de bienes confiscados que se suspendiera el proyecto de construcción, y que los fondos que hubiese pasasen a la Tesorería General de Bienes Confiscados, como así se hizo, en 1719. Así pues, uno de los proyectos emblemáticos de la nueva administración borbónica en San Felipe nunca llegó a materializarse, pues las dificultades políticas y económicas de la nueva ciudad se revelaron de tal envergadura, que fueron imposibles de solventar en estas primeras décadas del Setecientos. Guerra, expolio, recompensas y recuperación paulatina, fueron todos ellos factores que se interrelacionaron, al menos en la primera mitad del siglo XVIII.
Hemos de introducir una reflexión ligada a la actuación del monarca, respecto a los bienes confiscados en San Felipe, muchos de los cuales se adscribieron al patrimonio real. Y es el concepto de patrimonialismo, que desarrollaremos. En efecto, desde el primer momento la monarquía borbónica manifestó una voluntad patrimonial clara, a pesar de la ambigüedad y contradicciones de una situación confusa, en el momento en que la monarquía procedió al reordenamiento del Real Patrimonio. En ese sentido, la Corona, mediante su progresivo poder absoluto «concurrió en competencia con otros agregados municipales y señoriales». En Valencia, esta actuación estuvo mediatizada por la institución del Real Patrimonio.[17] Así, la actuación de la monarquía sobre el ámbito de poder local sería una de las manifestaciones más claras de esa voluntad patrimonialista que, a lo largo del Setecientos iría variando en cuanto a su naturaleza. En un primer momento, que coincidiría con el reinado de Felipe V, esta voluntad estribaría en recuperar esos bienes para el Real Patrimonio, para posteriormente, hacer donaciones o arrendamientos, en una práctica encaminada al juego de alianzas o de los intereses de la propia monarquía. En una segunda etapa, coincidente con el reinado de Carlos III, la monarquía actuó de una manera más administrativa, acentuando el proceso de reversión de bienes a la Corona, y, mediante la promulgación de la correspondiente legislación, consideró dichos bienes como parte integrante de la hacienda real.[18] La actuación del monarca Felipe V en Xàtiva en cuanto a los bienes confiscados en la ciudad, y el duro enfrentamiento entre sus delegados y un ayuntamiento que todavía no atisbaba el alcance de esa voluntad, acostumbrado a una concepción diferente de lo que constituían los bienes de la Corona, es decir, un mero usufructuario, debe enmarcarse dentro de este proceso de reordenación del Real Patrimonio, y de la voluntad patrimonialista de la nueva monarquía.
La destrucción física y material de que fue objeto la ciudad no impidió su posterior renacimiento. A pesar de la caótica situación de los primeros años, los factores arriba citados, sobre todo los incentivos y recompensas, se conjugaron para que, en la segunda mitad de la centuria, Xàtiva, ahora San Felipe, fuese de nuevo una ciudad importante dentro del conjunto de localidades valencianas, aunque no recuperara ya el esplendor de siglos pasados. Mucho tendrían que ver, como decimos, las expectativas generadas mediante las recompensas y que actuaron de reclamo. Las posibilidades de negocio, el movimiento de compra-venta de tierras y casas, la huída y desaparición de muchos propietarios, generaron unas perspectivas que no pasaron desapercibidas a los que llegaron, ni a la parte de habitantes que habían sido fieles al monarca. Veamos esa evolución socioeconómica a lo largo del Setecientos.
3. LA RECUPERACIÓN DE UNA CIUDAD DESTRUIDA
El análisis del contexto espacio-temporal en que nos situamos es fundamental para observar el desarrollo de la ciudad a lo largo del Setecientos, y para entender en qué circunstancias sociales y económicas la ciudad a lo largo de la centuria. Como en otros lugares, el Consell municipal de Xàtiva de finales del siglo XVII, estuvo en manos de la nobleza local, entre la que encontramos nombres que se fueron sucediendo en los distintos cargos de su gobierno, como los Menor, Fuster, Cebrián, Ortiz de Malferit, Blesa, Agulló, etc.
