La intervención del socialismo en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
al considerar que con su actuación podrían alcanzar mayor bienestar para la clase trabajadora y adquirir más influencia que otros sindicatos en los Comités Paritarios, lo que consiguieron, pues establecieron —junto a la Patronal— la normativa que reguló el mundo laboral en aquellos momentos. La buena actitud de los agentes sociales —clase obrera y clase patronal— contribuyó al desarrollo de la reforma social y a la creación, por parte del ministro Eduardo Aunós, del Código de Trabajo, que fue prioritario para evitar arbitrariedades dentro del mundo laboral, pues establecía el reglamento entre las partes contratantes. Igualmente, la Organización Corporativa del Trabajo, institución que repercutió muy favorablemente en el sector económico-social, y la significativa función de la Oficina Internacional del Trabajo como promotora de la legislación laboral a nivel supranacional con la influencia que ejercía sobre los Estados integrantes en el compromiso de convertir en ley los acuerdos allí adoptados.
Analizo en profundidad el XII Congreso del Partido Socialista y el XVI Congreso de la Unión General de Trabajadores, ambos de 1928. Es fundamental el estudio de sus sesiones, pues muestra claramente la posición intervencionista llevada a cabo por la mayor parte de los dirigentes socialistas.
Otro aspecto importante que abordo es la actitud del socialismo ante la creación de la Asamblea Nacional Consultiva y, en relación con ella, los congresos extraordinarios de la UGT y del Partido Socialista en 1927, convocados para decidir la posible participación en ella y la modificación del decreto de constitución de la Asamblea Nacional por parte de Primo de Rivera, que permitía a los socialistas designar a sus representantes para asistir a dicha institución. Por último, expongo la ruptura del socialismo con el Régimen por motivos de clara estrategia.
Capítulo I.
Breve análisis de la Dictadura
La dictadura del general Miguel Primo de Rivera no solo fue un paréntesis en la vida constitucional de España, sino que tuvo un papel decisivo en el futuro político de nuestro país pues dejó un legado que repercutió en acontecimientos políticos posteriores, con la caída de la monarquía de Alfonso XIII y la implantación de la Segunda República. Igualmente, causó efecto en el papel político cada vez más relevante del socialismo dentro de la nación.
Las graves dificultades coyunturales por las que atravesaba España en 1923 eran premonitorias del pronunciamiento militar. El caso español no fue una excepción en la Europa de su tiempo, en la que se desarrollaron diversos sistemas dictatoriales —Mussolini en Italia, Gómez da Costa en Portugal, Pilsudski en Polonia, Venizelos en Grecia— considerados como regímenes políticos temporales, excepcionales, que venían a resolver situaciones de crisis agudas. El Dictador era investido de autoridad y facultades extraordinarias de actuación, no existiendo control a las determinaciones que adoptara; la fuerza se imponía a la legalidad en pro de alcanzar los objetivos previstos.
El político catalán Francisco Cambó, analizando los motivos de la aparición de los sistemas dictatoriales en Europa, señaló distintos factores. En su opinión, se habían originado en algunos países fuertes para incrementar su crecimiento y fortaleza; y en otros pueblos con mayores problemáticas y debilidades, como síntoma de su impotencia, para tratar de remediar situaciones complejas. Cambó subrayó la aceptación y simpatía de los europeos hacia este sistema de gobierno. Respecto a España, consideró que el advenimiento de la Dictadura fue principalmente por el mal funcionamiento del sistema parlamentario y la crisis de los distintos gobiernos liberales. Y, sobre todo, porque a la idea de democracia-derecho no la acompañaba la idea de democracia-deber; al igual que el materialismo que llevaba intrínseco la crisis de los valores éticos.1
El régimen de Primo de Rivera se implantó en nuestro país porque no se había realizado una paulatina reforma estructural en las instituciones del Estado, herederas del sistema canovista de finales del siglo XIX. Se continuó con la manipulación en los procesos electorales mediante el caciquismo que permitía asegurar el resultado de las elecciones a propuesta del Ministerio de Gobernación. Este mecanismo ocasionó gran debilidad en el Poder Ejecutivo, que unas veces no supo, y otras no pudo, por el escaso tiempo que la fuerza política permanecía en el gobierno, dar solución a las distintas cuestiones latentes del país. La tradición liberal se estancó, fue incapaz de integrar a nuevas fuerzas políticas emergentes y de realizar reformas sociales y económicas adecuadas. La descomposición interna de los partidos dinásticos fue otro factor de inestabilidad, pues se encontraban divididos en fracciones personalistas enfrentadas entre sí. Asimismo, las nuevas expectativas de las masas campesinas, que se mostraron defraudadas ante la falta de reformas estructurales en el sector agrario, la insuficiente industrialización, los conflictos derivados del nacionalismo, y, sobre todo, el papel tan destacado que había alcanzado el Ejército en la política española al intervenir en asuntos que no pertenecían a su competencia. Todos estos factores fueron decisivos para la implantación del régimen autoritario; así, la inquietante situación por la que atravesaba España se intentó paliar mediante la intervención militar, con el beneplácito del monarca Alfonso XIII.
