familiar –nacimiento de hijos, muerte de padres, casamiento de hermanos, separaciones, etc., o en momentos de crisis directa o indirectamente ligados a la vivienda– desalojos, cambios en la legislación de alquileres, acceso a créditos especiales, etc.” (Jelin, op. cit., p. 18).
Si bien la familia necesita contar con servicios de apoyo en todo su ciclo de desarrollo, no cabe duda que las etapas de crianza y escolar son aquellas hacia las cuales una planificación social debería enfocarse prioritariamente. En efecto, éste es el período en el cual la familia está cumpliendo en forma central su función social y económica de formar los actores sociales del futuro. La calidad de ese futuro dependerá en gran medida de la calidad de los cuidados que los niños reciban y de la calidad de la educación a la que tengan acceso.
La familia es la productora y la principal encargada de conservar y acrecentar el capital humano de la sociedad. La forma como cumpla esta tarea esencial dependerá de sus propios recursos internos y de las contribuciones que reciba de su medio externo en forma de servicios de salud, vivienda, educación formal e informal, oportunidades económicas y variados servicios de apoyo, que respondan en forma flexible a las diferentes necesidades que se van presentando. Toda política social debería orientarse preferentemente a las familias que se encuentran en las dos etapas señaladas, distribuyendo sus beneficios en función de su nivel de carencias y del número de niños que ellas tengan que criar y educar.
La medida en que lo anterior está ya siendo considerado en algunas políticas es aún insuficiente. En consecuencia, un gran número de familias –particularmente las familias pobres– no cuenta hoy con los recursos y el apoyo mínimos para enfrentar las responsabilidades de las diversas etapas del ciclo vital, en circunstancias que los cambios sociales están planteándoles día a día nuevas demandas. Los padres están siendo cada vez más exigidos por los establecimientos educacionales para participar en diversas actividades relacionadas con el proceso educativo de sus hijos; los avances de las ciencias humanas suponen nuevos desafíos para proporcionar experiencias que promuevan el desarrollo de los niños; el período escolar se ha hecho cada vez más largo, retardando la incorporación de los hijos a la fuerza de trabajo y recargando la obligación económica de los padres.
Por otra parte, la tendencia creciente en el tratamiento de las enfermedades mentales y los procesos de “irregularidad social”, se orienta a la desinstitucionalización, en el sentido de evitar en lo posible la hospitalización de pacientes mentales crónicos y la internación de niños, los que deberían ser atendidos por la familia con el apoyo de la comunidad. Finalmente, el aumento de las expectativas de vida hace que las familias tengan que asumir una tarea de cuidado de sus miembros de edad avanzada mucho mayor que en el pasado. Cada una de estas nuevas responsabilidades es una tensión adicional en la vida de la familia y significa riesgos para su estabilidad si no se cuenta con apoyo adecuado de parte de la sociedad.
1.11. ¿Por qué es necesario invertir en la familia?
En nuestra época se habla mucho de capital, de trabajo y de inversiones. Se insiste en que para que el país siga creciendo y pueda superar la pobreza, es necesario invertir en bienes de capital, en producción, en tecnología, en educación, etc. No se habla de invertir en familia.
Teniendo claro el panorama de la realidad familiar que hemos reseñado, ¿qué es lo que hace que la sociedad esté en cierta forma paralizada observando los cambios que se suceden, formulando muchas veces augurios catastróficos sobre sus efectos en la familia, pero haciendo tan poco en forma global para enfrentarlos?
A nuestro juicio, ello obedece a tres grandes factores que describiremos a continuación.
