centra su atención en las condiciones epistémicas, sociales y políticas para que pueda desarrollarse una buena gobernanza de la ciencia, la tecnología y la tecnociencia, la cual es indispensable en las sociedades contemporáneas para una auténtica democracia. Por gobernanza Olivé entiende los procesos de gobierno y administración de asuntos públicos basados en la interacción de autoridades políticas convencionales y la sociedad civil; esta última representa una participación e influencia relevantes en las decisiones que toman las autoridades, que deben ser en todo momento responsables ante la ciudadanía de la manera más transparente. Con estas connotaciones la gobernanza se aproxima mucho a un gobierno auténticamente republicano que además de la participación continua en los asuntos públicos requiere de la virtud cívica que involucra, tanto aspectos epistémicos (prudencia, apertura al diálogo), como éticos (veracidad, honestidad) y políticos (prelación del bien común).
Olivé señala que para que la ciudadanía pueda participar responsablemente es indispensable que se fortalezca la cultura científica, tecnológica, tecnocientífica y humanística. Que dentro de esa cultura se compartan creencias objetivas con los científicos o tecnólogos, y en general con todos los interlocutores que participen en el diálogo y deliberación plurales respecto a los asuntos socialmente relevantes de la ciencia, la tecnología y la tecnociencia. Además es indispensable que los expertos en ciencia y tecnología, así como las autoridades correspondientes, tengan una amplia sensibilidad para escuchar y atender los diversos puntos de vista de la ciudadanía y llegar a legítimos acuerdos en conjunto.
Dentro de los temas y problemas más relevantes de las políticas en materia de ciencia y tecnociencia, León Olivé destaca las evaluaciones de los riesgos que conllevan para proyectos específicos, como podría ser la manipulación genética de semillas. El tipo de creencias objetivas y argumentos que se requieren para una buena decisión al respecto, no puede limitarse al conocimiento experto de científicos y tecnólogos, ni tampoco podrían ser prioritarios sus intereses como científicos, sino que deben concurrir otros tipos de saberes, intereses y valores de distintos sectores y grupos sociales. Así la inclusión es otra condición necesaria para la buena gobernanza de la ciencia, la tecnología y la tecnocienia. Para construir estas condiciones de la buena gobernanza de la ciencia, el autor considera muy pertinente la formación de comunicadores y de gestores de la ciencia y la tecnología que promuevan el diálogo plural e incluyente y puedan mediar para superar conflictos y propiciar acuerdos.
En su artículo "Valoración social del riesgo tecnocientífico: controversias sobre el desarrollo y la innovación" Jorge Linares observa que en los últimos años la relación política entre la sociedad y el desarrollo tecnocientífico se ha modificado debido a la creciente complejidad de los riesgos tecnológicos y a la dificultad de evaluarlos adecuadamente, ya que dichos riesgos exceden nuestras capacidades colectivas de previsión y constituyen una propiedad emergente de los sistemas tecnológicos actuales.
Los riesgos en el mundo tecnológico son de una dimensión novedosa por la complejidad multicausal y la aceleración del encadenamiento de efectos que los producen. Esta situación obliga a abandonar la idea de que la previsión de riesgos es cuestión exclusiva de expertos y gobiernos. Por el contrario, se requiere un nuevo modelo de relación entre la sociedad y la tecnociencia que procure reducir los riesgos derivados de las interacciones, mediante la deliberación y el control público. Para ello se requiere crear procedimientos de participación ciudadana que enfrenten las aporías del riesgo desde un marco de principios y reglas mínimos ampliamente consensuado. Entre éstos, Jorge Linares propone los siguientes: Principio de responsabilidad, principio de precaución, principio de potenciación de la autonomía y principio de justicia distributiva. Linares coincide con Olivé en que la participación ciudadana en las deliberaciones de política tecnocientífica requiere una amplia comunicación y educación científica y tecnológica de la ciudadanía. Concluye su artículo enfatizando la necesidad de democratizar la tecnociencia para que ésta, a su vez, democratice a la sociedad.
