La competitividad de la región centro del estado de Guanajuato y valoración de su capital territorial
y territorialmente, es decir, una sociedad integrada por medio de la equidad, la solidaridad, la justicia social y el sentido de pertenencia, así como un territorio en que los espacios, recursos, sociedades e instituciones estén integrados en tejidos que forman regiones, naciones y espacios supranacionales (Rodríguez, 2002, p. 45), propósitos a los cuales debe contribuir la competitividad; el segundo aspecto es que concibe al territorio como un todo integrado, como un área que contiene múltiples dimensiones, a saber: dimensión económica, dimensión socio-cultural, dimensión ambiental y dimensión política-institucional, esto es, como un territorio multidimensional y multisectorial, porque en él se desenvuelven múltiples sectores.
De estas premisas se desprende que los espacios deben ser vistos desde un enfoque integral, es decir, desde una perspectiva holística que reside en reconocer sus múltiples dimensiones, la variedad de sus sectores (agrícola, industrial, servicios), las interrelaciones sociales que se producen en ellos, su articulación territorial, la heterogeneidad de sus actores, así como sus vínculos con otros espacios en el contexto mundial.
Esta perspectiva reconoce la dimensión territorial de los fenómenos económicos, sociales, político y culturales, esto es, la visión de que el territorio es resultado de las interacciones sociales, es producto de las relaciones de poder, razón por la cual es necesario transformar las formas de uso y aprovechamiento de éste, modificar las relaciones sociales que se producen en él, y que lo construyen para lograr su desarrollo, lo que lleva a colocar al territorio como el centro y sujeto de acción del desarrollo. De ahí que se considere necesario incorporar en los planteamientos de desarrollo esta dimensión territorial, que supone plantear y realizar políticas y estrategias de desarrollo que contemplen la territorialidad de los procesos sociales, económicos y políticos, lo que da lugar al nuevo enfoque de desarrollo territorial.
Como se ha mencionado, el enfoque del desarrollo territorial considera necesario que el territorio se constituya en el objeto y sujeto de políticas de desarrollo, lo cual a su vez plantea la exigencia de elaborar y ejecutar políticas públicas de desarrollo, pero sustituyendo las políticas públicas sectoriales por políticas territoriales multisectoriales, con base en una planificación del territorio, planificación en la que se contemplan todas las interrelaciones económicas, sociales y políticas que se producen en el territorio.
Más aún, sugiere la formulación de políticas transversales que tendrán fuertes repercusiones en las estrategias de desarrollo, y juzga indispensable un cambio radical en la planificación, la que desde esta perspectiva debe dejar de ser una planificación centralizada y convertirse en una planificación descentralizada en la que se sustente la concepción del territorio como “unidad de gestión” (Boisier, 1999).
Inclusive este enfoque propone algunas acciones que considera indispensables para lograr que los territorios se conviertan en entidades sociales y espacialmente integradas, las cuales de acuerdo con Alexander Schejtman y Julio Berdegué (2003) y Javier Delgadillo (2005), son las siguientes:
a) La transformación productiva, con la introducción de innovaciones productivas y la calificación de recursos humanos, acción con la que se busca lograr una mayor participación en los mercados (local, regional, nacional e internacional) en el contexto de la creciente competitividad global.
b) La transformación institucional, esto es, la reforma de las instituciones o incluso la creación de nuevas para convertirlas en instrumentos eficaces de desarrollo.
c) La participación social concertada de los diferentes actores socio-económicos regionales públicos y privados, en la toma de decisiones para actuar sobre su espacio determinado, a fin de aprovechar las condiciones con las que cuenta su territorio, con una utilización eficiente y sostenible de los recursos endógenos y para aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto externo.
Una particularidad fundamental de esta visión del desarrollo es que este es concebido como un proceso en construcción por la propia comunidad territorial, lo que significa que la comunidad territorial debe ser la autora, gestora y beneficiaria de su propio desarrollo, y ello entraña activar una nueva forma de gestión del desarrollo. Una gestión del desarrollo más eficiente a través de la colaboración de todos los actores del territorio en cuestión, por medio de la construcción de sinergias, alianzas, asociaciones, en un proyecto de desarrollo territorial compartido por todos.
