común como violaciones de los derechos humanos, ya en el campo jurídico tienen que tipificarse con otras categorías, con el fin de evitar la confusión sobre quién es el responsable de garantizarlos, y con el fin, también, de evitar consagrar la desigualdad en dicha garantía133.
1.3.2. La apertura democrática y la búsqueda de la paz
Figura 5. “Belisario Betancur, fotografías de una vida”
Fuente: Semana, “Belisario Betancur, fotografías de una vida”, Semana [Bogotá], diciembre 7, 2018.
La segunda variación de las demandas promovidas por los defensores de DD. HH. a lo largo de la década de 1980 se encuentra en el interés por posicionar la apertura democrática como una necesidad. A raíz de la lucha por tal apertura, el movimiento de DD. HH. efectuó constantes llamados para garantizar espacios de participación política a todos los sectores de la vida nacional, incluidas las guerrillas. Por esta razón, apertura democrática y paz se convirtieron en asuntos de interés que, de forma paralela, fueron jalonados por los defensores, tornándose en factores de identidad para las luchas relacionadas. Hacia 1981 la escena política colombiana se batía entre la desestabilización del Gobierno Turbay, como resultado de las continuas acusaciones por la violación a los DD. HH. y la esperanza de alcanzar un acuerdo amplio de paz, retomando la experiencia de negociación que había permitido resolver la toma de la embajada de la República Dominicana en 1980. Estas condiciones impulsaron la elaboración de un marco jurídico para amnistiar a los insurrectos que, a pesar de no producir mayores resultados, sirvió como antesala para que la negociación fuera uno de los temas álgidos durante la campaña presidencial de 1982, en medio del debilitamiento del poder de los militares, el levantamiento del estado de sitio y el desmantelamiento del Estatuto de Seguridad134.
Tan pronto alcanzó la victoria, Belisario Betancur se dio a la tarea de materializar sus propuestas de paz y apertura democrática, integrando a diferentes actores de la sociedad civil. De hecho, sus primeras palabras como presidente fueron: “Levanto una bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos…”135. Esta apuesta, junto con la promesa de que durante su Gobierno no se derramaría ni una sola gota de sangre, llevaron al nuevo mandatario a hacerse merecedor de tempranos reconocimientos y elogios por parte de la comunidad internacional. Una de las primeras manifestaciones de apoyo recibidas provino de la CIDH, presidida por el jurista colombiano Gerardo Monroy Cabra, que el 16 de noviembre de 1982 lanzó un informe positivo sobre la situación de los DD. HH. en el país, resaltando los esfuerzos del presidente Betancur y de los grupos guerrilleros por alcanzar la paz.
Colombia se constituyó en uno de los pocos países del continente que obtuvieron avances notables en la protección y promoción de los Derechos Humanos, en los últimos doce meses, y la conducta que adoptó el Gobierno frente a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue altamente elogiada por ese organismo. La comisión reconoció que el país adoptó medidas legislativas en los últimos meses que constituyen progreso en materia de Derechos Humanos136.
Aunque para 1982 podría considerarse la existencia de un común acuerdo sobre la necesidad de alcanzar la paz, pronto comenzaron a evidenciarse diferentes interpretaciones sobre las formas para llegar a ella. Por un lado, se encontraban quienes reconocían la imposibilidad de obtener una victoria militar por cualquiera de las partes y hacían énfasis en el diálogo. Por el otro, quienes proponían el desarrollo de un plan estratégico que combinara el tratamiento de las causas sociales, económicas y políticas del conflicto con la recuperación del poder para los militares137. Más allá de las diferencias, como lo señalaba Enrique Santos Calderón en una de sus columnas para El Tiempo, los primeros meses de Betancur estuvieron ambientados por la esperanza, “Uno se da cuenta de que algo ha cambiado en el país cuando el partido liberal, que tenía un proyecto parcial y condicionado, anuncia su apoyo a una amnistía amplia y total; cuando El Siglo, que tantas zancadillas le puso al proceso, decide que ha llegado la hora de respaldarla…”138.
