procesal”, la cual se representa con un triángulo en cuya cúspide se encuentra el juez y cuya base está integrada por quien pretende un derecho y aquel que se resiste a otorgarlo. Este triángulo hoy en día se encuentra en un serio cuestionamiento contaminado por la corrupción, que parece estar instalada en la sociedad como una cultura nacional de transgresión e incumplimiento de las reglas. Esta tendencia de resistencia y violencia contra el derecho no es nueva: ha venido creciendo de manera general y masiva. Hoy en día prevalece la falta de respeto por los sistemas normativos, hay una grave carencia de normas y valores en la vida cotidiana y esto no es un problema de poca importancia sino, por el contrario, es el mal principal que marca nuestra sociedad y nuestras vidas.
Precisamente por las actuales circunstancias, características y poderes que tiene el juez en el proceso, ha sido muy dura la arremetida de agentes políticos y económicos que desean distorsionar su función. Así, es pública y notoria la filtración de la corrupción en nuestros sistemas de administración de justicia.
Sin duda, la realidad nos informa que el proceso está en una profunda y grave crisis: nuestra sociedad ha sido remecida por varios factores. Por esta razón, es de vital importancia reflexionar sobre ello para poder enfrentar el futuro con aciertos, ya que no podemos ignorar ni dejar de colocar en nuestra agenda el fortalecimiento de nuestra institución, y el de la ética, al que no podemos ni debemos renunciar. En este sentido, debemos subrayar que no se equivoca el hombre que, ante un escenario adverso, ensaya distintos caminos para alcanzar una meta, sino el que, por temor a equivocarse, no camina.
Nuestra sociedad nos exige un cuestionamiento y replanteamiento de los diferentes roles de las partes e instituciones del proceso para enfrentar la realidad, la complejidad de los nuevos desafíos y la incorporación de las tecnologías, que hoy en día son tan espectaculares que parecería que las cosas no pueden volver a ser como antes.
Los grandes maestros que nos honran con su presencia contribuirán con este loable propósito, más aún cuando advertimos que, al conmemorarse los veinticinco años del Código Procesal Civil peruano de 1993, se ha presentado un proyecto de reforma que contiene el aporte de algunos profesores aquí presentes. Por eso, la facultad de Derecho de la Universidad de Lima acoge con entusiasmo y simpatía esta cita en la que el intercambio de experiencias contribuirá a fortalecer nuestras instituciones. Estamos seguros de que, de estos diálogos y reflexiones, surgirán nuevas ideas y proyectos que demandarán una atención prioritaria y que definitivamente ayudarán a mejorar las reglas de nuestra sociedad.
No quiero terminar sin antes agradecer la participación de todos los expositores extranjeros y nacionales, quienes con su valiosa experiencia contribuirán a engrandecer este certamen internacional. Asimismo, deseo expresar nuestra gratitud a nuestro patrocinador: el Colegio de Abogados de Lima; a nuestros auspiciadores: estudio Rodríguez Angobaldo y estudio Raúl Canelo Rabanal Abogados, y a nuestro colaborador Legis.pe por la difusión de este congreso, así como, a todos ustedes, nuestro reconocimiento por compartir estas jornadas de reflexión académica.
Finalmente, en mi condición de decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima, declaro inaugurado el Congreso Internacional de Derecho Procesal: Realidad, Reforma y Tecnología. Esperamos que sus expectativas sean cubiertas y que este certamen sea un espacio de reflexión y creación de un nuevo conocimiento.
Muchas gracias y bienvenidos a esta casa de estudios.
Palabras de bienvenida
Raúl Canelo Rabanal
Señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, doctor Germán Ramírez-Gastón; señor doctor Francisco Távara, representante del presidente de la Corte Suprema; doctora María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima; doctor Francisco Ramos Méndez, distinguido profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. La Universidad de Lima, generosamente, ha convocado a la academia procesal y han acudido a su llamado grandes procesalistas de América Latina y España.
