procesos de investigación en contra de los efectivos de la Fuerza Pública que habían sido acusados de violar los DD. HH., aunque, pocas veces los procesos se traducían en condenas y, por el contrario, imperaban las absoluciones, las dilaciones injustificadas, las nulidades y las amenazas en contra de los jueces; ii) un giro en las políticas gubernamentales de seguridad y de orden público, que se refleja en el inicio de un proceso de institucionalización del discurso de los DD. HH.; y, iii) al ser limitado el accionar de la fuerza pública, se da lugar a la reaparición y auge de agrupaciones de extrema derecha organizadas para cometer, en la ilegalidad, los crímenes que a la Fuerza Pública ya no le eran permitidos o que, simplemente, no eran bien vistos por la comunidad internacional96.
1.3. La guerra de baja intensidad
Se calcula que en los años 70 la JPM llevó a prisión a más de 50 000 personas como fórmula para detener el avance de la movilización social en el país; sin embargo, durante la transición de las décadas del 70 y del 80, la capacidad estatal para reprimir por vía militar a los ciudadanos entró en franca deslegitimación, a la par que la defensa de los DD. HH. ganaba terreno. Sin menospreciar el lugar que conservó la denuncia en contra de la arbitrariedad militar en la agenda de los defensores, podría afirmarse que se inicia entonces una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de tres fenómenos sucesivos que transformaron el carácter de las demandas relacionadas con la defensa de los DD. HH.: i) la lucha contra la guerra sucia y por develar las relaciones entre paramilitarismo, narcotráfico y Estado97; ii) la búsqueda por una salida negociada al conflicto y la construcción de paz; y iii) la convocatoria y participación de la sociedad civil en la Asamblea Nacional Constituyente. Adicionalmente, se presenta una breve reflexión sobre las razones que, a la luz de las fuentes consultadas, llevaron al movimiento de DD. HH. a no manifestarse con la misma vehemencia en contra de la violencia desplegada por las agrupaciones insurgentes, a pesar de que para este momento algunos sectores ya insistían en denominar dicha violencia como violaciones a los DD. HH.
1.3.1. Contra la guerra de baja intensidad: revelar a los enemigos invisibles
Como ha quedado de manifiesto, durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981) los DD. HH. fueron proyectados como base de las relaciones internacionales norteamericanas, lo que contribuyó a la pérdida del poder político por parte de los militares en América Latina. Los continuos escándalos sobre los efectos nocivos de la desmedida autoridad de las FF. AA. para controlar a la población, obligó a los Estados latinoamericanos a adoptar cambios en sus políticas de seguridad interna, para ponerse a tono con las directrices estadounidenses. Estos acontecimientos marcaron la declinación de la DSN y su reformulación como estrategia para enfrentar fenómenos como la victoria sandinista en Nicaragua, la guerra civil en El Salvador y lo que sería la recta final de la guerra fría98.
A inicios de la década de 1980, mientras una salida bélica a la confrontación entre las potencias parecía descartada, aumentaban las manifestaciones de violencia política alrededor del mundo subdesarrollado99. Como consecuencia de ello, la DSN fue reformulada por los EE. UU. para adoptar una modalidad específica en las áreas conflictivas del continente, la guerra de baja intensidad —GBI—. Esta nueva fórmula de intervención militar marcó el fin del militarismo en Centroamérica y el Caribe, y abrió las puertas para el desarrollo de un nuevo plan contrainsurgente de aplicación local, diseñado con el objetivo de combatir los intentos revolucionarios de los movimientos de liberación, insertos en conflictos sociales, económicos y políticos (pero también de incentivarlos dependiendo del interés).
Aunque el concepto de baja intensidad solamente fue desarrollado a profundidad hasta la publicación en 1992 del manual de operaciones Military Operations in Low Intensity Conflicts100, la aplicación real de esta modalidad de guerra se venía gestando desde el Gobierno de Richard Nixon (1969-1974) como parte de la experiencia de su derrota en Vietnam (la superioridad de las fuerzas convencionales nada podría conseguir contra fuerzas no convencionales) y tuvo como punto intermedio de evaluación el manual de operaciones militares del ejército de los EE. UU. de 1986, denominado Contraguerrilla Operations101. El alcance de la estrategia se relaciona con la discriminación de los conflictos internos de acuerdo con su intensidad y, a partir de allí, limitar el uso de la fuerza según la capacidad del adversario. Lo que se procuraba no era únicamente la victoria militar, sino un fin integral a largo plazo: destruir la fuerza política, moral e ideológica de la oposición insurgente, la guerra se consolidó como un asunto más allá de lo estrictamente militar.
