los 1.000 muertos de la UP. encabezados por su inolvidable Presidente JAIME PARDO LEAL, los centenares de dirigentes de otras fuerzas de izquierda, el asesinato de demócratas liberales como el doctor HECTOR ABAD GOMEZ, las masacres de modestos y humildes campesinos y trabajadores, entre las cuales destaca por su masividad, el asesinato de 43 habitantes ocurrido en plena plaza pública del centro minero antioqueño de Segovia, todo hace parte de un plan, organizado y fríamente ejecutado, financiado por el narcotráfico, pero de acuerdo a numerosas investigaciones, en lo cual hay la abierta participación de unidades medias y superiores de la oficialidad del Ejército154.
Más allá de la negación gubernamental sobre la existencia del “Baile Rojo”155 y de otros planes de exterminio que fueron denunciados, personajes como el general (r) Fernando Landazábal alimentaban el ambiente de estigmatización señalando a los militantes de la UP como guerrilleros. Así, los primeros años del Gobierno Barco transcurrieron en medio de una oleada de violencia que afectó a casi todos los sectores políticos, en diferentes lugares de la geografía colombiana, y la reacción de las guerrillas en lugares como el Magdalena Medio y Antioquia, afectando principalmente a hacendados y miembros de la fuerza pública156. Ante esta situación, solo faltaba un detonante para echar por la borda los esfuerzos de paz con las FARC, y este detonante lo generó la toma de Mutatá (Antioquia) producida el 27 de enero de 1987. Cuando 170 guerrilleros de las FARC ingresaron al pueblo y una vez allí, hostigaron durante 7 horas el puesto de policía, asesinaron a un funcionario judicial, liberaron a 3 personas que estaban recluidas en la cárcel y despojaron a los uniformados de sus armas y pertrechos157.
El nuevo modelo de negociación de la paz
Ante la ruptura de la tregua, el presidente Barco se vio obligado a encabezar personalmente los diálogos, no sin antes lanzar un mensaje contundente: “…en cualquier parte donde la fuerza pública sea atacada, el gobierno entenderá que en esa zona ha terminado el cese al fuego”158. Estas declaraciones cayeron como un baldado de agua fría entre los defensores de DD. HH., quienes exigían claridad al Gobierno sobre el proceso de paz, pues consideraban que esta afirmación no era menos que extraña y desafortunada, más aún, cuando a lo largo del país perseveraba la existencia de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, cuya investigación por vía judicial había resultado inútil159. Lejos de encontrar una solución a estas demandas y tratando de ocultar la debilidad del Estado, el Gobierno recurrió a la creación de un Tribunal Especial para la Inspección de los delitos que causaran conmoción. Sin embargo, esta medida en nada contribuyó a enfrentar la fuerte oleada de asesinatos con móviles políticos que azotaba al país160.
Entre tanto, los diálogos con las guerrillas sufrieron cambios notorios, al concentrar la representación del Estado en una Alta Consejería para la Paz y al limitar la participación de la sociedad civil en los procesos. De esta manera, el 8 de enero de 1989 los nuevos acercamientos entre el Gobierno y el M-19 rendían sus primeros frutos, cuando en zona montañosa del departamento del Tolima se reunieron el delegado del M-19, Carlos Pizarro, y el consejero presidencial para la rehabilitación, Rafael Pardo. Este encuentro marcó el inicio de nuevos diálogos que se materializaron rápidamente con la expedición de un marco jurídico para la desmovilización, la amnistía y la reintegración a la vida civil de los excombatientes y la suscripción de una declaración conjunta, firmada el 17 de marzo de 1989 en Toribío (Cauca).
Las manifestaciones de paz entre el M-19 y el Gobierno fueron recibidas con interés por un vasto sector de la sociedad colombiana; fue así como el 23 de abril de 1989 una multitud se volcó a las calles en una conmovedora Jornada Nacional por la Paz161. Entre tanto, diferentes actores armados se fueron sumando a los acercamientos de paz, tal es el caso del Ejército Popular de Liberación —EPL—, que el 2 de mayo de 1989 anunció su vinculación al proceso, pero también del Quintín Lame o el Partido Revolucionario de los Trabajadores —PRT—. El 17 de julio de 1989 se anuncia el pacto entre el Gobierno y el M-19 para iniciar un proceso de desmovilización gradual que se prolongó por 6 meses162. A pesar de lograr la desmovilización del M-19 y de sentar las bases para la posterior dejación de armas de otros grupos guerrilleros, durante este periodo se evidencia un fuerte aumento de la violencia, pues aún en medio de los avances de paz, fueron torturados y asesinados decenas de guerrilleros y líderes sociales que desarrollaban trabajo pedagógico sobre los acuerdos. Quizá el caso más emblemático ocurrió el 26 de abril de 1990, cuando Carlos Pizarro máximo jefe del M-19 fue asesinado en pleno vuelo de la aerolínea Avianca, por un sicario de 21 años, que le propinó trece disparos al precandidato presidencial163.
