se creía desaparecidas y asesinadas hubiese podido exiliarse y jamás se hubiera enterado de la denuncia es, aunque difícil, plausible en un número pequeño de casos.
Pero a su vez, estos nuevos “cálculos a la baja” eliminan de las cifras estimadas a los asesinados o a quienes sobrevivieron a la persecución, planteando que las víctimas “no serían más que siete u ocho mil” (véase las declaraciones mencionadas de Lopérfido, Gómez Centurión o Fernández Meijide).
Vale la pena de todos modos preguntarse de qué tipos de victimización da cuenta la estimación de “los 30 000”, cómo y bajo qué supuestos fue construida, y analizar la curva de denuncias del ejercicio de la violencia estatal desde el fin de la dictadura al presente, para tener una imagen más global de la complejidad de la discusión, de qué diferentes cuestiones involucra y cómo se las banaliza a la ligera cuando se pretende que las realidades históricas puedan saldarse con un “número final de víctimas”.2
¿De qué se habla cuando se habla de 30 000?
En la discusión sobre las cifras hay una pregunta que parece obvia, pero no lo es: ¿a quiénes incluye el total de víctimas del genocidio argentino? ¿A quienes sufrieron la desaparición forzada y nunca más aparecieron?, ¿a quienes fueron asesinados?, ¿a quienes sufrieron desaparición forzada y sobrevivieron? No tener claridad sobre los criterios con los que se construyen los listados y las estimaciones produce una serie de confusiones que son aprovechadas por el revisionismo de la versión recargada de los dos demonios.
El genocidio argentino contó con cuatro categorías distintas de afectados directos, más allá de que sus consecuencias se esparcieron por el conjunto de la población argentina, generando efectos (distintos pero persistentes) en cada miembro de la sociedad e incluso en las generaciones siguientes. Estas cuatro categorías cuentan, además, con algunos solapamientos y superposiciones entre ellas.
Pero, intentando simplificar y no tomando en cuenta los casos de cesanteados, exiliados, insiliados o familiares de las víctimas, esto es, incluyendo solo a los afectados de modo físico directo en sus cuerpos por la violencia estatal o paraestatal, se podría dividir a esta población en los siguientes grupos:
1) aquellos que fueron asesinados (esto es, sus cuerpos fueron entregados a sus familias o abandonados en el lugar del hecho o en lugares donde fueron descubiertos con rapidez),
2) aquellos que fueron desaparecidos (esto es, secuestrados y mantenidos en centros clandestinos de detención, sin otorgar información sobre su paradero o asesinados, pero sus cuerpos fueron ocultados o destruidos en condiciones de clandestinidad, sin jamás brindar información sobre ello),
3) los presos políticos, esto es, aquellos que fueron detenidos legalmente y puestos a disposición del poder ejecutivo o de la justicia,
4) aquellos niños que fueron secuestrados de sus familias y apropiados por familias cercanas a los perpetradores o entregados ilegalmente en adopción, siendo que algunos pudieron ser identificados y la mayoría continúan viviendo con sus identidades adulteradas y sin conocer su origen ni tampoco permitir a sus familias conocer su paradero.
Dentro del grupo de las personas secuestradas y desaparecidas, existe un gran número que fue liberado (con el fin de generar terror en la sociedad, según la hipótesis más consistente para los propios sobrevivientes y para los investigadores) y otros que continúan desaparecidos hasta el día de hoy.
El prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (eaaf) y otros equipos de trabajo similares han realizado un importante aporte en todos estos años al permitir el reconocimiento de algunos de los cuerpos enterrados clandestinamente o arrojados a ríos y mares y aparecidos en las costas y han logrado recuperar las identidades de un número importante de estos desaparecidos, que a partir de ello pueden ser contabilizados como asesinados.
A su vez, muchos de los desaparecidos que fueron liberados fueron reconocidos posteriormente como presos políticos, esto es, atravesaron dos de las categorías, algo bastante común.
