que las tecnologías disruptivas imponen al Estado regulador en ámbitos tan variados como el sector financiero, el transporte de carga internacional y el medioambiente, entre otros.
PALABRAS CLAVE
Políticas públicas, Estado regulador, eficiencia, igualdad, privacidad, Administración pública, tecnologías disruptivas, cuarta revolución industrial.
ABSTRACT
Disruptive technologies have two sets of potential effects on regulation and public policy. First, they affect the goals of public policy, as those technologies provide tools that governments might use to promote some goals, such as efficiency, while potentially being detrimental to achieving other goals such as equality and privacy. Second, those technologies provide new tools that policymakers and regulators could use in different stages of the policy cycle, including problem definition, agenda-setting, implementation and monitoring and evaluation. After describing and analyzing those potential effects, the article briefly presents the works included in this volume. This presentation has three parts. The first part includes two articles that show a general framework to understand the impacts and challenges of disruptive technologies on public policy and regulation. The second part includes articles that show and discuss evidence about the use that public administration and civil society make or could make of disruptive technologies. The third part includes articles that discuss the challenges those technologies create for the regulatory state in a variety of fields, including the financial sector, international freight, and environmental regulations, among others.
KEYWORDS
Public policy, regulatory state, efficiency, equality, privacy, public admiinistration, disruptive technologies, fourth industrial revolution.
INTRODUCCIÓN
El propósito de este escrito es realizar una presentación del Tomo 2 de esta colección, titulado Políticas públicas y regulación en las tecnologías disruptivas. Las tecnologías disruptivas, en particular aquellas tecnologías de la denominada cuarta revolución industrial (P. ej. blockchain, Inteligencia Artificial, impresión 3D, internet de las cosas, el uso generalizado de la computación y el internet, entre otros (Schwab, 2016), que constituyen el objeto de estudio de la colección Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad, introducen importantes cambios en el funcionamiento del Estado en general, y en concreto respecto de los fines de la regulación y en las políticas públicas, así como en su proceso de formulación, implementación y evaluación. Este ensayo introductorio presenta un marco general de los cambios y retos más relevantes que representan estas tecnologías respecto de algunos fines de la regulación y las políticas públicas (p. ej. eficiencia, igualdad y privacidad), sugiere maneras en que las tecnologías disruptivas tienen el potencial de afectar positiva y negativamente estos fines, y se indican formas en las que el Estado podría potenciar o mitigar dichos efectos. El escrito también muestra de qué manera dichas tecnologías proveen nuevos instrumentos y desafíos en las etapas del denominado ciclo de las políticas públicas. Después de la elaboración de ese marco general, se discutirán las contribuciones de cada uno de los trabajos contenidos en este tomo y se sugiere cómo se enmarca cada uno de ellos dentro del marco antes elaborado.
Antes de desarrollar las ideas de este marco general, es importante hacer una breve referencia a las tecnologías disruptivas a las que se refiere este ensayo introductorio y el tomo, en general. Sin pretender entrar en el debate existente sobre la definición de tecnologías o innovaciones disruptivas (Christensen et al., 2015), en este escrito entiendo por tecnologías disruptivas aquellas que en la actualidad representan nuevos modos de actuar o de relacionarse tanto en el sector público como en el sector privado, y que imponen nuevas maneras de regular por ser las normas actuales insuficientes para abarcar esos modos de actuar o relacionarse. Además, son tecnologías que se apoyan en los avances recientes en la velocidad y disponibilidad de la computación, en el uso generalizado de herramientas digitales o en el crecimiento en la utilización de grandes cantidades de datos.
Ejemplos de tecnologías que cumplen con estas características son el denominado blockchain, que, como se verá en este estudio y en varios de los artículos contenidos en este tomo, introduce innovaciones para el sector financiero y el comercio exterior, o la Inteligencia Artificial que, por ejemplo, con la llegada de los vehículos autónomos genera un cambio en temas tan diversos como la planeación urbana, la regulación del tráfico, la responsabilidad civil extracontractual, entre otros. No obstante, hay tecnologías que sobre todo implican retos para la regulación, como por ejemplo la impresión 3D que, aunque no es disruptiva en los modos de relacionamiento, sí involucra importantes retos desde el punto de vista de la regulación aduanera y fiscal.
Este escrito tiene cuatro secciones, además de esta introducción. La siguiente sección presenta las maneras como las tecnologías disruptivas afectan los fines de la regulación y las políticas públicas. La que sigue muestra cómo las tecnologías disruptivas inciden y proveen nuevas herramientas en el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Después se presenta cada una de las contribuciones incluidas en este tomo y se muestra cómo cada una de estas contribuciones se encuadra en el marco propuesto en las dos secciones anteriores. Finalmente, se concluye.
I. LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y LOS FINES DE LA REGULACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Este estudio entiende la intervención del Estado en el mercado y la sociedad, y por tanto la regulación y las políticas públicas que son las formas en las que esa intervención toma forma, desde un punto de vista que trasciende la visión económica tradicional. De acuerdo con esta, la intervención del Estado se limita a la solución de las fallas del mercado, es decir aquellas situaciones en las que el mercado, por diversas razones, no provee el resultado más eficiente. Esto incluye la provisión de bienes públicos, en el sentido estrictamente económico; la adopción de mecanismos para mitigar o compensar los efectos de externalidades negativas, así como para promover acciones generadoras de externalidades positivas; la adopción de correctivos a acciones limitantes de la libre competencia económica, así como la mitigación de situaciones que involucren asimetrías de información y riesgo moral (Mankiw, 2017). Sin embargo, la literatura especializada, así como la operación del sistema político, muestran que es deseable (y así sucede en la realidad) que el Estado intervenga para el logro de objetivos que no se limitan a la solución de las fallas de mercado. Por ejemplo, Stone (2011) sugiere que los fines de las políticas públicas, además de la eficiencia, también incluyen la equidad, la seguridad y la libertad, fines con los que concuerdan, al menos parcialmente, otros autores (Weimer & Vining, 2017). Las tecnologías sobre las que versan los trabajos incluidos en este tomo tienen un gran potencial en la mejora de la eficiencia, pero también tienen el potencial de afectar la igualdad y privacidad de los ciudadanos, como pasaré a explicar.
1. EFICIENCIA
La motivación más frecuente para la promoción y adopción de nuevas tecnologías está relacionada con las mejoras en la productividad (Acemoglu & Restrepo, 2018; Aghion et al., 2017), las reducciones de costos que las nuevas tecnologías implican, o la generación de valor económico (White House, 2016). Es decir, hay un énfasis en aspectos relacionados con la eficiencia.
En el caso colombiano es claro que las políticas públicas y las iniciativas gubernamentales relacionadas con la transformación tecnológica están inspiradas en la idea de generación de valor. En el lanzamiento del Centro para la Cuarta Revolución Industrial ubicado en Medellín (Antioquia, Colombia), el Presidente de la República se refirió al efecto que podría tener la transformación tecnológica en el producto interno bruto y en la atracción de “grandes fondos de capital privado en tecnología” (Presidencia de la República, 2019). Por su parte, los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), específicamente el número