este contexto, los Estados deben actuar de alguna forma como equilibristas para emitir regulaciones que faciliten el desarrollo de las tecnologías al tiempo que se protegen los usuarios y consumidores, en particular aquellos que forman parte de poblaciones más vulnerables. Estos actos de equilibrismo son discutidos en el trabajo de Adriana Castro, último artículo del tomo, el cual nos presenta un marco general sobre la noción de la gobernanza digital y su rol en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, el artículo sugiere distintos aspectos éticos que debe abordar este marco de gobernanza para una regulación adecuada y orientada al bien común de estas tecnologías, y en concreto para el cumplimiento de los ODS. Además, el artículo plantea la necesidad de facilitar la participación de múltiples actores en los procesos de toma de decisiones sobre las tecnologías de información para que las mismas conduzcan efectivamente al logro del bien común.
CONCLUSIÓN
Las tecnologías disruptivas afectan el rol del Estado, y por tanto la regulación y las políticas públicas, al menos de dos maneras. Por un lado, estas tecnologías inciden y se interrelacionan directamente con los fines de las políticas públicas, en particular con la eficiencia, la igualdad y la privacidad. La principal motivación para el uso de dichas tecnologías es la generación de valor. Esto justifica una participación del Estado en el uso, promoción y facilitación del uso de tales tecnologías por parte del sector privado. Sin embargo, el Estado también debe jugar un rol activo en la prevención y mitigación de efectos negativos de estas tecnologías en la desigualdad y la privacidad de los individuos. En este aspecto, se requiere contar con un Estado regulador fuerte que establezca regulaciones orientadas a la protección de los ciudadanos, así como la incorporación de principios éticos en la elaboración de algoritmos y el establecimiento de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y auditoría de algoritmos, para asegurarse que no se discriminen a grupos poblacionales determinados, y no se refuercen o se creen desigualdades.
Las tecnologías disruptivas también afectan el rol del Estado en tanto que proveen herramientas que los tomadores de decisiones pueden usar en las etapas del ciclo de las políticas públicas. Todas estas herramientas proveen maneras de acceder a mayores volúmenes de información con mayor oportunidad, y posiblemente, respecto de segmentos más grandes de la población. Sin embargo, estas herramientas pueden verse afectadas por los mismos riesgos, ya anotados, en cuanto a la desigualdad y la privacidad. Por tanto, es necesario que se adopten mecanismos que prevengan o mitiguen afectaciones desproporcionadas respecto de grupos poblacionales específicos, así como acciones que eviten la veneración y confianza excesiva de los datos y los instrumentos y estrategias de medición que solo se ajusten a las nuevas tecnologías, en desmedro de otros que sean igualmente viables y relevantes, aun cuando reposen en otras fuentes de información.
Los trabajos incluidos en este tomo muestran desde varios puntos de vista las maneras en que el Estado puede aprovechar y fomentar el uso de las tecnologías disruptivas, al tiempo que señalan los desafíos que imponen para la Administración pública y la regulación. Algunos de ellos también señalan maneras en las que el uso y regulación de las tecnologías pueden promover no solo la generación de valor, sino también el mantenimiento de la privacidad y un trato ético y equitativo de los individuos, que sea sostenible social y ambientalmente.
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