de Antropología e Historia [ICANH], 2009); Myriam Jimeno, Juan Gregorio Palechor: Historia de mi vida (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005); Lorenzo Muelas Hurtado, La fuerza de la gente: Juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambía, Colombia (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia [icanh], 2005).
22 Bruno Schlegelberger, Los arhuacos en defensa de su identidad y autonomía, resistencia y sincretismo (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1995); Enrique Mendoza, “Cambio de mentalidad y colonización del territorio arhuaco”, Antípoda: Revista de Antropología 4, n.° 1 (1988): 67-134.
23 Bastien Bosa, “Volver: El retorno de los capuchinos españoles al norte de Colombia a finales del siglo XIX”, Revista de Historia Regional y Local 7, n.° 15 (2015): 141-179; Catalina Muñoz, “Indigenous State Making on the Frontier: Arhuaco Politics in the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, 1900-1920”, Ethnohistory 63, n.° 2 (2016): 301-325; Bosa, “¿Despojados por ley?...”; Juan Felipe Córdoba, En tierras paganas: Misiones católicas en Urabá y en La Guajira, Colombia, 1892-1952 (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015).
24 Dunen Muelas, Ángela Santamaría y Juan Sebastián Sosa, “Acción colectiva indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta: Una retrospectiva desde el proceso organizativo arhuaco (1920-1960)”, en Escuela intercultural de diplomacia indígena: Memoria, derecho y participación, ed. por Ana Catalina Rodríguez Moreno, Pedro Rojas Oliveros y Ángela Santamaría Chavarro (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2012), 97-150.
25 Muñoz, “Indigenous State Making…”, 338.
26 Édgar Naranjo, “Entre los límites de la autonomía indígena y los procesos de intermediación legal: Emergencia de la representación política del pueblo arhuaco ante el Gobierno colombiano en el marco del conflicto por la tierra y la demarcación de la Línea Negra”, en Escuela intercultural de diplomacia indígena: Memoria, derecho y participación, ed. por Ana Catalina Rodríguez Moreno, Pedro Rojas Oliveros y Ángela Santamaría Chavarro (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2012), 151-172.
27 Bosa, “¿Despojados por ley?...”, 132.
28 Annie Coombes, Rethinking Settler Colonialism: History and Memory in Australia, Canada, New Zealand and South Africa (Manchester: Manchester University Press, 2006), 6-10.
29 Sidney Tarrow, El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza Editorial, 2012), 31.
30 Tarrow, El poder en movimiento…, 37.
31 Charles Tilly, Popular Contention in Great Britain, 1758-1834 (Cambridge: Harvard University Press, 1995), 41.
32 Tarrow, El poder en movimiento…, 84.
33 Marc Steinberg, “The Talk and Back Talk of Collective Action: A Dialogic Analysis of Repertoires of Discourse among Nineteenth-Century English Cotton Spinners”, American Journal of Sociology 105, n.° 3 (1999): 751.
34 Barrington Moore, La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1996), 18-20.
35 Prada, “Luchas campesinas e indígenas”; Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas…
Durante la segunda mitad del siglo XIX, las élites de los Estados nación latinoamericanos vieron a los pueblos indígenas como un obstáculo para el progreso y la civilización. Ante esto, las naciones desarrollaron diferentes políticas que tenían el mismo fin: la desaparición física o cultural de las poblaciones indígenas en sus territorios. Para este objetivo cada Estado utilizó distintos métodos, los cuales pueden englobarse en, al menos, tres modalidades que fueron implementadas tanto de forma exclusiva como simultánea. En primer lugar, se efectuó la progresiva eliminación de las costumbres, tradiciones y formas de vida de los indígenas para lograr la eventual desaparición de sus grupos. En segundo lugar, se llevaron a cabo estrategias de segregación de los pueblos indígenas en lugares lejanos y apartados, denominados resguardos o reservas, con el fin de hacer una separación entre estos grupos y el resto de la sociedad. En tercer lugar, en algunos casos, se buscó la eliminación física de los pueblos, lo que llevó a campañas de exterminio de los grupos nativos.1
En Colombia, las leyes y programas de gobierno del siglo XIX estuvieron enfocados principalmente en la primera de las tres modalidades presentadas, pues buscaron que los indígenas se integraran prontamente a la forma de vida económica, social, cultural y política de la mayoría de la sociedad. Por esta razón, una de las medidas hacia la asimilación de los indígenas fue la progresiva supresión de la propiedad colectiva existente desde la época colonial bajo la forma de los resguardos;2 sin embargo, es importante aclarar que estas intenciones oficiales no siempre se llevaron a la práctica. De hecho, los resguardos del sur del país, especialmente en los departamentos de Nariño y Cauca, continuaron existiendo gracias al poco desarrollo económico de la región y la ineficacia del Estado para llegar hasta estas zonas.3
Con la expedición de la Constitución de 1886 y la consolidación de la alianza entre el Estado colombiano y el Vaticano en el Concordato de 1887, el proyecto de los gobiernos conservadores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX para la población indígena fue el de colonizarla y civilizarla con la ayuda de la Iglesia católica. Dicha empresa se resumía en “ganar almas para el cielo y ciudadanos para la República” y estaba dirigida especialmente a las zonas de más difícil acceso, consideradas áreas sin ley ni orden.4 Este proyecto se implementó con la ayuda de las misiones católicas, a las que por medio de la Ley 89 de 1890 se les otorgó una amplia autoridad sobre las poblaciones indígenas que estuvieran evangelizando.
Posteriormente, en las décadas de los veinte y los treinta, las formas de vida de los grupos indígenas empiezan a ser vistas por el Estado como un problema social relacionado no solamente con la educación, sino también con la tierra y la autodeterminación de dichos grupos;5 ante esto, se vio la necesidad de crear instituciones y organizaciones que promovieran la integración de los nativos a la vida nacional. La primera institución conformada con este objetivo fue el Instituto Indigenista de Colombia, fundado en 1943, pero este solo estuvo en funcionamiento unos años. Luego de este instituto, el trabajo de promoción y seguimiento de la asimilación indígena se delegó a la Sección de Negocios Indígenas del Ministerio de Agricultura, en 1958, y tan solo dos años después esta labor pasó a la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Aunque dichas instituciones aún se centraban en la progresiva transformación de los indígenas de la vida “salvaje” a la vida “civilizada”, para la época ya existía un reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos y, en cierta medida, esta diversidad era valorada.6
Así, el Estado centralista colombiano buscó de distintas maneras llegar a las zonas más apartadas de la geografía nacional y llevar a cabo el proceso de “integración” de los indígenas; no obstante, y contrario a lo que suele creerse, este proceso no fue únicamente unidireccional