La cuarta y última sección integra varios estudios de caso sobre la relación entre ciencia, tecnología y política. El primero de ellos es el de Mechthild Rutsch "Entre ciencia, política internacional y comunidades científicas". Este texto expone la relación entre saber y poder en el contexto de lo que se ha llamado ciencias del sur y del norte o relaciones entre países centrales y periféricos. Intenta dilucidar una de las formas en que se articulan la antropología y la arqueología mexicanas, con la organización que de estos saberes se estructuró en los países imperialistas a principios del siglo XX.
Las comunidades científicas libran sus propias batallas; pactan alianzas de acuerdo a coyunturas históricas y ámbitos nacionales, se adecuan a facciones de intereses, aceptan valores que muchas veces están condicionados por la búsqueda de beneficios personales. Tales batallas se presentan en la construcción de una ciencia mexicanística. Se analiza la forma en la que los elementos contextuales han alterado o no la estructura del conocimiento de las disciplinas antropológicas en nuestro país y qué lugar guardan dentro del panorama internacional de las ciencias, en un escenario poblado por científicos de diferentes nacionalidades y culturas, con sus respectivas redes de amistad, alianzas o contradicciones. El propósito del texto es mostrar cómo las redes del poder geopolítico se imbrican en las redes científicas.
A continuación Ana Barahona presenta el texto "Introducción e institucionalización de la genética en México en la primera mitad del siglo XX". El trabajo apunta hacia la conformación del campo disciplinario de la genética en México, entendida como la creación de las instituciones alrededor y en las que las actividades científicas se llevaron a cabo. La ciencia es concebida como un fenómeno social en el cual la aceptación o rechazo de nuevas teorías, el uso o la introducción de técnicas nuevas, no depende exclusivamente de su objetividad, sino de la manera como se ha recibido por una comunidad científica en un momento histórico particular. Esta reconstrucción histórica permite entender, por un lado, la estructura de los conceptos y teorías de la genética, y por el otro, cómo se establecieron en una sociedad y finalmente se consolidaron en las instituciones.
La primera etapa de desarrollo de la investigación acerca de la genética aplicada al mejoramiento general fue liderada por Edmundo Taboada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Sus objetivos estuvieron influenciados por el movimiento revolucionario de 1910, buscando el beneficio de pequeños agricultores y logrando la creación del Instituto de Investigaciones Agrícolas. La segunda etapa corresponde a una mirada más capitalista y se da durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Ésta buscaba incrementar la producción en el próspero sector privado de la agricultura, dando lugar a la creación de la Oficina de Estudios Especiales, con la colaboración de la Fundación Rockefeller y sus investigadores norteamericanos.
Estas dos tendencias compartían los mismos objetivos; lograr un aumento en la producción de alimentos básicos en México. Sin embargo, las dos líneas enfocaban la investigación agrícola de manera diferente, con objetivos, apoyos económicos e intereses políticos diferentes, que propiciaron una relación distante entre ellas y que son muestra de la incidencia que el contexto y la política tienen en los procesos de investigación y desarrollo científico con miras al beneficio social o a intereses particulares.
Rafael Guevara Fefer es autor del artículo "El imperio francés, el emperador austriaco y la tradición científica mexicana". Considera que resulta pertinente estudiar las condiciones sociales e intelectuales en las que los científicos crean conocimientos y desempeñan su quehacer. El caso de las políticas científicas del Segundo Imperio y de Francia ayuda a esclarecer los términos de la relación entre ciencia y sociedad, pues los hombres que las pusieron en marcha, a su modo, construían la nación y el imperio, al tiempo que inventaban las nuevas disciplinas científicas y daban forma a la asimetría de las prácticas científicas que imperaba entre los países del norte y del sur.
Este texto es una reflexión sobre las políticas científicas a través del uso parcial y personal de la diversa historiografía de la ciencia mexicana, una sugerencia sobre lo que hoy entendemos y aceptamos que es y que debe ser la política científica en los países como el nuestro. La revisión historiográfica permite valorar el estudio de las políticas científicas de México y Francia durante el Segundo Imperio como una ruta crítica para explicar el