Causas del pronunciamiento militar
El pronunciamiento militar del 13 de septiembre de 1923 fue recibido por la mayoría de la población española de un modo favorable, pues venía a eliminar la insostenible situación de la vieja política de la Restauración llena de corrupción, caciquismo y otras arbitrariedades que polarizaban el panorama nacional. La crisis del sistema era evidente, la degradación de los partidos políticos se manifestó palpable y el fracaso de los distintos gobiernos fue una realidad. El liberalismo desarrollado hasta el momento había sido más teórico que real, el poder militar tenía cada vez más fuerza en detrimento del poder civil. Esta circunstancia se produjo porque la legitimidad estaba vinculada a la monarquía y no a la soberanía popular, la cual, al no ser sólida, habilitó al Ejército para intervenir bajo el apoyo de la Corona. Políticos de aquella etapa, como Manuel Azaña o el conde de Romanones, manifestaron la gran preponderancia que poseían los militares en la vida política española y la escasa autoridad del poder civil, pues quienes dirigían España eran Alfonso XIII y los militares.
Se puede afirmar que el sistema político estaba colapsado y que la alternativa más inminente fue el establecimiento del régimen autoritario. Aunque algunos historiadores, como el inglés Raymond Carr o el israelí Shlomo Ben Ami, sostienen que el último gobierno liberal, constituido en diciembre de 1922 y liderado por Manuel García Prieto y Santiago Alba, revitalizó la democracia con una coalición de centro-izquierda que pretendió establecer un programa amplio: alcanzar una reforma electoral favorable a la representación proporcional, aprobar normativas que facilitaran la reforma agraria, gravar con impuestos extraordinarios los beneficios de la guerra de Marruecos o juzgar las responsabilidades políticas y militares por el desastre de Annual.2 Sin embargo, la mayor parte de la historiografía —tanto de aquella etapa como posterior— señala que el sistema de la Restauración era inviable. El economista Juan Velarde consideró que los políticos dinásticos en ejercicio sus cargos no habían realizado acciones para solucionar los graves problemas económicos y sociales existentes en España, alegando que cuando la situación llegó a ser insostenible, se pensó entonces en un sistema dictatorial.3 Francisco Cambó estimó que el Dictador había arrebatado los derechos al pueblo español, pero subrayó que el sistema político del «turnismo de poder» se encontraba en grave decadencia: «No ha hecho más que arrancar plantas sin vida, instituciones que solo eran una sombra o un sarcasmo».
Igual opinión tienen los historiadores contemporáneos José Luis Gómez Navarro o María Teresa González. Ambos señalan que no existía entre los partidos políticos de la Restauración una clara intención democratizadora; consideran que las fuerzas que desearon reformar las estructuras del Estado no pudieron actuar debido al sistema caciquil imperante que dificultaba cualquier propósito; la solución dictatorial estaba en el ambiente nacional.4
En definitiva, no hubo un proceso democratizador factible identificado con fuerzas políticas y sociales con voluntad y capacidad para ser llevado a buen término. A los políticos monárquicos les faltó intención, rectitud y espíritu de cooperación, y se hallaron sometidos al variable criterio del monarca. El resto de los partidos, el Republicano y el Socialista,