en la esencia de la democracia deliberativa, especialmente en la toma de decisiones de la administración pública, las que son legitimadas mediante procesos deliberativos con la comunidad. Es obligación y deber de los ciudadanos asumir el rol de participantes activos en dichos procesos políticos y sociales, ser reflexivos, críticos, tolerantes para buscar mediante el discurso y el consenso en la esfera pública la voluntad de toda la comunidad. De esta manera se pueden consolidar democracias y fortalecer las instituciones del Estado.
Sin embargo, como punto neurálgico se encuentra que la falta de formación integral de los ciudadanos afecta el escenario de la deliberación. Es decir, en términos de Habermas, la sociedad civil tiene individuos que se mueven en la esfera privada, pero al salir a la esfera pública no buscan intereses comunes. Por tanto, se da una fragmentación social que abre espacio a las instituciones informales de la democracia, la corrupción, la concentración de poder, los gobiernos autocráticos, alejando la posibilidad de que los individuos o miembros de una sociedad sean ciudadanos con valores democráticos. No obstante, sigue siendo una asignatura pendiente de los Estados fortalecer los procesos educativos, en particular los procesos de formación en capacidades y habilidades cívicas en el marco de los principios democráticos y del Estado constitucional. Solo así se puede garantizar empoderamiento social para mejorar los niveles de participación social y política y, por ende, la calidad de los procesos racionales deliberativos.
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