En este punto, la expedición de los Decretos 2790 de 1990 y 099 de 1991 merece un paréntesis, pues con la pretensión de organizar la administración de justicia, el Gobierno abrió las puertas para que, por vía de la reserva de la identidad de los funcionarios judiciales, se pasaran por alto las mínimas garantías procesales a los detenidos. Serían estos, los últimos mecanismos represivos que se expidieron en virtud del estado de sitio decretado por Betancur y que utilizó estratégicamente Barco. Inaugurada la justicia regional, también llamada justicia sin rostro, el Gobierno Barco cubrió el vacío que había dejado la prohibición efectuada por la CSJ respecto al juzgamiento de civiles por parte de personal militar. De hecho, este modelo de enjuiciamiento se encargó de la investigación y juicio de los delitos previstos en los decretos de los estados de excepción, utilizando para ello medidas como: la reserva de identidad de fiscales, jueces, peritos y testigos, lo que sirvió como medio para realizar acusaciones temerarias y tomar decisiones arbitrarias, en desconocimiento de principios como la presunción de inocencia y la publicidad del juicio y la reutilización de medidas como la tortura o la ubicación de los despachos de la fiscalía en instalaciones militares ya entrados los años 90.
La constitucionalización de los DD. HH.
De forma paralela al proceso de desmovilización del M-19 avanzaba la idea de modificar la Constitución Política de 1886 como un intento por salvar al Estado de su colapso. Si bien el interés por cambiar la Constitución atendía más a un afán por modificar la estructura del Estado y adaptarla a las condiciones de seguridad interna y de apertura económica internacional, las posibilidades de cambiar la Constitución abrieron la puerta a otros debates. Para David Rodríguez, por tratarse de uno de los momentos de quiebre en la historia colombiana, este proceso de transición constitucional ha sido objeto de numerosos ejercicios “memorialísticos, apologéticos y moralistas”, que realzan el papel de los protagonistas de aquellos años, lo que se evidencia en la sobrevaloración del papel de los estudiantes en la literatura relacionada164.
En ese sentido, en medio de la multiplicidad de intereses políticos, económicos, sociales e incluso militares, que incidieron determinantemente en la redacción del nuevo texto constitucional, es preciso señalar el papel de los defensores de los DD. HH. en su apuesta por sintonizar la nueva Constitución con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de protección de tales derechos165. Lo que comenzó como una manifestación en contra de la participación de los militares en el Gobierno, se convirtió el 6 de junio de 1989, durante el Encuentro Distrital por la Vida convocado por diferentes organizaciones sociales, en una suerte de reclamo sobre la efectividad de los DD. HH., a los que señalaron como una “simple teoría abstracta” que no tenía aplicación en medio de la doble constitucionalidad imperante, la de 1886 y la que resultó de la prolongación de los Estados de sitio. Los vientos de transformación fueron avivados en 1989 por la ya referida decisión de la CSJ de suspender el marco de legalidad que cubría a los grupos paramilitares, el asesinato del candidato liberal a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, y la oposición al terrorismo empleado por los grupos de narcotraficantes166.
Ya para marzo de 1990, como preámbulo de las elecciones parlamentarias, líderes y candidatos de todos los partidos políticos anunciaron su respaldo a la Constituyente, con lo que las expectativas —aunque de muy diversa índole— sobre una reforma constitucional eran irreversibles. De hecho, ante la ausencia de un piso jurídico que permitiera convocar la Constituyente, personas de todas las tendencias coincidieron en generar la siguiente solución: en las elecciones parlamentarias de marzo de 1990, se prepararon 6 papeletas legales, una para Cámara de representantes, una