Hablamos de una ciudad que fue capital de un extenso territorio sobre el que ejerció su jurisdicción y percibió cuantiosas rentas por distintos conceptos. Así consta en los muchos pleitos que numerosas localidades emprendieron contra Xàtiva, precisamente por la percepción de la peita, contribuciones e impuestos. Incluso las villas segregadas en centurias anteriores, Benigànim, l’Olleria y Castelló de la Ribera, convertidas en villas reales, pero con la obligación de pagar una renta anual a Xàtiva, mostraron su animadversión hacia aquélla. Semejantes episodios ocurrían también en lugares de señoríos laicos o eclesiásticos. El profesor Pedro Ruiz Torres denomina este tipo de ciudades como «repúblicas urbanas», que, aunque muy mediatizadas por el intervencionismo regio, todavía conservaban cierta autonomía política y financiera.[19] Las dificultades pecuniarias de la monarquía exigían continuas demandas de numerario a las ciudades. Xàtiva facilitó al rey donativos para el tesoro en distintas ocasiones, como en 1633, que donó 3.000 libras; o aportando hombres para los muchos conflictos habidos durante el siglo XVII, cuya manutención era bastante onerosa, como las 7.000 libras que supuso el mantenimiento de una compañía setabense en las guerras de Cataluña, en 1648; o contra los franceses en la misma zona.[20] En cuanto a honores y privilegios reales, Xàtiva siempre estuvo presta a hacerlos valer y a reclamar aquéllos que consideraba como justos para la ciudad. Así, no dudó en reivindicar, en 1687, el mismo privilegio concedido a la ciudad de Alicante,«de menor importancia que Xàtiva», de señoría de justicia y de dosel en la sala, y privilegio militar para sus ciudadanos insaculados, al igual que en la ciudad de Valencia.
Nos parece interesante destacar este hecho, el de la larga competencia política que mantuvo Xàtiva con Valencia, manifestada con actuaciones como la perenne reinvidicación de un obispado que debería haberse segregado del de la capital, y que ésta jamás consintió; o el de la predisposición de la ciudad a satisfacer las demandas pecuniarias de la Corona, tanto en época foral como borbónica, traducido en la introducción de formas políticas como la insaculación, realizada por primera vez en el Reino de Valencia, precisamente en Xàtiva, en 1427;[21] así como la instauración de la figura del alférez mayor, en 1740, también por primera vez en dicho Reino de Valencia, en la misma ciudad.
De las consecuencias de la destrucción de la ciudad de Xàtiva, como resultado del sitio y asalto de las tropas franco-castellanas,[22] queremos insistir en lo que constituye el objeto principal de nuestro estudio: la sustitución de un orden establecido por otro ex-novo y averiguar sus continuidades y novedades. No obstante, debemos mencionar el estado de la ciudad y no huelga establecer una panorámica global de la situación pasadas unas décadas de su destrucción. Para conocer el contexto de la ciudad hacia finales de los años cuarenta, contamos con el padrón-encuesta de 1747, encargado por el Consejo del Reino, para averiguar el estado de los corregimientos y ciudades del reino.[23] En él se hacía constar que en esta década la ciudad de San Felipe contaba con una población de aproximadamente 7.000 habitantes. Esta cifra es reveladora de la paulatina recuperación que se operaba, si tenemos en cuenta que todavía en los años veinte y treinta se ordenó el derribo de casas en ruina, consecuencia del incendio de la ciudad de junio de 1707. En cumplimiento del citado padrón-encuesta, para conocer el estado de las cosechas, frutos, así como los precios regulares, la ciudad nombró a dos labradores expertos, Juan Iborra y Pascual Pérez, y dos más, Tomás Ortoneda y Francisco Esbrí, por parte de los arrendadores y administradores de diezmos. Estos especificaron en su informe que las cosechas que se recolectaban en la ciudad eran de arroz, con 10.700 cargas de a 10 barchillas; trigo, con 1.700 cahizes; panizo, con 2.700 cahízes, de a 12 barchillas el cahíz; aceite, con 1.000 arrobas; vino, con 1.500 cántaros y seda, con 13.500 libras. En cuanto al ganado, éste no incidía en gran manera en la economía pues sólo se mantenían unas 150 cabezas, para el abasto de la leche y la carne, y un total de unas 400-500 reses. El resto, se compraba en Castilla. El secano se limitaba a alguna explotación de olivos, algarrobos, viñas y pinos, muy débiles como señala el informe, en las zonas de Vernissa, San Diego, Sierra Gorda, puerto de l’Olleria, montes de Barxeta y sierra de Santa Anna.
Respecto