de la joven fiscal Viola Borroni que, en representación del Ministerio Público, había coordinado con brillantez las investigaciones con el núcleo napolitano de la Guardia di Finanza y con la Policía di Stato9 y había conseguido mandar a juicio a todos los imputados.
Fue ella quien sostuvo la acusación en todas las conclusiones finales y en las fases del proceso hasta el momento en que, sobre el banco de los acusados, se había sentado nada más y nada menos que Sauro Reggiani, un peso pesado de las Finanzas.
Viola Borroni, 28 años, un metro setenta, físico esbelto, pelo oscuro casi negro, ojos de un extraño color esmeralda, poseía una apariencia muy agradable.
El propietario del bar Cappuccio y Brioches, situado en la calle donde la mujer residía, la llamaba “la actriz”, lo que suscitaba en ella un poco de embarazo.
Sin embargo poseía un carácter muy determinado. De esto sabían algo los imputados de la “Operación San Genaro” que se habían visto enviados a juicio por el GUP, Giudice per l’Udienza Preliminare10, gracias a una labor de investigación desarrollada con diligencia y celo por la incansable fiscal Borroni.
Si la aplicación del derecho procesal penal, de parte de la joven fiscal, era inatacable por el ejército de abogados, cuyas arengas defensivas y excepciones de procedimiento de diverso género se habían hecho pedazos en las conclusiones finales con el Ministerio Público, había que decir que Viola tenía una concepción personal de la Justicia que no siempre coincidía con los artículos y comentarios del Código Penal.
No era un misterio que –todavía estudiante de bachillerato –Viola hubiese participado en las manifestaciones contra el G8 en Génova, aunque en los grupos de estudiantes que no habían actuado violentamente contra la propiedad o la Policía. Todavía, siendo universitaria de la facultad de Derecho Santa Ana de Pisa, a pesar de ser una estudiante excelente, había sido apresada en más de una ocasión por la participación en manifestaciones estudiantiles, siempre en primera línea.
Viola estaba orgullosa de sus ideas sobre la justicia social de la que jamás había renegado, aunque ahora, en cierto sentido, se encontraba en la otra parte de la barricada.
Seguida por las cámaras de televisión la muchacha avanzó rápidamente por el pasillo y, renunciando a usar el ascensor, se fue hacia las escaleras para llegar hasta su oficina en el primer piso. Sergio Ansani, el Procuratore Capo11, estaba esperándola jubiloso, junto a la secretaria de la sección.
“Felicitaciones, un óptimo alegato. Estoy convencido que nuestras peticiones de condena serán aprobadas por el juez de la Tercera”
Viola esbozó una fugaz sonrisa, sabía que era demasiado pronto para cantar victoria.
Era necesario el sello final de una sentencia de condena.
“Ahora no podrás negarme esos cinco días de asueto que te pedí en septiembre”
“Te has merecido un poco de reposo, pero sabes bien que en este momento la Procura12 está falta de personal, los dos auditores judiciales que me había prometido el Ministerio deben todavía cumplir un período de prueba de diez días en la Procura de Milán” replicó Ansani.
Viola, decidida a jugar duro, propuso con sequedad:
“Concédeme entonces cuatro días”
“Tres” respondió el superior.
“Dado que te encuentro muy bien dispuesto, me gustaría también un aumento de sueldo”
Ansani la miró de refilón, mientras elevaba la ceja izquierda.
“Pásalo bien, Viola. Vete, antes de que me lo piense”