En esta ocasión nos reúne el proceso que de pronto, en aplicación cuantitativa, resulta ser el sistema normativo que más se utiliza en nuestro ordenamiento, y ahí precisamente radica su importancia. Sin embargo, el proceso no existe solo, no está aislado, y en todo caso es la herramienta, habitualmente exclusiva, que se utiliza en la administración de justicia a la cual acuden los justiciables, los abogados, los jueces y todos los funcionarios estatales vinculados con la administración de justicia. Esto se refleja en el sufrimiento del ciudadano por obtener un resultado, pero este ciudadano no entiende si este proceso es bueno o malo, y finalmente, el usuario lo califica y lo confunde con la mala administración de justicia. Es decir, el proceso y la administración de justicia están íntimamente vinculados.
En países que, desde siempre —y hoy más que nunca—, sufren de esta aguda crisis de corrupción, es común que el ciudadano se muestre temeroso ante el proceso. Desconfía de sus abogados, desconfía de los jueces y desconfía del Estado. La academia no puede cerrar los ojos ante esta preocupante realidad.
Llegó el momento de debatir, y este congreso, que reúne estudiantes, profesores abogados y jueces, ha optado por tres temas fundamentales. En primer lugar, se evaluará esta crisis de nuestro sistema de justicia que es el tema de la realidad. En segundo lugar, el ¿qué hacer? lo que implica una necesidad de reforma. Por último, ¿cómo hacer un proceso eficiente, rápido y justo a través del uso de la tecnología?, ya que vemos cómo en otros países, por ejemplo, está en pleno funcionamiento el uso del expediente judicial electrónico, de formularios, sistemas de notificación digitales, etcétera; es decir, la tecnología se emplea para mejorar el tiempo y la calidad de los procedimientos.
Por un lado, ha llegado el momento de repensar el proceso y hacer una revolución procesal. ¿Los modelos que vamos a analizar ahora son los adecuados a las circunstancias actuales? Por otro lado, también nos hemos reunido para rendir homenaje a nuestros maestros, que siempre nos acompañan con cariño. Quiero hacer una mención particular al profesor Alvarado Velloso. Adolfo es un formador de juventudes: dirige una excelentísima maestría en la Universidad del Rosario. Yo diría que tiene cerca de tres mil pupilos, y gente en todo el continente y en España que ha seguido los estudios en dicha maestría. Más allá de su noble pensamiento, el solo hecho de ejercer esa cátedra y haber formado con cariño sobre el proceso a todas estas personas lo hace digno de un merecido reconocimiento de nuestra academia nacional. Además, están con nosotros distinguidos procesalistas. Quiero reconocer la presencia —ya antigua en el Perú— de Francisco Ramos Méndez, de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Además, están Osvaldo Gozaíni, Héctor Granillo, Alejandro Aval, Omar Benaventos y tantos otros queridos amigos que colaborarán y a quienes debemos agradecer, porque siempre están presentes en el foro académico.
Este congreso responde a las voluntades de las autoridades de la Universidad de Lima, y puntualmente a la de nuestro decano Germán Ramírez-Gastón, quien ha participado directa y personalmente en la organización de este evento. Por eso, también va a él nuestro agradecimiento.
Además, es importante agradecer a nuestros académicos nacionales, que hace veinticinco años lograron la promulgación del Código Procesal Civil peruano vigente. A pesar de sus particulares virtudes y defectos, en 1993 este código logró despertar nuevamente el interés nacional por esta materia jurídica —el derecho procesal—, que había quedado adormecida y suspendida por muchos años.
Dicho esfuerzo se lo debemos a muchas personas, como el doctor Javier Alva Orlandini, quien presidió la comisión; también al impulso notorio de los profesores Juan Monroy, Nelson Ramírez, y quien les habla, que también participó en la redacción del código. Sin ellos este avance procesal no se hubiera logrado.
El cariño e interés hacia el proceso se dio precisamente por ese esfuerzo académico y legislativo. De pronto puede ser necesaria su modificación, reforma o cambio total, pero de ese debate nos encargaremos en el congreso, donde auscultaremos los avances en materia procesal de países vecinos. Este código peruano promulgado y que entró en funcionamiento en 1993 cumple veinticinco años, y es el interés por las nuevas ideas el que reúne a los ponentes aquí presentes.