Por último, y en gran parte debido al loable y persistente trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, más de un centenar de niños que fueron apropiados han logrado conocer sus identidades y reunirse con sus familias. Es un proceso que continúa hasta el día de hoy y gracias al cual se siguen encontrando niños apropiados, hoy adultos.
Todo esto resulta más claro ahora, en 2018, luego de décadas de investigación. Durante la misma dictadura, cuando se llevaban a cabo las estimaciones de víctimas, muchos de los liberados continuaban desaparecidos y muchísimos casos no tenían denuncias (de hecho, veremos que sigue habiendo nuevas denuncias cada día, aún en 2018).
La estimación de 30 000 víctimas, por lo tanto, fue realizada a partir de suponer el número de casos aún no denunciados con base en el universo de denuncias con el que se contaba hacia fines de la década de los 70, tomando en cuenta el testimonio de algunos liberados de los campos de concentración, declaraciones de represores tanto públicas como en los propios centros de detención y otras fuentes documentales o testimoniales a las que se tuvo acceso en aquel momento, en las difíciles condiciones del exilio o la persecución interna.
La segunda aclaración que resulta relevante puntualizar es que ningún genocidio puede contar con un número definitivo de víctimas, ya que el subregistro y la subdenuncia son endémicos, tanto por la imposibilidad de lidiar con el trauma que implica el proceso de destrucción, el arrasamiento de familias completas que impidió que existiera quien pudiera dar cuenta de los hechos, el terror de los familiares, amigos o vecinos a que la denuncia reactualice la persecución, o cuando menos la estigmatización de la familia afectada (muy en especial en pueblos pequeños), las disputas dentro de los propios núcleos de origen a partir de la vergüenza que generaba en familias conservadoras la existencia de una desaparición o el involucramiento con organizaciones políticas insurgentes, la falta de confianza en el aparato estatal, entre otros motivos. Es así que no existe una lista de 6 000 000 de judíos asesinados en la Shoá, ni de 1 500 000 a 2 000 000 de armenios víctimas del ittihadismo turco, ni de los 3 000 000 de bengalíes que se estima asesinados en el genocidio implementado por Pakistán durante las luchas por la liberación en 1971, ni de los 2 000 000 de camboyanos aniquilados por el régimen del Khmer Rouge, ni de los 250 000 guatemaltecos asesinados entre 1954 y 1996 como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional en aquel país, y así podríamos continuar con cualquier otro caso histórico. También que todas estas cifras suelen ser discutidas, aunque nunca nadie logró estimaciones más confiables que justificaran transformar esas primeras construcciones simbólicas.
Esto es, en los procesos genocidas solo se puede contar con estimaciones, que se construyen a partir de los números constatados de víctimas y los cálculos que se hacen sobre el porcentaje que este número constatado puede implicar en relación con el número total, que es siempre un número indeterminable.
En el caso argentino, la estimación de los 30 000 incluía a todos aquellos que habían pasado por el proceso de secuestro y desaparición (sin que pudiera saberse en esos años quiénes serían liberados o no), a los niños apropiados y también a quienes fueron directamente asesinados. No así a los presos políticos que, a menos que hubiesen pasado por un proceso previo de desaparición forzada (que fue bastante común), no eran incluidos en los cálculos. Ni tampoco, por supuesto, a los exiliados, insiliados o a los cesanteados.
A partir de esta aclaración, podemos concluir que la estimación de 30 000, realizada en las difíciles condiciones de la lucha contra la dictadura genocida y con pocos elementos, sigue pareciendo correcta al día de hoy como confiable y precisa en relación con aquello de lo que se quería dar cuenta: el conjunto de desaparecidos, asesinados, sobrevivientes y menores apropiados. Si se analizan las curvas de denuncias desde la dictadura hasta el presente y el posible agregado de los casos que continúan sin denuncia o que nunca serán conocidos, es posible que el número sea bastante cercano.
O, cuando menos y para decirlo con otras palabras, que con la información que se tiene en 2018 tanto a nivel oficial como por parte de los investigadores del tema no existen elementos que sugieran modificar ni cuestionar dicha cifra ni reemplazarla por otra que pueda aparecer