ganancias en tiempo, reducción de costos y aumentar las posibilidades de escalabilidad de las intervenciones (Young et al., 2019), es importante recordar que, tal y como se discutió en la sección anterior, estas tecnologías generan inquietudes sobre la igualdad y la privacidad. Preguntas como quiénes tienen acceso a las tecnologías y participan proveyendo insumos para la toma de decisiones, quiénes son tenidos en cuenta en el cálculo de indicadores para el monitoreo y seguimiento de las políticas, qué tan representativa es una Administración pública automatizada, y cómo se mantiene la seguridad y privacidad de la información, son preguntas fundamentales al momento de aplicar estas nuevas herramientas en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas.
III. LOS TRABAJOS DE ESTE TOMO
Este volumen está dividido en tres secciones. La primera contiene trabajos que nos presentan un marco general de los retos que las tecnologías disruptivas imponen a la regulación y las políticas públicas. En la segunda se incluyen trabajos que contienen ejemplos y reflexiones sobre el uso de las tecnologías disruptivas por parte de la Administración pública y la sociedad civil en su interacción con el gobierno. Finalmente, en la tercera sección se incluyen los trabajos que abordan los retos de las tecnologías disruptivas para el Estado regulador (Alviar García & Lamprea, 2016).
A continuación, realizo una breve presentación de cada uno de los trabajos incluidos en este tomo, además de los comentarios que ya he realizado brevemente, indicando, en la medida de lo posible, cómo se enmarcan en los debates esbozados en las dos secciones anteriores, es decir, en los debates sobre los fines de la regulación y las políticas públicas, y sobre el uso de las tecnologías disruptivas en el ciclo de las políticas públicas.
1. MARCO GENERAL DE LOS RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA LA REGULACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Como mencioné, la primera parte del tomo contiene dos trabajos que nos muestran un panorama general sobre los retos que imponen las tecnologías disruptivas a la regulación y las políticas públicas. En el primero, Carolina Isaza y Aníbal Zárate realizan un estudio detallado de los retos que traen la Inteligencia Artificial y la disponibilidad y uso de grandes cantidades de datos para la Administración pública. Los autores argumentan que dichos retos son de dos tipos: como usuaria de estas tecnologías y como reguladora de estas tecnologías. En el primer grupo, resaltan los retos organizacionales para la adopción de las tecnologías al interior de la administración y la posibilidad de aumentar las desigualdades, así como el potencial y el desafío para que estas tecnologías promuevan valores democráticos. En el segundo grupo de retos, resaltan el desafío que representa para la administración la adopción de nuevas herramientas regulatorias que se adapten a estas tecnologías, e incluso el uso de las mismas para la actividad regulatoria. Los autores hacen énfasis en el rol que debe jugar la regulación para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la promoción del uso ético de las tecnologías.
Cualquier consideración sobre el uso o regulación de las tecnologías disruptivas por parte de la Administración pública deberá tener en cuenta que el acceso a tecnologías básicas como internet no es equitativo en Colombia. Si esto es así para herramientas básicas, es previsible que para herramientas más avanzadas (P. ej. blockchain, impresión 3D, internet de las cosas, etc.) el acceso y las posibilidades de aprovechamiento sean aún más dispares. Esta brecha digital es el tema del segundo trabajo incluido en esta parte del tomo, escrito por Luz Mónica Herrera Zapata y Laura Daniela González Rozo. Las autoras presentan un diagnóstico sobre la brecha digital, esto es, la brecha en el acceso a las tecnologías de la información, y las dimensiones, educativas, socioeconómicas y demográficas que explican esta brecha. Este diagnóstico ilustra uno de los desafíos que enfrenta el país para garantizar el acceso a esas tecnologías. Este estudio también argumenta sobre la importancia de promover la inclusión digital como un fin en sí mismo, pero además como un medio que facilitaría el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Además de convencernos sobre la importancia de la inclusión digital, el estudio también sugiere maneras en las que la legislación podría fomentarla.
