y cáscaras en descomposición me convencieron de la necesidad de quedarme con el problema —tomando prestada la propuesta de Donna Haraway (2016)— de lo emergente y lo transicional como algo más que la captación del presente en retrospectiva. Por ejemplo, los continuos riesgos materiales y tensiones afectivas que albergan los procesos transicionales, como el de dejar atrás los cultivos de coca y aprender a ver la selva no como matorral o maleza que debe limpiarse y domesticarse, sino como alimento y remedio. La esperanzadora incomodidad de no saber dónde está parado uno y admitirlo, de reconocer la propia participación en el deterioro ambiental de un territorio y de tratar de comprender y organizar una finca como corredor biológico y reserva de bosque, en lugar de hacerlo solo como un pedazo de propiedad que se trabaja y se explota para obtener el sustento económico de la familia, todo esto me llevó a pensar con cuidado sobre cómo la vida crece despacio en medio del veneno y sobre las dinámicas temporales entre los momentos de visibilidad y de energía frenética y los periodos de latencia e imperceptibilidad que se dan dentro de estos procesos. ¿Cómo se escriben los tiempos del glifosato y la persistencia de estos químicos en las matrices bioquímicas del suelo? ¿Cómo se presta atención a la gradualidad y la incertidumbre de una reconversión económica cuando un potrero se convierte en bosque secundario?
En Colombia, la gente dice ser “experta en aguantar”. Aguantar significa esperar, guardar la esperanza, resistir, sobrellevar o soportar. Así, la expresión popular “no aguanta” es una forma abreviada de decir que algo o alguien es intolerable y no debe soportarse. La forma de vida que intento articular es un equilibrio delicado entre la oposición, el aguante y la transformación: entre oponerse a condiciones de vida intolerables, a seguir bajo esas condiciones y hacer realidades alternativas a aquellas condiciones que hacen que algunas vidas y ecologías prosperen a expensas de que otras tengan que aguantar. Las temporalidades y materialidades de la hojarasca, su hundimiento y descomposición en el espesor de un presente lleno de potencialidades emergentes y nuevas realidades que pueden resultar frustradas, resurgir y plegarse una vez más las unas a las otras, producen lo que llamo una fragilidad robusta (véase el capítulo 4). Esta fragilidad hace posibles ciertas formas tentativas de reparación socioecológica y desestabiliza las connotaciones convencionales, reduccionistas y estigmatizantes de precariedad y debilidad. Anna Tsing (2015) propone la palabra “resurgencia” para articular “la fuerza de la vida de un bosque, su capacidad para esparcir sus raíces y estolones para reconquistar lugares que han sido deforestados” (179).20 La relacionalidad ecológica de la vida y la muerte de la selva de la que hablo en los siguientes capítulos requiere que nos adentremos en esta misma deforestación, dentro de las mismas heridas y cicatrices.
Notas
1 Para un análisis etnográfico del diseño, la implementación y las consecuencias de la política antidrogas bilateral colombo-estadounidense, el Plan Colombia, véase Tate (2015).
2 El glifosato es un herbicida sistémico, no selectivo y de amplio espectro. Mata las plantas al inhibir una ruta enzimática que participa en la síntesis de aminoácidos aromáticos, la cual es necesaria para su crecimiento.
3 Para un análisis crítico e integral de las políticas de desarrollo alternativo lideradas por Usaid en Colombia, véase Vargas Meza (2010). La Usaid también financió pequeños proyectos de infraestructura, como puentes, instalaciones escolares, pistas de aterrizaje, electrificación rural y mejoras en las vías. Las comunidades cocaleras también han sido consideradas “poblaciones vulnerables” a las cuales el Estado debe asistir mediante programas de asistencia social como Familias en Acción, Familias Guardabosques, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción.
4 Las AUC, cuyas raíces se remontan a la década de los ochenta, llegaron a tener alrededor de 31.000 militantes. Esta organización se formó en abril de 1997 y fue financiada principalmente por el narcotráfico y con aportes de terratenientes, ganaderos, empresas mineras y petroleras, corporaciones multinacionales y la clase política tradicional colombiana. Para profundizar en la relación entre las fuerzas estatales y los grupos paramilitares en el Putumayo, el papel de las FARC-EP con respecto a las ganancias del narcotráfico y los resultados locales de la desmovilización de las AUC en 2006, véase Jansson (2008).
