gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas que deben emprenderse. El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas son condiciones necesarias para expresar el riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. […] los sucesos naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es. El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex-ante y ex-post y depende esencialmente de:
• la identificación y análisis del riesgo;
• la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación;
• la protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo;
• los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación y reconstrucción. (p. 8)
En la actualidad muchos de los pobladores de América Latina y el Caribe, así como gran parte de su infraestructura económica y social, son vulnerables a las amenazas naturales. La consideración de estos aspectos requiere de la formulación y realización de actividades destinadas a evaluar el riesgo y generar medidas de prevención y mitigación, para lo cual se dispone de un conjunto de herramientas vigentes y otras más en vías de actualización e implantación. Una de estas medidas es la creación de políticas, normas, marcos regulatorios y protocolos institucionales para reducir el riesgo.
A partir del marco legal establecido por las autoridades colombianas, el sistema ha dado pasos importantes sobre políticas públicas enfocadas a las vulnerabilidades y las amenazas naturales y socionaturales. Con la expedición de la Ley 1523 del 2012 se derogaron los principales sustentos legales del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), a fin de darle paso a la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y a la adopción de una política pública en la materia.
La Ley 1523 del 2012 estructura la gestión pública mediante pautas importantes relacionadas con la gestión del riesgo, la responsabilidad, los principios, las definiciones y el SNGRD, la organización, dirección y coordinación del SNGRD e instrumentos de planificación, sistemas de información, mecanismos de financiación para la gestión del riesgo de desastres y la declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad. De igual forma determina que los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) deben formular e implementar planes de gestión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones de las entidades del sistema nacional, por tanto, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) es el instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos para ejecutar los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional. La Unidad Nacional para la Gestión el Riesgo es la instancia encargada de elaborar el PNGRD con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales.
Desastre, riesgo, amenaza, vulnerabilidad y resiliencia son algunos de los conceptos importantes en la investigación, a fin de establecer bases teóricas para alcanzar su objetivo o propósito final. Las reflexiones están acompañadas por opiniones y posturas teóricas. Desastre es un término genérico que debe estar unido por especificaciones que le den sentido a su dirección conceptual. Cada autor refleja su posición ante este término; sin embargo, la perspectiva más clara es la que expone Lavell (2001), para quien el desastre es la:
situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad. (p. 18)
Según esta definición, para que un desastre ocurra debe existir un detonador o amenaza. Algunos autores del área de conocimiento indican que este tiene que ser natural; otros dicen que se puede generar por un fenómeno natural, pero también por elementos vinculados de modo directo a la intervención del ser humano, los cuales se denominan fenómenos socionaturales. Por otro lado, para que se produzca un desastre también debe estar presente un receptor vulnerable, por ejemplo: el hombre, las ciudades o poblaciones, las zonas de producción agrícola e industrial, el medio natural. Así, el territorio no solo está representado por el hecho físico de una población, sino también por el entorno natural. Un desastre se debe a una elevada vulnerabilidad (alto grado de exposición y baja resistencia), por lo cual no es posible evitar el riesgo ante la pérdida de vidas, del entorno natural y de los bienes.
García Acosta (2008) expresa que el significado sobre la historia de los desastres o el análisis de los desastres con una perspectiva histórica parte de “reconstruir historias en las que el desastre es el resultado de procesos sociales y económicos, y constituye el hilo conductor” (p. 12). El reconstruir la historia de las zonas de riesgo ha permitido entender desde el punto de vista fenomenológico estos escenarios y traer a la existencia el relato de sucesos que han determinado el conocimiento y análisis de los tiempos de recurrencia, el impacto y las afectaciones del hábitat, así como el desarrollo de acciones oportunas y efectivas para mitigar los efectos posteriores a través de la intervención conjunta de sus actores.
La gestión de políticas sobre el riesgo y la vulnerabilidad es un tema que se desarrolla con fuerza en diferentes países del mundo, dado que el hombre ha entendido que prevenir y tomar medidas a tiempo le permite mitigar el efecto destructivo de los fenómenos y situaciones sobre las poblaciones, y reducir las inversiones en obras de reconstrucción que se generan en el gasto público de la nación.
A partir de este escenario territorial, la investigación desarrolló sus acciones con el propósito de establecer procesos de gestión estratégica del riesgo en zonas afectadas por inundaciones, mediante la caracterización físico-ambiental y social de los afluentes, humedales y comunidades de Villavicencio. Con base en esto, se elaboraron mapas de riesgo, diseños urbanos y estrategias de formación comunitaria como insumos para la prevención de desastres y la conservación del medio ambiente. En este sentido, la investigación tuvo avances importantes en la identificación de los afluentes, humedales y comunidades que presentan afectaciones por inundaciones, las cuales se han de confrontar con la información recolectada sobre los estudios planteados de manera general en el POT.
Villavicencio cuenta con un patrimonio hídrico invaluable: los ríos Guatiquía y Guayuriba limitan el municipio, y el río Ocoa y numerosos caños lo atraviesan. Lamentablemente, el crecimiento incontrolado y no planificado del territorio ha hecho que algunos pobladores se asienten en las rondas de estas cuencas o fuentes hídricas, lo cual ha creado zonas vulnerables, cinturones de marginalidad económica y segregación socioespacial. Por tanto, se hace pertinente conocer las realidades sociales de los asentamientos y la calidad físico-ambiental de las cuencas o fuentes hídricas para desarrollar las estrategias de gestión del riesgo inherentes a estas problemáticas.
La responsabilidad social universitaria (RSU), que forma parte de los retos de las instituciones educativas y de servicio, ha permitido crear espacios para la reflexión, divulgación, acción e investigación sobre los problemas actuales —en particular sobre los de orden económico, social, ambiental y cultural— en atención al desarrollo de un nuevo paradigma de responsabilidad social. Esta relación universidad-comunidad se fundamenta en los principios de la formación y generación del conocimiento, como parte de su compromiso social responsable y de su vinculación mediante el intercambio proactivo de corresponsabilidad. Transformar significa crear y asociar en la diversidad, y reagrupar las piezas que conforman una sociedad en función del bien común. En la visión del investigador Martín Fiorino (2012):
el propósito principal de una acción universitaria responsable