sociales y personales es una condición de validez del sistema de investigación científico-tecnológico en un sentido constitutivo, es decir, en el sentido de que eso es lo que al final hace el sistema y por eso lo preservamos y consideramos valioso, porque proporciona una forma de conexión con nuestra idea de bien, de justicia y libertad en particular. Pero esta dimensión objetiva no es suficiente: nos interesa que estas cosas se hagan de una determinada forma. En particular deseamos que el ejercicio de estas capacidades sea un fruto reflexivo de un sujeto que adopta responsablemente las decisiones que considera básicas. En el terreno científico y tecnológico, el final de la investigación consiste siempre en un tipo particular de acto: en el caso de la ciencia el acto es la aserción o afirmación de un enunciado, convirtiéndose entonces en una creencia o proposición, en un juicio en terminología tradicional. En la tecnología, el final del proceso es un diseño, que es el enunciado de un plan, una aserción práctica que determina un curso de acción posible. El salto que existe entre la mera información y la actividad, de un lado, y el conocimiento y la técnica, del otro, se establece por estos pasos que llamamos afirmación o proyecto. Obsérvese que no se trata solamente de una consideración puramente filosófica sino de una práctica sancionada socialmente en la ciencia y la tecnología: no hay un acto comunicativo en ciencia y tecnología sin la firma a pie de página o proyecto de los autores respectivos.
Los sociólogos pueden creer que la firma es algo así como los signos que hacían los canteros en las catedrales medievales, una convención para recibir luego la recompensa en función del trabajo realizado. Pero sería una actitud menguada el pensar que esa es la única función. Por el contrario, el papel esencial de la firma es la asunción de la responsabilidad de la afirmación. Quien firma el trabajo se hace responsable de los contenidos: es el momento en el que una información pasa a ser una afirmación que tiene pretensiones de verdad (o de eficiencia en el caso de un diseño técnico). Por eso los artículos científicos y los proyectos tienen una sección final importantísima de deliberación o discusión en la que se hace un balance de las pretensiones de verdad del trabajo.
Ningún científico afirmará de modo irrestricto una hipótesis. Si se observa el estilo científico, siempre se parte de una literatura existente que delimita el estatus de un problema y se avanza hacia una conclusión sobre lo conseguido. Otros, los pares y jueces, examinan estas pretensiones y le dan paso como una afirmación plausible y dan un certificado de confianza al artículo. En la tecnología es más complicado, puesto que el diseño pasa a estadios nuevos de simulación y prototipo para comprobar las propiedades y, en último caso, a la fase pública de patente, que ejerce un control similar al de los pares.
Este conjunto de acciones tiene componentes de racionalidad práctica que no han sido notados en la literatura de los estudios sobre la ciencia y la tecnología. La afirmación tiene un carácter preformativo que crea lazos de responsabilidad, puesto que el autor declara mediante la firma su compromiso con la afirmación y se pone a sí mismo y a sus propias capacidades como garante de la afirmación. La ciencia y, en parte, la tecnología, son sobre todo una inmensa red de relaciones de confianza basadas en la credibilidad de los autores, en estos actos de compromiso con el contenido de lo que se afirma. No es casual pues que el escepticismo acompañe de forma tan cercana a la confianza y credibilidad, puesto que lo que está en juego son las propias capacidades de los autores.