5 El proyecto San Miguel Mira hacia Colombia y el Mundo se llevó a cabo durante cuatro años, entre 2004 y 2008. Fue coordinado y financiado por el Cinep en asociación con el gobierno municipal de San Miguel, otra ONG jesuita —la Fundación Social— y fondos de inversión social de Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia. Además de la finca-escuela, el proyecto también incluyó un colectivo de comunicación juvenil llamado Jóvenes Reporteros de San Miguel, el desarrollo de una “Agenda subregional para el Bajo Putumayo” y una campaña política llamada Vote por la Amazonía (Cinep 2007).
6 Para un retrato íntimo de la vida cotidiana de quienes cultivan o trabajan alrededor de la coca, véase mi instalación fotográfica y de no ficción etnográfica, Fresh Leaves (Lyons 2014b).
7 Margarita Chávez (1998; 2010) dilucida las interacciones cotidianas, las identidades interpenetradas, las fricciones productivas y las alianzas políticas entre comunidades indígenas y no indígenas en el Putumayo, a pesar de las representaciones clásicas de su supuesto aislamiento y de sus formas de convivencia conflictivas.
8 Varias medidas legislativas y resoluciones administrativas aprobadas desde 2004, incluyendo las leyes de propiedad intelectual que el Gobierno colombiano fue obligado a decretar con la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (Ley 1518 de 2012), han declarado la ilegalidad de una gran variedad de prácticas campesinas e indígenas de producción y comercialización de alimentos y de propagación de semillas. Por ejemplo, la Resolución 000957 de 2008 prohibió la producción, crianza y comercialización de gallinas criollas; la Resolución 002546 de 2004 prohibió la producción y comercialización de panela artesanal; el Decreto 1500 de 2007 prohibió la producción y el degüello de ganado en las cabeceras municipales y en los corregimientos, y privatizó la venta de cárnicos refrigerados; y el Decreto 2838 de 2006 limitó el derecho de comercializar leche cruda a empresas agroindustriales. Para más información sobre estas reformas neoliberales y sus consecuencias, véase el sitio web de la Corporación Grupo Semillas.
9 La Clínica Ambiental es una iniciativa fundada y apoyada por la ONG Acción Ecológica, con sede en Quito, una organización ambiental reconocida en toda América Latina, fundada hace 25 años.
10 Para una historia completa de la Mesa Regional, véase Mesa Regional de Organizaciones Sociales (2015).
11 Los activistas de la Meros han rechazado lo que Winifred Tate (2013) ha llamado ciudadanía ‘proxy’ y se han distanciado de las ONG que interfieren con su capacidad de dirigir sus reivindicaciones directamente al Estado.
12 Para más información sobre el Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular de 2013 y sobre los procesos políticos y las negociaciones posteriores, véase Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocucción y Acuerdo (MIA 2015).
13 Para más detalles sobre la metodología rural participativa, así como el enfoque y los temas de la formulación del Pladia 2035, véase Mesa Regional (2017).
14 El primer nombramiento de Heraldo como secretario de Agricultura, que duró seis meses, fue posible gracias a la influencia del partido de izquierda Alianza Democrática M-19 en el Putumayo. En 1989, la mayoría de los integrantes de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) se desmovilizó e hizo un tránsito a las esferas políticas legales conformando el Partido M-19. El partido se unió con otros movimientos políticos, incluyendo los grupos desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Quintín Lame, para crear la Alianza Democrática M-19, en 1991. Según la Comisión Andina de Juristas (1993), la AD M-19 se convirtió en un espacio de encuentro regional para líderes comunitarios y sindicales de izquierda. Debido a la presencia del grupo paramilitar conocido como los Masetos en el Putumayo, la AD M-19 también se convirtió en una alternativa a la Unión Patriótica (UP), movimiento político asociado