se construyen, institucionalizan y consolidan las políticas destinadas a su atención. En ese punto, cabe notar que en muchos países, como en el caso de México, se crearon dependencias específicas para la puesta en práctica de lo que se ha denominado la “agenda de género” en las políticas públicas.
Una parte de esas preguntas está dirigida a cuestionar el sentido que ha tenido la adopción de una agenda gubernamental de género y el funcionamiento de la red de organismos públicos que la hacen operativa, ya que por un lado se destacan sus virtudes y el papel que cumplen en asegurar la continuidad de los avances en el mejoramiento de la condición de las mujeres, y por otro lado, se les mira como instancias marginales e irrelevantes, como asuntos de importancia solamente discursiva y coyuntural —electoral— para los gobiernos. Con el propósito de contribuir a responder esas preguntas, en estas páginas interesa discutir el posicionamiento del género en la acción pública y la pertinencia de las estrategias y de las dependencias establecidas para construir el curso de la política respectiva.
La trayectoria y reconstitución de la agenda de género en los ámbitos locales
En sentido estricto, el concepto agenda de género no refiere exclusivamente a los problemas de la condición de las mujeres, pues el género es una categoría distintiva que permite capturar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en el mundo social; la categoría ha sido utilizada para examinar las causas y efectos de las acciones públicas en función de esas diferencias, pero es necesario destacar que el género es ante todo una construcción social en permanente debate y reactualización que marca de manera significativa la condición de las mujeres; ello ha conducido a vincular género y mujeres, lo que ha estimulado la identificación de la agenda de género con los problemas y la posición de las mujeres en la sociedad.
En México, la agenda de género ha sido contradictoria en sus fines y medios; también ha corrido con mayor celeridad o lentitud de acuerdo a las vías que se seleccionaron para alcanzar las metas esperadas. Aquí nos ocuparemos de las vicisitudes de la conformación de un modelo nacional de políticas de género y de explicar cómo se articularon las estrategias para ponerlo en marcha en el territorio nacional, particularmente, en el caso de los municipios. En el acercamiento que realizamos a la forma en la que se enfrentaron los retos que planteaba el establecimiento de condiciones de equidad para las mujeres, la incorporación de las políticas de género a la agenda de los gobiernos puede considerarse el resultado de la convergencia de corrientes de presión que configuraron demandas y soluciones, aportaron los recursos para su instrumentación, así como del impulso y liderazgo de actores políticos. Se aprecia también que las formas que adoptó el proceso de su implementación a partir del establecimiento de dependencias y programas públicos, fueron determinadas por las relaciones entre el gobierno federal, los de las entidades federativas y de los municipios, con esquemas de provisión de recursos que apoyaron o restringieron determinadas estrategias para enfrentar, no solamente los rezagos en las condiciones de igualdad de las mujeres, sino las nuevas problemáticas derivadas de las transformaciones de la sociedad.
Nuestro punto de vista aporta claridad al hecho de que en las entidades federativas y en los municipios de nuestro país, el proyecto nacional de género se asumió como resultado de cierta coerción impulsada por el flujo de los recursos económicos por parte del Estado, así como un producto de la coordinación entre los ámbitos de los gobiernos y que el rumbo que se marcó a la intervención gubernamental en el género ha sido resultado de la adaptación, el ajuste y la negociación de las estrategias entre fuerzas y actores políticos colectivos e individuales. Advertimos también que las líneas nacionales interactuaron con las dinámicas locales, de tal modo que el ajuste y el ritmo de su aplicación respondieron a las características del contexto regional, expresándose como un proceso diferenciado y de alguna manera independiente, entre los estados y los municipios de la República.