En términos de contrainsurgencia, la estrategia fue comúnmente desplegada en tres fases: i) estabilización militar y política; ii) manutención de la presión militar, psicológica y política, de forma sostenida y gradualmente intensificada con el objetivo de presionar la entrega de los enemigos; y iii) agudización de la ofensiva militar, psicológica y política, contra la insurrección102. La ejecución de cada una de las fases otorgó gran centralidad a las operaciones psicológicas como factor determinante para el posicionamiento de una imagen protectora o liberadora frente a las masas, lo que se refleja en el emprendimiento de vastas campañas de desprestigio en contra del adversario. Dada la magnitud de la tarea, este tipo de conflictos obtuvo un carácter global y prolongado, que al combinar la ayuda social con acciones militares y paramilitares apuntaba a romper las bases sociales del movimiento revolucionario para detectarlo, infiltrarlo y eliminarlo103.
La GBI se desarrolló en Colombia de forma particular ante la emergencia de nuevos actores fortalecidos por el narcotráfico. Las acciones de grupos como el MAS a inicios de los años 80 ejemplifican lo anterior, en actos que marcaron la reaparición del paramilitarismo como producto de la combinación del interés de las élites por reprimir la protesta social y de los grupos narcotraficantes por afianzar su poder104. En este contexto, la denuncia sobre las diferentes relaciones ‘invisibles’ creadas entre narcotráfico, paramilitarismo y Estado se convirtió en un factor estimulante para la acción colectiva por la defensa de los DD. HH., que se desarrolló en tres momentos: primero, la reaparición de los grupos paramilitares; segundo, la guerra contra el narcotráfico; y tercero, la prohibición temporal del paramilitarismo mientras se desarrollaba la constituyente105.
La reactivación del paramilitarismo
Como se ha reiterado, al finalizar el Gobierno Turbay, la presión nacional e internacional por limitar las facultades de las FF. AA. llevó a un desmonte gradual de las atribuciones a los militares y a la exploración de nuevos tratamientos al conflicto106, oscilando entre los acercamientos de paz, la oposición de los militares (reacios a reconocer el carácter político de la subversión) y la revitalización del paramilitarismo. La voluntad de paz se vería trastocada por oleadas de violencia que incluían, por un lado, la ejecución de masacres en lugares de influencia guerrillera, a manos de civiles encubiertos por la fuerza pública; y por el otro, una seguidilla de secuestros y la detonación de bombas en Bogotá y otras ciudades del país por parte de la insurgencia107.
En este contexto, organizaciones defensoras de los DD. HH. presentaron sus primeros balances sobre las consecuencias de la reactivación del paramilitarismo y, específicamente, sobre las actividades del MAS. El 25 de noviembre de 1982 el CPDH dio a conocer su informe al respecto, dando cuenta de que, tras 11 meses de seguimiento a la actividad paramilitar, tan solo a esta agrupación le fueron atribuidos 96 asesinatos y 65 secuestros108. Este informe estuvo secundado por la American Watch Reporter y el Comité de Abogados de los Derechos del Hombre, organizaciones que, el 5 de diciembre de 1982, lanzaron en Nueva York su informe titulado “Los derechos humanos en las dos colombias”, del cual se destaca:
…a pesar de hallarse comprometido en varios cientos de muertes, de gentes desaparecidas, de secuestros temporales, de torturas durante el último año, las autoridades no han tomado acción alguna contra el MAS … Los informes presentados por el Departamento de Estado ante el Congreso sobre los Derechos Humanos en Colombia deben ser revisados pues no corresponden a la realidad. Los Estados Unidos deben cesar toda ayuda militar a Colombia, mientras encuentran mecanismos para fortalecer la organización democrática109.
En un primer