Lo que importa con este proceso es el tipo de lazo social que crean las afirmaciones y proyectos en ciencia y tecnología: crean responsabilidades en los autores y derechos de réplica y petición en los lectores y oyentes. No se ha notado esta función social, política y jurídica de la ciencia y la tecnología por los sesgos de muchos de los estudios culturales hacia la crítica del sistema sin explicar su funcionamiento. Pero en las sociedades democráticas, el sistema de responsabilidades es, o debería ser, el sistema fundamental que articulase el buen gobierno republicano. La responsabilidad del juicio en la teoría y en el diseño es una responsabilidad que alcanza a aquello de lo que el autor se hace responsable, a aquello que afirma o proyecta. Con eso no quedan cubiertas todas las esferas de responsabilidad (y de racionalidad) puesto que los seres humanos son frágiles en sus capacidades cognitivas y prácticas y no alcanzan a derivar todas las consecuencias posibles de una afirmación teórica y práctica y mucho menos de un proyecto práctico (por eso la ciencia no termina en el acto de la publicación: si el artículo es considerado relevante se somete al escrutinio de la discusión y elaboración de nuevas consecuencias más allá de las afirmadas por el autor. Por eso la tecnología implica además una secuencia de controles, prototipos, lentos pasos de ensayo y error hasta que el producto se considera kosher para el consumo). El resultado, como sabemos, es la formación de consensos acerca de los límites de validez de una afirmación o de los límites de aplicabilidad de un artefacto. Lo que comenzó siendo una afirmación de un autor o grupo de autores se convierte al final del proceso en una aceptación colectiva, en la que la comunidad se hace cargo, se compromete y se hace responsable de la afirmación, y, en el caso de la tecnología, acepta la responsabilidad de las consecuencias de su puesta en práctica.
El principio general de la democracia es que no hay autoridad sin responsabilidad. La autoridad sin responsabilidad es siempre poder puro, dictadura sin legitimidad. Y por ello la formación de consensos implica también un sistema de delimitación clara de las responsabilidades. El final de este proceso, claro, si es el consenso, lleva a una asunción colectiva de las responsabilidades (sean éstas de beneficio o de riesgo). Por eso mismo los procesos de controversia desvelan tensiones profundas en las democracias, puesto que lo que ponen a veces sobre el tapete son las capacidades de una sociedad democrática para hacerse cargo de sus propias decisiones. En la mayoría de las decisiones científicas y tecnológicas contemporáneas aparecen muchos tipos de intereses: de orden económico, industrial, político y geopolítico, de los movimientos sociales que genera la propia decisión, etcétera. La función básica de la controversia en la esfera pública es la de hacer explícito todo el sistema de necesidades e intereses implicados, así como establecer las condiciones de legitimidad que debe cumplir un cierre adecuado de la controversia a través de la generación de un consenso, una línea de investigación nueva, etcétera.38 En estos procesos, sin embargo, una parte de la responsabilidad de las afirmaciones está en la credibilidad de quienes poseen la autoridad epistémica que deriva de sus respectivas habilidades. El que sus afirmaciones y proyectos estén respaldados socialmente por estas habilidades y capacidades plantea demandas especiales de responsabilidad a las partes implicadas.
Tradicionalmente se ha tratado la cuestión de la responsabilidad de los científicos e ingenieros como un caso de responsabilidad moral. Se han llenado bibliotecas con la apelación a los sentimientos morales, a la reflexión, a la asunción de valores, etcétera. Desde el punto de vista de la filosofía política de la ciencia, estas llamadas son prepolíticas, metafísicas en el sentido de Rawls, es decir, dependientes de una teoría comprehensiva del mundo, pero no parte de la sociedad ordenada que pretendemos construir. Si queremos replantear las exigencias en el marco del contrato social, solamente puede hacerse mediante una asignación de responsabilidades que derive de los papeles y funciones que legítimamente asumen los actores sociales. Así, las asignaciones derivan del acto preformativo que hemos señalado: la firma de los trabajos. Los expertos entran en el juego social poniendo como respaldo de sus afirmaciones su propia credibilidad. La sociedad debe hacerse cargo de que el sistema de acreditaciones, así como el sistema de controles previos y posteriores, sean lo suficientemente rigurosos como para que el respaldo basado en las capacidades de expertos sea todo lo garante que humanamente pueda imaginarse, dadas las propias capacidades de esa sociedad. El sistema público se erige así también en garante de la legitimidad y calidad epistémica de los expertos. Pero como ocurre con el sistema jurídico y tantos otros subsistemas de la democracia, ninguna autoridad es única: siempre existen, y así debe ser, diversos tribunales de apelación y de control. Los juicios expertos solamente son una parte del sistema de decisiones acerca de las capacidades y posibilidades en las que se embarca la sociedad, precisamente porque las consecuencias y beneficios las sufren y disfrutan todos.
No es una locura pensar que el sistema de tres poderes que configuró las democracias se haya convertido ya en un sistema diferente. Ya hablamos del cuarto poder refiriéndonos