disposiciones, presentadas como medidas «que reforzaban la legalidad socialista», no obstante solo tuvieron efectos muy limitados. El control de las decisiones de arresto por parte de la sala no tuvo ningún alcance, porque el fiscal general Vyshinski concedió una autonomía completa a los órganos represivos. Además, desde septiembre de 1934, el Politburó infringió los procedimientos que él mismo había establecido a propósito de la confirmación de condenas de pena capital, autorizando a los responsables de varias regiones el que no se refirieran a Moscú para las condenas a muerte expresadas en el ámbito local. La tregua había tenido una corta duración.
El asesinato de Serguei Kírov, miembro del Politburó y primer secretario de la organización del partido de Leningrado, abatido el 1 de diciembre de 1934 por Leonid Nikolayev, un joven comunista exaltado que había conseguido entrar armado en el Instituto Smolni, sede de la dirección del partido de Leningrado, desencadenó un nuevo ciclo represivo.
Durante décadas, la hipótesis de la participación directa de Stalin en el asesinato de su principal «rival» político, prevaleció, fundamentalmente después de las «revelaciones» realizadas por Nikita Jrushchov en su «Informe secreto» presentado durante la noche del 24 al 25 de febrero de 1956 ante los delegados soviéticos en el XX Congreso del PCUS. Esta hipótesis ha sido cuestionada, sobre todo en la obra de Alla Kirilina26, que se apoya en fuentes archivísticas inéditas. No hay ninguna duda de que el asesinato de Kírov fue ampliamente utilizado por Stalin con fines políticos. Materializaba efectivamente, de manera extraordinaria, la figura de la conspiración, elemento central de la retórica estalinista. Permitía crear una atmósfera de crisis y de tensión. Podía servir, en todo momento, de prueba tangible —de único elemento, en realidad— de la existencia de una vasta conspiración que amenazaba al país, a sus dirigentes y al socialismo. Proporcionaba además una excelente explicación de las debilidades del sistema: si las cosas iban mal, si la vida era difícil, aunque debería de ser según la expresión famosa de Stalin, «alegre y feliz», se debía a «la culpa de los asesinos de Kírov».
Algunas horas después del anuncio del asesinato, Stalin redactó un decreto, conocido con el nombre de «ley del 1.° de diciembre». Esta medida extraordinaria, que entró en vigor por decisión personal de Stalin, y que solo fue ratificada por el Politburó dos años más tarde, ordenaba reducir a diez días la instrucción en los asuntos de terrorismo, juzgarlos en ausencia de las partes y aplicar inmediatamente las sentencias de muerte. Esta ley, que marcaba una ruptura radical con los procedimientos establecidos unos meses antes, iba a ser el instrumento ideal para la aplicación del gran terror27.
En las semanas que siguieron, un número importante de antiguos opositores a Stalin en el seno del partido fueron acusados de actividades terroristas. El 22 de diciembre de 1934, la prensa anunció que el «crimen odioso» era obra de un «grupo terrorista clandestino» que comprendía a Nikolayev y además a trece antiguos «zinovievistas» arrepentidos, y que era dirigido por un supuesto «centro de Leningrado». Todos los miembros de este grupo fueron juzgados a puerta cerrada los días 28 y 29 de diciembre, condenados a muerte e inmediatamente ejecutados. El 9 de enero de 1935 se abrió el proceso del mítico «centro contrarrevolucionario zinovievista de Leningrado», en el que estuvieron encausadas setenta personas, entre ellas numerosos militantes eminentes del partido que se habían opuesto en el pasado a la línea estalinista y que fueron condenados a penas de prisión. El descubrimiento del centro de Leningrado permitió ocuparse del «centro de Moscú», cuyos diecinueve supuestos miembros, entre los que figuraban Zinoviev y Kamenev en persona, fueron acusados de «complicidad ideológica» con los asesinos de Kírov y juzgados el 16 de enero de 1935. Zinoviev y Kamenev admitieron que «la antigua actividad de la oposición no podía, por la fuerza de las circunstancias objetivas, más que estimular la degeneración de estos criminales». El reconocimiento de esta sorprendente «complicidad ideológica», que se producía después de tantos arrepentimientos y negaciones públicas, debía exponer a los dos antiguos dirigentes a figurar como víctimas expiatorias en una futura parodia de justicia. De momento, les ocasionó, respectivamente, cinco y diez años de reclusión criminal. En total, en dos meses, de diciembre de 1934 a febrero de 1935, 6.500 personas fueron condenadas según los nuevos procedimientos previstos por la ley contra el terrorismo de 1 de diciembre28.
