hacia las necesidades de la gente y del medio ambiente. No se trata de una visión pesimista, por el contrario, esta visión representa una genuina apreciación de que las cosas no marchan bien, y de que necesitamos actualizar y modernizar las políticas públicas que definen el rumbo y la proyección de nuestros municipios, regiones, estados y del país entero, hacia la consolidación de un economía verde.
¿Por dónde empezamos?
Detonar la economía verde requiere de transformaciones y cambios de paradigmas que involucran diferentes estructuras institucionales del país; algunos podrían ser graduales, otros disruptivos, pero resulta prioritario reconocer que es necesario iniciar con la voluntad de innovar. En este sentido, la transformación que se propone comienza desde las pequeñas localidades, los municipios, las regiones y los estados del país; lugares en donde se amplíen las oportunidades del desarrollo social fundado en el emprendimiento, la capacitación y una revolución educativa y tecnológica encaminada a proteger verdaderamente al medio ambiente como el bien público que representa y, al mismo tiempo, se fomente una economía más inclusiva que se exprese en un ganar-ganar para toda la sociedad.
Para comenzar con este proceso, resulta necesario que cada individuo innove para mejorar el entorno, rompiendo las barreras mentales que impiden el propio progreso y el proceso de transformación como sociedad. Cambiar hábitos y actitudes negativas ayudará a ser creativos y a transformar el entorno con la aportación de nuevas ideas o productos y servicios que beneficien a la sociedad en general.
La economía verde no es una utopía, sobre todo si tomamos en cuenta que la innovación es el motor del desarrollo y del crecimiento económico de muchos países; debido a ello, no es casual que las naciones que ocupan los primeros lugares en el ranking de innovación, coincidan con las que tienen un mayor nivel de ingreso y una mejor calidad de vida. En 2016, el Índice Mundial de Innovación, publicado anualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), situó a México en la posición número 61 de 128 países que conforman el ranking; lo que indica que, si bien se ha avanzado cinco lugares desde el 2014, la brecha entre los países desarrollados que encabezan la lista y nuestro país, aún es demasiado amplia (OMPI, 2016).
Países como Suiza, líder en la lista desde hace seis años, se caracterizan por tener una economía basada en el conocimiento y la innovación; con una población escasa y recursos naturales limitados, este país ha basado sus procesos productivos en la investigación y el desarrollo, estrategia que lo posiciona como la primera economía a nivel mundial. En este sentido, México no solamente es un país rico en lo que refiere a recursos naturales, sino que también cuenta con el capital humano suficiente para posicionarse como una potencia mundial que asegure bienestar económico, social y ambiental a todos los mexicanos; sin embargo, esto solo será posible si comienza a innovarse como nación.
Para ello requiere las condiciones propicias para llevar a cabo este proceso, es decir, debe existir una cultura de innovación. Transformar los valores que conforman nuestra cultura como país será el primer paso. Como indica Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía (2013), será necesario dejar atrás aquellas actitudes y acciones a las que desafortunadamente les hemos dado «valor», al grado de llegar a considerarlas valores inherentes a la cultura tales como la corrupción, el mínimo esfuerzo, el conformismo, el «mañana lo hago», entre muchas otras que frenan y obstaculizan la innovación y el desarrollo.
Es indispensable adoptar y fortalecer nuevas actitudes que lleguen a convertirse en valores que alienten a aventurarse, a ser más creativos, a explorar, a tener curiosidad e iniciativa, a ser autocríticos y responsables; donde no se limite la libertad de crear y emprender, donde el crecimiento económico y el ámbito material no sea el fin, sino que este sea alcanzar una mejor calidad de vida y el crecimiento personal y profesional con una visión más social. Con la incorporación de valores que fortalezcan la innovación, como señala Phelps, será posible alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico, socialmente incluyente y ambientalmente responsable para todos los mexicanos.