En la comprensión de la trayectoria de las políticas de género es importante tener en cuenta que su establecimiento en el país comprende un amplio espectro de finalidades y objetivos sociales, difícil de capturar en su conjunto. Una dificultad mayor se encuentra en la heterogeneidad de las regiones y localidades en las que se contempló su aplicación; obviamente, los municipios no pueden ser tratados como un grupo homogéneo en el modo en el que se fueron conformando las estrategias de género en cada uno de ellos; las mujeres tampoco pueden clasificarse como una clase indiferenciada. Frente a estos retos, en este texto se tiene el propósito de aproximarse a la forma en la que las políticas nacionales se fusionaron con las dinámicas locales y examinar si pudieron o no ser incorporadas como nuevas prácticas, en seguimiento al proceso en dos vertientes: una primera corriente amplia, descriptiva de las estrategias nacionales, y luego una vertiente explicativa de su articulación, con enfoque al caso de una entidad federativa. Así nos detenemos y profundizamos en la forma en la que en el Estado de México se fueron desplegando esos esfuerzos y referimos cómo surgieron instituciones, reglas, dependencias y programas públicos, destinados a establecer una esfera de atención para las mujeres.2
Asimismo, se considera que la agenda gubernamental de género es un tema complejo e inagotable dada la multiplicidad de sus componentes y la heterogeneidad de las situaciones en las que se desarrolla; por ello, con el afán de ubicar nuestro análisis, y traer al primer plano algunos temas pendientes en la agenda, marcamos tres líneas que podían contribuir a dar unidad y coherencia a la reflexión: la primera sigue la implementación de las políticas en los gobiernos municipales en el Estado de México como un proceso asociado a las capacidades de la gestión municipal; se argumenta que, la apropiación de las capacidades que permiten a las organizaciones instrumentar y alcanzar los objetivos de las políticas, depende de decisiones políticas, y que los acuerdos operativos en este rubro determinan las potencialidades para que las dependencias cumplan con sus funciones. La segunda línea considera diferencias en los patrones que van incorporándose a la acción de las dependencias en dos aspectos: las reglas formales y las reglas informales, las cuales se traducen en mayores o menores capacidades para la gestión de las políticas mediante el examen de las reglas denominadas “procedimientos de operación estándar”, que identifican las reglas establecidas y seguidas por los actores involucrados, independientemente de ser acuerdos tácitos o reglas no escritas. La tercera línea busca acercarse a los procesos de construcción de la agenda local, al examinar, por una parte, los programas de las dependencias desde la visión que tienen sobre la posición de las mujeres frente al desarrollo y, por otra parte, sus diferencias con el modelo nacional.
Otras líneas que guían la reflexión se encuentran insertas en la idea de observar con mayor amplitud y objetividad la pertinencia de un modelo nacional articulado con una visión de género distante de las necesidades, demandas, iniciativas y posibilidades de las organizaciones locales responsables de su ejecución. Intentamos mostrar y apreciar que las dependencias constituidas para la ejecución de las políticas de género realizan una tarea intensiva, pero que su orientación general, sus programas, su infraestructura y posición en la administración municipal, condicionan sus capacidades para incidir de manera significativa en los objetivos para los cuales fueron constituidas. En esas circunstancias, la reconfiguración de la agenda nacional como una agenda local, se explica como un proceso de enriquecimiento, adaptación y ajuste de la política nacional centralizada.
Apuntes para explicar el desenvolvimiento de la agenda de género
Para ubicar el ángulo desde el cual vemos el desenvolvimiento de las acciones, conviene recordar al lector que, aun cuando en México se ha incrementado y extendido la investigación académica sobre la condición de las mujeres, existen relativamente pocos estudios orientados a explicar cómo se articula la perspectiva de género en las políticas regionales y municipales; entre ellos se pueden identificar aquellos dirigidos a describir e informar sobre la condición de las mujeres en aspectos específicos: demográficos, educativos, familiares, laborales, de participación política y salud reproductiva; y los orientados a examinar los efectos de las políticas públicas en función de indicadores de mejoramiento de la situación y posición de las mujeres en diversos aspectos de la vida económica, política y social del país. Al lado de estos estudios, el campo específico del análisis de la conformación de la política nacional de género