Al día siguiente de la condena de Zinoviev y de Kamenev, el Comité Central dirigió a todas las organizaciones del partido una circular secreta titulada «Lecciones de los acontecimientos relacionados con el asesinato innoble del camarada Kírov». Este texto afirmaba la existencia de una conspiración dirigida por «dos centros zinovievistas (…) forma enmascarada de una organización de guardias blancos» y recordaba que la historia del partido había sido y seguía siendo un combate permanente contra «grupos antipartido»: trotskistas, «centralistas-democráticos», «desviacionistas de derechas», «abortos derechista-izquierdistas», etc. Por lo tanto, eran sospechosos todos aquellos que en una u otra ocasión se hubieran pronunciado contra la dirección estalinista. La caza de los antiguos opositores se intensificó. A finales de enero de 1935, 988 antiguos partidarios de Zinoviev fueron deportados desde Leningrado a Siberia y Yakutia. El Comité Central ordenó a todas las organizaciones locales del partido establecer listas de comunistas excluidos en 1926-1928 por su pertenencia al «bloque trotskista y trotskista-zinovievista». Sobre la base de estas listas se realizaron a continuación los arrestos. En mayo de 1935, Stalin envió a las instancias locales del partido una nueva carta del Comité Central que ordenaba una verificación minuciosa de la cartilla de cada comunista.
La versión oficial del asesinato de Kírov, perpetrado por un individuo que había penetrado en Smolni gracias a una «falsa» cartilla del partido, demostraba de manera escandalosa «la inmensa importancia política» de la campaña de verificación de cartillas. Esta duró más de seis meses, se desarrolló con la participación activa del aparato de la policía política, proporcionando el NKVD a instancias del partido los expedientes sobre los comunistas «dudosos», y comunicando las organizaciones del partido a su vez al NKVD las informaciones sobre los miembros expulsados durante la campaña de «verificación». Esta se solventó mediante la expulsión del 9 por 100 de los miembros del partido, es decir, de alrededor de 250.000 personas29. Según datos incompletos citados ante el pleno del Comité Central reunido a finales de diciembre de 1935 por Nikolai Yezhov, jefe del departamento central de cuadros y responsable de la operación, 15.218 «enemigos» expulsados del partido fueron detenidos en el curso de esta campaña. Esta purga, no obstante, según Yezhov, se había desarrollado muy mal. Había durado tres meses más de lo previsto a causa de «la mala voluntad, cercana al sabotaje» de un gran número de «elementos burocratizados instalados en los aparatos». A pesar de las llamadas de las autoridades centrales para desenmascarar a trotskistas y zinovievistas, solamente el 3 por 100 de los expulsados pertenecían a estas categorías. Los dirigentes locales del partido habían sido a menudo reticentes «a ponerse en contacto con los órganos del NKVD y a proporcionar al centro una lista individual de las personas que había que deportar sin tardanza por decisión administrativa». En resumen, según Yezhov, la campaña de verificación de las cartillas había revelado hasta qué punto la «caución solidaria» de los aparatos locales del partido significaba un obstáculo para cualquier control eficaz de las autoridades centrales sobre lo que pasaba realmente en el país30. Se trataba de una enseñanza crucial de la que Stalin se acordaría.
La ola de terror que se abatió desde el día siguiente del asesinato de Kírov no solamente arrastró a los antiguos opositores en el seno del partido. Tomando como pretexto que «elementos terroristas de los guardias blancos habían pasado la frontera occidental de la URSS», el Politburó decretó, el 27 de diciembre de 1934, la deportación de dos mil «familias antisoviéticas» de los distritos fronterizos de Ucrania. El 15 de marzo de 1935 se adoptaron medidas análogas para la deportación de «todos los elementos poco seguros de los distritos fronterizos de la región de Leningrado y de la República autónoma de Carelia (…) hacia el Kazajstán y la Siberia occidental». Se trataba principalmente de finlandeses, las primeras víctimas de las deportaciones étnicas, que iban a alcanzar su apogeo durante la guerra. Esta primera gran deportación de aproximadamente 10.000 personas partiendo de criterios de nacionalidad fue seguida, durante la primavera de 1936, por una segunda, que afectó a más de 15.000 familias y a