un mercado complejo, donde se procesa abundante información especializada.
La asimetría de la información tiene dos efectos principales:
a. Selección adversa
Uno de los efectos más desafortunados de la asimetría de la información se denomina selección adversa. Esta se presenta cuando los miembros poco “atractivos” de un grupo de compradores o vendedores tienen más probabilidades de participar en un intercambio voluntario.
Desde la perspectiva del consumidor financiero, la selección adversa se produce cuando contrata a una entidad financiera que ofrece un producto que no calza realmente con sus necesidades.
Para el problema de selección adversa, el Estado debe procurar que las empresas del sistema financiero sean plenamente transparentes en la difusión de la información que es materia de la contratación financiera. Sin embargo, esto no corrige el problema a cabalidad: es posible que el consumidor financiero no tenga la capacidad suficiente para entender la excesiva y compleja información que está a su alcance (Devis, Gómez & López, 2019). Por ello, además de brindarla, esta debe ser clara.
b. Riesgo moral
Corresponde a un comportamiento oportunista en donde una de las partes busca su propio beneficio a costa de que la otra no pueda observar o informarse de su conducta.
Desde el punto de vista del consumidor financiero, el riesgo radicaría en el comportamiento de las empresas del sistema financiero en las que confían su dinero, las cuales podrían incurrir en comportamientos riesgosos que las conduzcan a la quiebra.
Para el problema de riesgo moral, el Estado debe procurar que las empresas cuenten con una protección especial en caso de quiebra. Este asunto es atendido por el Fondo de Seguro de Depósito (FSD), sobre el cual se ampliará más adelante.
Gráfico N° 1.5 Asimetría de la información: problemas y soluciones
1.4.2 Limitado poder de negociación
Es evidente que los tiempos han cambiado. Hoy la tendencia, que no resulta exclusiva del sistema financiero, apunta al procedimiento de contratación masivo. Actualmente, impera la frase “lo tomas o lo dejas”.
Además, el poder de negociación con las instituciones financieras que poseen los consumidores es reducido y, en algunos casos, nulo, dadas las asimetrías de información que caracterizan a los servicios financieros (Prialé & Dias, 2010).
Por otro lado, en latitudes como las del Perú, es posible que las personas arrastren índices de pobreza altos y de educación bajos, por lo que es válido concluir que la normatividad que regula el consumo bancario debe ser necesariamente tuitiva para evitar que se desproteja a la parte perjudicada por las fallas de mercado señaladas. Así, se justifica la presencia de un regulador bancario (Llewelyn, 1999).
1.4.3 Falta de cultura financiera
Obligar a que las empresas del sistema financiero revelen más y mejor información al consumidor financiero no soluciona el problema a cabalidad; también se requiere educación financiera.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras 2019”8 reveló que aún muchos peruanos carecen de conocimiento, habilidades y actitudes para administrar sus finanzas de manera correcta. Evidentemente, si la persona no sabe administrar su dinero, su empleo de los productos y servicios financieros será más incipiente.
Por otro lado, es preciso combatir la existencia de un sobreendeudamiento excesivo, lo cual conlleva un esfuerzo necesario a nivel estatal para concientizar a los consumidores en torno a sus hábitos de consumo, así como en relación con el acceso irrestricto al crédito (Carranza, 2017).
Ante esta situación, la intervención del Estado es decisiva. El objetivo final de la educación financiera es mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de la población para una adecuada toma de decisiones financieras y un mejor control de estas.
1.4.4 Otras características
El consumidor financiero en el Perú se caracteriza, también, por su desconfianza en el sistema financiero. En ese sentido, la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera, de la SBS y la Cooperación Suiza (SECO), reveló que el 66% de los peruanos ahorra, pero el 37% lo realiza al margen de dicho sistema.
Cabe indicar que en el Perú existe un esfuerzo, a nivel nacional, para impulsar la bancarización, entendida como la debida formalización de todas las operaciones, así como su canalización a través de medios legales que permitan identificar su origen y destino, y que el Estado pueda ejercer sus facultades de fiscalización contra la evasión tributaria, el lavado de activos y otros delitos. Siempre en ese horizonte, en 2004, se creó el impuesto a las transacciones financieras (ITF), el cual posibilita la bancarización de las operaciones económicas y comerciales que las personas y empresas realizan a través de empresas del sistema financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite.
Otra de sus características es su bajo nivel de empleo de medios digitalizados. Así, las cifras de la referida encuesta revelan que el efectivo es el principal medio de pago utilizado por la población peruana para sus gastos más frecuentes. En la otra orilla, el uso de otros medios, como tarjetas de débito, crédito o internet, es aún muy reducido.
En relación con el ahorro a largo plazo, vale decir, el ahorro con fin previsional, más de la mitad de la población peruana no adopta medidas para enfrentar los gastos que demande su retiro de la vida laboral. Solo el 19% de la población manifestó que aporta a un sistema de pensiones y el 5% ahorra con fines previsionales en alguna institución financiera. La incidencia de esta inacción es mayor entre la población rural y los grupos más pobres.
Sin perjuicio de lo señalado, se reveló también que las tasas de interés, las cuotas accesibles y la rapidez en los trámites son percibidas como factores claves para solicitar un crédito.
En consecuencia, se presenta un mercado necesitado de mayores niveles de información apropiada con respecto a los productos y servicios que los sistemas financieros, de seguros y privados de pensiones (SPP) ofrecen.
1.5 Perspectivas del consumo financiero
A la problemática anterior, hay que sumarle lo referido al actual uso de la tecnología. El contrato electrónico, de naturaleza moderna, incluye como variante que la oferta y la aceptación se transmiten mediante equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones (Vattier, 1999). Al respecto, es evidente que los tiempos han cambiado. Hoy la tendencia apunta al procedimiento de contratación masivo. Modernamente, impera la frase “lo tomas o lo dejas”. ¿Quién contrataría a un pintor para un retrato? Más acorde con el contexto actual es optar por un servicio de fotografía. Para ello, es probable que se navegue en internet y en las redes sociales para encontrar un proveedor que lo ofrezca. Una vez encontrado, se le envía un correo, se recibe una proforma por la misma vía y, luego, se decide si aceptar o no.
Antes, había negociación, y se expresaba la voluntad de forma presencial y por medios directos. Ahora, mayormente, solo se ejerce una decisión (sí o no), la cual se plasma a través de medios electrónicos.
Por lo tanto, se puede indicar que el contrato electrónico presenta componentes tradicionales y modernos: en el primer caso, claramente se encuentra el carácter consensual; en el segundo, la emisión de las declaraciones de voluntad se produce a través de medios electrónicos. Además, no es necesaria la presencia física de las partes (mercado virtual: por ejemplo, la suscripción de un paquete de Netflix, televisión en streaming; o de Spotify, música descargable).
Ahora bien, en el plano de los servicios financieros, la industria no es ajena a que cada vez más personas acceden a tecnología. Por ello, existen diversos actores que han surgido para ofrecer la opción de contratación electrónica, entre los cuales destacan los siguientes:
• Las fintech. Su nombre proviene de los términos