Dicho proyecto de desarrollo es considerado un verdadero reto para el Estado y la sociedad civil, puesto que ello significa alterar las relaciones político-sociales entre los diversos actores sociales, las cuales deberán basarse en principios tales como la confianza, la justicia social, la reciprocidad, el bien común, la democracia; y traducirse en la transferencia de competencias del gobierno a los actores sociales locales, es decir, reflejarse en la descentralización de funciones por el gobierno, en la adquisición de responsabilidades y compromisos por parte de los actores locales en el proceso de desarrollo de su territorio, con otras palabras, en la injerencia de los actores sociales en los lineamientos, políticas, estrategias, ejecución y evaluación del proceso de desarrollo.
En efecto, este enfoque territorial del desarrollo especifica que de lo que se trata es de “construir las regiones”, y de convertir al territorio en el sujeto de su propio desarrollo, lo que involucra no sólo la actuación del Estado, sino la intervención conjunta del Estado con la sociedad civil, por medio de la creación de un proyecto político regional. Y juzga a este proyecto político regional como prioritario para propiciar la convergencia de todos los actores regionales, con el objeto de definir una meta común y clara, que contemple el crecimiento económico, justicia social, democracia y sostenibilidad ambiental. Además, explica que se trata de un proyecto político y no simplemente de un plan, porque su ejecución repercutirá en las relaciones político-sociales establecidas, ya que, al participar diversos actores gubernamentales, sociales, empresariales en el diseño y ejecución de un proyecto colectivo de desarrollo, en realidad se trataría de procesos de negociación política (Boisier, 1999, pp. 29-30).
De modo que, la nueva gestión del desarrollo tiene como fundamento la participación ciudadana, es decir, el involucramiento social entendido como el compromiso de acción de las comunidades en la propia construcción territorial, por lo que en las comunidades se debe crear cooperación entre actores públicos y privados con el objeto de coordinar y concentrar recursos organizacionales, técnicos y materiales para solucionar en forma concertada problemas definidos colectivamente” (CEPAL, 2000, p. 39). Y para lograr dicha cooperación se requiere que los actores reconozcan la complementariedad de sus respectivos intereses.
Precisamente el que la comunidad territorial tome parte activa en la proposición, ejecución y evaluación de las políticas públicas de desarrollo, bajo el principio de que las comunidades tienen que ser las protagonistas de su propia mejora, constituye el mayor reto que enfrentan las políticas territoriales de desarrollo, porque hay que construir una nueva relación político-social entre los diversos actores y entre ellos y el Estado, una relación bajo un esquema de corresponsabilidades y sustentada en el fundamento de la democracia.
De tal suerte que esta gestión territorial de desarrollo tiende a la autonomía de los territorios, a la autonomía de las comunidades para que éstas construyan su territorio de acuerdo con sus deseos. Se sustenta en una nueva relación entre el Estado y la comunidad territorial en la que se admite que las comunidades tienen capacidad de decidir por sí mismas, de convertirse en las protagonistas de su propio desarrollo, lo que representa una gran tarea.
Además, los autores de este enfoque territorial piensan que es necesario invertir simultáneamente en los capitales con los que cuentan los territorios, a saber: capital económico, capital humano, capital social y capital natural. El primero de ellos referido a la riqueza, a los bienes y servicios producidos, el segundo alusivo a los conocimientos de las personas, al “know how”, a su alimentación, salud, cultura; el capital social concerniente a los grados de asociación, de confianza de cooperación entre las personas y los grupos sociales, a la democracia y el capital natural que atañe a los recursos ambientales del territorio.
Ahora bien, con respecto al libre mercado, el enfoque territorial del desarrollo juzga que la sola acción de las fuerzas del mercado no es suficiente para lograr el desarrollo, sino que se requiere de una planeación