2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO USUARIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
La segunda parte del tomo ilustra distintas facetas del Estado y la sociedad civil como –en los términos de Isaza y Zárate– usuarios de estas herramientas en la implementación de políticas y en la interacción con el gobierno. Cada uno de los artículos incluidos en esta parte analiza casos prácticos del uso actual o potencial de tecnologías básicas (p. ej. videos para la evaluación de desempeño docente o plataformas de peticiones por Internet) y avanzadas (p. ej. blockchain y tecnologías militares) por parte de la Administración pública y, en algunos casos, de los burócratas a nivel de calle (Lipsky, 2010), así como la sociedad civil en sus interacciones con la Administración pública.
El primer trabajo incluido en esta parte del tomo es el de Sandra Patricia Arévalo Ramírez y Martha Liliana Jiménez Cardona, quienes presentan evidencia descriptiva, basada en una encuesta aplicada a docentes de instituciones educativas oficiales, sobre los cambios que ha generado la introducción de tecnologías audiovisuales en la evaluación de desempeño docente. Dentro de estos cambios se encuentran un cuestionamiento de la legitimidad del ejercicio evaluativo en tanto que se percibe muy vinculado a las posibilidades de ascenso en la carrera profesoral, y se estima que no refleja adecuadamente la realidad de la práctica docente. Otro de los aspectos señalados por las autoras tiene que ver con los problemas introducidos por la falta de acceso a las tecnologías, por cuanto la posibilidad de presentar esta evaluación y la calidad de los materiales producidos, dependen de la posibilidad de acceder a Internet y a otras herramientas, oportunidades que no están distribuidas equitativamente en el territorio nacional como lo muestra el trabajo de Herrera y González.
El trabajo de Luis Antonio Orozco y sus coautores explica el potencial de uso de nuevas tecnologías en lo que denominan las seis funciones de conducción de la guerra, y plantean el desafío que para el sector defensa representa la amenaza a la seguridad derivado de la democratización de estas tecnologías, en particular de los sistemas ciber físicos dotados de autonomía que se basan en la Inteligencia Artificial. Este es un buen ejemplo del rol que deberá cumplir el Estado como un usuario avanzado de estas tecnologías, rol que demanda la inversión en investigación y formación en el uso de las mismas, tanto con fines ofensivos, como para contar con la posibilidad de repeler efectivamente ataques que usen esas herramientas.
En un sentido parecido, el artículo de Ana Paola Gutiérrez Rico y Erick Camilo Castellanos Reyes propone el uso de blockchain para facilitar la comercialización de energía eléctrica por parte de consumidores que también generan energía, por ejemplo, a través de paneles solares. Consideran los autores que esta sería una alternativa para garantizar el acceso a la energía eléctrica en aquellas zonas que actualmente carecen de conexión, y sugieren que para explorar estas y otras alternativas, el Estado podría crear areneras regulatorias, como las existentes en el sector financiero, para permitir la experimentación con estas y otras opciones. Además de ser un ejemplo del potencial de uso de las tecnologías disruptivas para la provisión de servicios por parte del Estado y para lograr el cumplimiento de los ODS en cuanto al acceso a energía, este caso también ilustra los retos de reducir la brecha digital, por ejemplo, para permitir que el blockchain se democratice en lugares en los que ni siquiera ha sido posible llevar la energía eléctrica.
Por su parte, el artículo de Martha Ardila introduce el concepto de diplomacia digital, entendida como una extensión de la diplomacia tradicional, “que se basa en las innovaciones y usos inducidos por las tecnologías de la información y la comunicación, como una ayuda para alcanzar los objetivos de la política exterior de un país, siendo una herramienta que permite conectar al Gobierno con diferentes actores” (Ardila, 2021 [En este tomo]). Con base en el estudio de la interacción a través de Twitter en relación con la situación en Venezuela y con los inmigrantes venezolanos, la autora plantea que el uso de redes sociales e Internet ofrece al Estado nuevas maneras de relacionarse con otros Estados al tiempo que abre oportunidades de relacionarse e interactuar de manera más cercana con otros autores (inmigrantes). Sobre esta posibilidad de mayor interacción surgen inquietudes respecto