Pese al optimismo, pronto la imposibilidad de conciliar entre las múltiples visiones sobre la paz, sumada a los intereses de las partes por obtener ventajas militares se convirtieron en obstáculos al proceso de negociación, fenómeno que ha sido analizado por Fernán González, así:
…el fracaso de este proceso mostraba que era imposible lograr la paz cuando los actores involucrados buscaban conseguir ventajas militares y políticas: las FARC inscribían las negociaciones en su proyecto de expansión territorial y de consolidación de un ejército popular para una guerra prolongada, mientras el M-19 buscaba conseguir mayor protagonismo político privilegiando la presión militar. Por otra parte, los gremios reducían la paz al desarme y desmovilización de la guerrilla, sin pensar en la necesidad de reformas económicas y sociales, en tanto que los partidos políticos utilizaban la paz como bandera electoral, sin considerar las necesarias reformas del régimen político. Y amplios sectores de los mandos militares, como el general Landazábal, consideraban al proceso de paz como parte de una estrategia continental de gobiernos pro-izquierdistas, como el de España (¿?), destinada a abrirle paso a la revolución comunista mediante la paralización de la respuesta armada del Ejército139.
Lejos de consolidarse, las negociaciones oscilaron entre profundas manifestaciones de voluntad y precarias condiciones para materializar los acuerdos parciales a los que eventualmente llegaban las partes140. Aun así, en medio de este panorama, los defensores de DD. HH. fortalecieron su rol como promotores del diálogo, jugando un papel central al interior de la Comisión de Paz141, lo que explica, en parte, la generación de intensas discordias entre la Comisión y el ministro de la Defensa y la intervención presidencial para llamar al orden a los militares. El 18 de enero de 1984, durante un discurso frente a su consejo de ministros, el presidente intentaba mitigar la aversión de los militares al proceso de paz, señalando: “…las Fuerzas Armadas no pueden ser deliberantes ni participar en política, porque ello afecta su unidad, su disciplina interna y su tarea profesional”142.
En este punto de las conversaciones, diferentes críticas al proceso de paz iban ganado cada vez más fuerza. De un lado, el hecho de no haber pactado la dejación de armas por las FARC y su lanzamiento como partido político, lo que fue considerado por los opositores al proceso como el inicio de un proselitismo político armado. Por el otro, las advertencias de diferentes sectores sociales independientes que consideraban que los pactos no contemplaban condiciones mínimas para frenar los secuestros y los atentados a la propiedad, acabar con el MAS y desarrollar la reforma agraria143. De la mano de estas críticas, no puede perderse de vista que la crisis del proceso de paz fue causa, pero también el resultado, de que tanto la insurgencia apostara por aumentar sus actividades militares, como de que el Ejército diera rienda suelta a una fuerte arremetida en los territorios de mayor arraigo subversivo.
De esta forma, departamentos como Caquetá, Huila, Cauca o Meta se convirtieron en el escenario de una guerra indiscriminada que afectó profundamente a la población civil, generando un ambiente de violencia que derivó en un nuevo Decreto de estado de sitio el 14 de marzo de 1984, con la expedición del Decreto 615 de 1984144. Si bien la justificación para decretar la excepción fue la lucha contra la insurgencia y contra los carteles del narcotráfico, los verdaderos efectos de su desarrollo se reflejaron en la restricción de los derechos a la protesta social y a la participación democrática145. Al tiempo que eso sucedía, la represión normativa fue combinada con el proceso de exterminio que sufrió la UP; lo que llevó a la ruptura de las negociaciones con las FARC y determinó la apuesta de esta guerrilla por lo militar en desmedro de lo político146. La crisis de las negociaciones derivó en la renuncia de los comisionados de paz; sin embargo, este hecho pasaría inadvertido, pues, luego de las tensiones presentadas entre el M-19 y el Gobierno nacional en el departamento del Cauca, la situación tomó un nuevo rumbo.
Los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia en 1985 permiten explicar