Alejandro Olmos Gaona

Deuda o soberanía


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con una ideología que ve en la defensa de los privilegios de los sectores dominantes la única alternativa para el desarrollo de un Estado dependiente de las decisiones del poder global. Tales doctrinarios nunca entran en contradicción con los intereses que defienden, porque eso les significa prestigio, rentabilidad profesional y notoriedad académica. Si lo hicieran, poniendo en evidencia las arbitrariedades del poder, seguramente tendrían consecuencias en esa especie de cursus honorum en el que están inmersos6.

      No voy a caer en la simplificación de plantear que todas esas concepciones jurídicas se manifestaron orgánicamente sin disidencias visibles, ya que hubo diferencias y cuestionamientos en muchos de los temas a tratar. Las discusiones, cuando la reforma constitucional de 1949, son reveladoras de la existencia de criterios distintos respecto de considerar la forma de la aplicación del derecho, pero en general los juristas de la modernidad, con algunas excepciones, prefirieron transitar un camino convencional que respondiera a la noción de un Estado reducido a ejercer su autoridad en cuestiones muy limitadas, dejando que las “fuerzas del mercado” y las “leyes económicas” determinaran el modelo de vida que debía adoptar la comunidad.

      Negarse a ver una realidad que se ha impuesto, y que forma parte de un sistema diseñado para crear países subordinados a las decisiones de ese poder transnacional, es una de las miopías que aquejan a la sociedad, que no ve más allá de los particulares intereses de cada uno de sus miembros. En ese contexto, el tema de la deuda resulta central y es lamentable que no se advierta lo que significan los condicionamientos que impone y no sea materia de discusión popular. Pareciera que solo se tratara de una cuestión de técnicos, o la preocupación excluyente de la clase política, y que las decisiones que tienen que ver con ella no afectaran al conjunto de la sociedad, ni a cada uno de los ciudadanos en particular; como si fuera, en fin, algo ajeno a la economía en su conjunto y carente de toda gravitación en el modo de vida y en el futuro de cada argentino.

      Ha sido extremadamente grave desentenderse del problema limitándose a pagar y refinanciar las obligaciones, ya que el pago de los intereses de esa deuda, que se vino haciendo desde 1976, sustrajo una formidable masa de recursos para el desarrollo de la Argentina, desfinanciando los programas de salud, alimentación, atención sanitaria y educación; frustrando lo que son objetivos básicos relacionados con lo que es prioritario en la vida de los ciudadanos.

      Se ha hablado reiteradamente del volumen alcanzado por las obligaciones externas, del abultado monto de intereses que se generaron, de que el déficit presupuestario fue una de las consecuencias de los pagos de la deuda, pero no se ha mencionado con la precisión debida cuál fue su origen, más allá de las conocidas generalidades sobre el plan implementado por Martínez de Hoz durante la dictadura militar. Se pasó por encima respecto de la licitud o ilicitud de las posteriores operaciones de endeudamiento, el significado de las reestructuraciones como el Plan Brady o el megacanje del año 2001, efectuándose distingos equivocados entre la deuda vieja (la de la dictadura militar) y la deuda nueva (la contraída durante los gobiernos democráticos). No se ha querido advertir la inescindible vinculación existente entre ambas, y aun entre ella y el déficit de presupuesto, generador a su vez de nuevo endeudamiento. Las reflexiones que se recogen a diario parten de la concepción fatalista de que la deuda externa solamente debe pagarse, discrepándose solamente en cuanto a los montos. Es decir que las diferencias se refieren solamente