Detonar esta nueva cultura requiere de ciertas condiciones o elementos fundamentales. Para empezar, deben existir líderes con una visión que cuestione el statu quo, es decir, las formas en las que se han hecho las cosas en el país, tanto en lo económico como en lo social y ambiental; de igual manera, debe existir un entorno y los recursos necesarios como tiempo y financiamiento para que sea posible innovar. Por otro lado, en este proceso de innovación se debe considerar la experimentación y el riesgo de fracasar que existirá siempre; sin embargo, la concepción del fracaso debe transformarse y concebirse como una experiencia para futuras innovaciones. De esta manera, por medio de la colaboración transversal de todos los sectores del tejido económico y social del país, con la diversidad de opiniones que participen dentro del proceso creativo, será posible innovar como nación (Innovación Cl, 2013).
En este contexto, Greenhalgh y Rogers (2010) definen la innovación como «la aplicación de nuevas ideas a los productos, procesos y otros aspectos de las actividades de una empresa encaminados a incrementar el valor»; tomando como referencia lo expuesto por el economista Joseph Schumpeter, estos autores agregan que dicho concepto también representa la creación de nuevos mercados, o el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de materias primas (Greenhalgh, Rogers, 2010, pág. 4).
Estas sencillas definiciones hacen referencia a la innovación desde una perspectiva económica empresarial, sin embargo, es preciso señalar que para que esta surja de manera amplia en una nación, es necesaria una perspectiva vasta, una con profundo sentido social que sea detonada desde las regiones del país a partir del ámbito personal; que transite por instituciones básicas como la familia para continuar a través de los procesos públicos impartidos en los organismos educativos. Es decir, detonar y fortalecer los valores de la innovación requiere de la participación social, pública y privada del Estado en su conjunto. Las diferentes instituciones públicas y privadas la necesitan para impulsar su transformación y generar el cambio en México.
La transición hacia una economía verde es un proceso que involucra a todos los actores de la sociedad, desde el ámbito personal hasta el institucional local y regional; sin embargo, es preciso subrayar la importancia y responsabilidad de quienes ostentan la dirección de las instituciones en este proceso de transformación. El Estado (en su más amplia expresión), funge como un detonante de la innovación en el país, y es responsable de crear ecosistemas de innovación donde mentes creativas se retroalimenten de sus triunfos y fracasos, para que los individuos e instituciones sean capaces de llevar a cabo los cambios de los procesos, así como la introducción de nuevos servicios y productos en los mercados; o en su caso, la apertura de nuevos mercados para transformar la economía.
Si bien la teoría neoclásica económica, de la mano del liberalismo económico, sostiene que el papel del Estado debe ser limitado a la hora de involucrarse en los asuntos de los mercados y su funcionamiento, ya que el sector privado por sí mismo puede regularse y crear las condiciones necesarias para que el proceso de innovación, que detona el crecimiento y desarrollo económico sea llevado a cabo, es necesario corregir esta visión, pues se ha demostrado que el Estado juega un papel determinante dentro de esta fase. El conocimiento empírico ha probado que el Estado no se limita a reparar las fallas del mercado para funcionar libremente, sino que este tiene también la capacidad de detonar el proceso de innovación, promoviendo el desarrollo tecnológico de las industrias del país mediante la inversión en capital de riesgo, buscando con esto que mediante el emprendimiento y la innovación, se logre el crecimiento económico, la inclusión social, mejores técnicas y tecnología más amigable con el medio ambiente.
En este sentido, Mariana Mazzucato (2013) subraya la importancia del Estado para generar las condiciones necesarias para fortalecer el proceso de innovación no solo dentro de las industrias, sino también dentro de las universidades, para crear de esta manera los llamados «ecosistemas de innovación», orientados a la creación y configuración de mercados económicos. Respecto al papel de los gobiernos en este proceso, también menciona que «los responsables políticos y los gobiernos de todo el mundo deben replantearse cómo ganar en futuras inversiones, esto ayudará a que haya suficiente dinero para reactivar las tecnologías del mañana» (Mazzucato, 2013). Es decir, los gobiernos también deben obtener alguna utilidad