El primer factor –y talvez el más importante– es la creencia en la indestructibilidad de la familia. Esta creencia tiene una parte de verdad y una parte de mito. Efectivamente la familia es el primer grupo humano que, en diversas formas, se ha mantenido a través de la historia. Durante siglos la familia ha resistido guerras, catástrofes naturales, cambios de épocas y surgimiento y decadencia de diversas civilizaciones. Cada uno de estos acontecimientos puso su sello en las familias que los vivieron y muchas de ellas se desintegraron bajo su impacto, pero la familia como institución ha permanecido siendo importante para los individuos y las sociedades. Esta es la parte de verdad en la creencia señalada. La parte de mito asocia automáticamente esta familia indestructible a la felicidad humana y rehúsa ver las posibilidades de desintegración y la capacidad deshumanizadora que puede tener la familia en esas circunstancias. Si la familia es algo dado, que está ahí y que seguirá estando, que siempre procura la felicidad de sus miembros, se supone que podrá continuar superando sus dificultades como en el pasado y que no necesita una mayor preocupación por ella. Se priorizan, por lo tanto en la agenda pública otros temas que aparecen como más importantes o urgentes.
El segundo factor es el conflicto de valores entre los sectores políticos y sociales que tienen liderazgo en la sociedad. El tema de la familia no es neutro, sino que está asociado a valores religiosos, éticos y económicos, profundamente arraigados en la cultura. Cuando el tema de la familia se pone en discusión, estos valores entran en conflicto, organizándose en dos grandes posiciones opuestas. La primera busca apoyar a la familia privilegiando la mantención de su status actual en la sociedad y las formas de funcionamiento familiar que tienen más fundamento en la tradición. La segunda busca apoyar a la familia privilegiando el reconocimiento del cambio y la diversidad familiar, y las for-mas de funcionamiento que favorezcan un desempeño no tradicional de roles entre los miembros de la familia. Claras manifestaciones de esta polaridad de posiciones se han observado en los debates sobre el rol de la mujer en la sociedad a propósito de la Conferencia de Beijing, y en la discusión sobre el proyecto de ley de divorcio actualmente en trámite en el Parlamento.
Divididos entre estas dos posiciones antagónicas, tanto el Estado como la sociedad civil quedan seriamente dificultados para abordar el tema de la familia y para lograr consensos que vayan más allá del diagnóstico de los problemas que la afectan. Como resultado, se evita muchas veces discutir este tema para no activar conflictos ideológicos.
El tercer factor son las dificultades que la focalización en la familia plantea para la organización del Estado, y en particular para la actual modalidad de funcionamiento de las políticas sociales.
El Estado organiza su acción a través de los Ministerios, cada uno de los cuales está encargado de un determinado sector. Los sectores sociales están a cargo de los Ministerios de Educación, Vivienda, Justicia, Salud, Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Planificación Nacional. Con excepción de este último, cada uno de los Ministerios citados se plantea metas sociales en relación a su sector, pero el logro de estas metas se persigue fundamentalmente en términos individuales y se mide en términos de número de individuos beneficiados. De este modo, la familia, salvo excepciones, no es considerada en las metas, los proyectos y la evaluación de los programas sociales, en circunstancias que ella es la receptora de todos estos esfuerzos a través de los individuos que la forman.
De hecho, entonces, la sociedad toma diversas medidas para ayudar a los miembros de la familia, pero lo hace en forma fragmentada y descoordinada, siendo pocas veces consideradas las necesidades de la familia como un todo, y sin atender a los efectos de estas medidas en la vida familiar.
En síntesis, pese a las múltiples declaraciones y postulados a su favor, la familia no está siendo efectivamente considerada como un actor relevante en la sociedad y en las políticas públicas, lo que a nuestro juicio deriva de una insuficiente consideración del papel clave que ella desempeña en el futuro del país.
Kaluf y Maurás (1998) plantean tres principios básicos que fundamentan una política de Estado sobre familia. Ellos son: solidaridad y equidad, subsidiariedad e inversión social.
En función del principio de solidaridad, el Estado debe crear las condiciones de equidad necesarias para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de constituir una familia en condiciones materiales y culturales adecuadas. Es importante que las políticas públicas sobre familia se orienten de manera particular a las familias de escasos recursos, por un compromiso de equidad.
En función del principio de subsidiariedad, el Estado debe reconocer la libertad e iniciativa que tienen