La intervención del socialismo en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
no cercenó una democracia porque esta verdaderamente no existía, las elecciones eran del todo irregulares con fraude sistemático del procedimiento electoral, y el devenir de los acontecimientos políticos y sociales así lo constató. La indudable situación del sistema de la Restauración fue descrita en toda su crudeza por el socialista Luis Araquistáin al expresar:
El rey los llamaba y el rey los despedía a capricho, para darles o quitarles el Poder, para darles o quitarles el Parlamento, un Parlamento que se formaba desde el ministerio de la Gobernación. En España, el Poder no ascendía, de abajo arriba, del pueblo al Parlamento, y del Parlamento al Gobierno o al jefe de Estado, como en una genuina democracia. En España, el Poder lo otorgaba el rey a su primer ministro, éste a su ministro de la Gobernación —el gran fabricante electoral— y éste a los caciques locales, encargados de hacer triunfar a los candidatos del Gobierno por todos los medios: por el fraude, por la corrupción, por la violencia si era preciso. España era una autocracia disimulada por la ficción de un régimen constitucional sin realidad alguna.5
Primo de Rivera, en su manifiesto a la nación, declaró que el pronunciamiento militar llegaba para solventar las graves dificultades políticas, sociales, económicas y militares existentes en España. Su gobierno eliminaría el sistema caciquil y establecería el orden público tan deseado por la sociedad española; proponiendo también distintos proyectos y reformas en la administración del Estado. Para la alta burguesía, clases medias y el Ejército, la Dictadura representó el remedio para tratar los problemas que tenía el país.
Sin duda, las causas del pronunciamiento militar fueron complejas y diversas; imperaba una grave crisis política como consecuencia de la escasa capacidad del sistema de la Restauración de realizar una política efectiva. Los sucesivos desgastes de los gobiernos, treinta y dos en los veintitrés primeros años del siglo XX, ponían de manifiesto la ineficacia del Poder Ejecutivo. Los partidos del «turnismo» estaban estancados, existía la división de los conservadores —entre mauristas y datistas— y se daba la ruptura del Partido Liberal entre los seguidores de Romanones y los de García Prieto. Esto ocasionaba que los grupos políticos careciesen de unidad y de fuerza para gobernar, dando lugar a las sucesivas crisis de gabinete, en parte creadas por el Rey, lo que se conocía en la época como borbonear, lo que producía un sentimiento muy negativo y el descontento en los distintos sectores sociales.
Otro agudo problema, la guerra de Marruecos y el tema de las responsabilidades políticas, había enfrentado al poder civil y al poder militar y se convirtió en el mayor conflicto planteado a la monarquía. El Rey fomentó el expansionismo territorial en aquella zona y se emprendió una agresiva política por el control de la misma con escasa planificación, ocasionando un fuerte y sangriento enfrentamiento entre los rifereños y el ejército español, con graves pérdidas de vidas en el desastre Annual, generando gran repulsa social. El expediente Picasso señalaba las personas implicadas; entre ellas se incluía a Alfonso XIII, militares y al Ejecutivo. El gobierno liberal de García Prieto, en la sesión de las Cortes celebrada el 11 de julio de 1923, creó una nueva comisión —la primera la formó el gobierno conservador de Sánchez Guerra— para examinar el informe del general Picasso, que contenía a los implicados del desastre marroquí, para que rindiesen cuentas públicamente. Esto tendría lugar tras el periodo vacacional, pero al producirse el pronunciamiento militar, disolverse el Parlamento y sus comisiones, no se pudo actuar y se dio carpetazo al asunto.
Al grave estancamiento político se le une un gran malestar social, pues existía un angustioso problema de orden público: terrorismo, huelgas, pistolerismo por parte del anarquismo. Para contrarrestarlo, optaron por la misma estrategia los Sindicatos Libres y patronos, junto al Estado. Esta situación ocasionó un profundo desorden que se traducía en importantes pérdidas económicas. Tales eran las circunstancias del momento, que en diversas sesiones del Congreso de los Diputados se trató el tema y se propusieron nuevas sanciones para la tenencia y uso de armas por el grave problema social existente en Barcelona. Por este motivo, sectores de la burguesía catalana solicitaron una política fuerte que acabase con el caos imperante en España.
Como consecuencia del desorden social, se produjo alarma económica agravada por la presión fiscal que ejerció el Estado sobre los contribuyentes por el déficit arrastrado en los presupuestos generales para la financiación de la guerra de Marruecos. Al mismo tiempo, la burguesía catalana solicitaba aranceles proteccionistas para salvaguardar su industria. El auge de los nacionalismos catalán y vasco contribuyó también a la gestación del pronunciamiento militar, porque eran considerados como una amenaza para el sistema.
Todas estas circunstancias, unidas al creciente intervencionismo de los militares en la política nacional, quienes en los momentos de crisis acudían a solucionar las situaciones difíciles, ordenados por el Rey, fortificaron el Ejército, el cual se encontraba en óptima disposición para irrumpir en la gobernación del Estado, controlando el sistema político junto a la Corona.
Legitimación del golpe
El pronunciamiento militar desarrollado por el capitán general de Cataluña Primo de Rivera contó con la comprensión de Alfonso XIII, a quien le correspondió la decisión de legitimar el golpe.6 El Rey pudo reconducir la situación hacia la legalidad constitucional, pero no lo hizo, y optó por sancionar el Directorio Militar nombrando a Primo de Rivera como su presidente. El propio monarca, cuando estaba en el exilio, manifestó a Cortes Cavanillas que la sublevación militar no le extrañó debido a las difíciles circunstancias por las que atravesaba España. La declaración siguiente constata la conformidad del Rey con el cambio de régimen:
Yo acepté la Dictadura Militar porque España y el Ejército la quisieron para acabar con la anarquía, con el desenfreno parlamentario y la debilidad de los hombres políticos. La acepté como Italia tuvo que acogerse al fascismo porque el comunismo era su inmediata amenaza. Y porque había que emplear una terapéutica enérgica sobre los tumores malignos que padecíamos en la Península y en África.7
Políticos de aquella etapa manifestaron su rechazo a la actuación de Alfonso XIII. Por ejemplo, Gabriel y Miguel Maura culparon al Rey del pronunciamiento militar, y en sus Memorias, Niceto Alcalá-Zamora igualmente acusó al monarca de la implantación de la Dictadura pues le manifestó, en los primeros meses de 1923, que los generales Leopoldo Saro y Antonio Dabán, promotores —entre otros— del pronunciamiento militar, no hubieran realizado ningún acto de insumisión sin su consentimiento.8 Manuel Azaña también criticó con dureza la postura del Rey, subrayando que debía haber sido el máximo interesado en proteger las instituciones del Estado, haciéndole responsable del cambio de régimen político.
Asimismo, el Partido Socialista acusó a Alfonso XIII de haber propiciado el establecimiento de la Dictadura para esquivar las consecuencias del expediente Picasso dado que el pronunciamiento militar evitó que se trataran las responsabilidades políticas contraídas por el desastre marroquí. Sería la minoría socialista en el Congreso de los Diputados, en julio de 1923, quienes manifestaron su intención de plantear dicho asunto en el debate parlamentario por la trascendencia política que concedían al mismo. Andrés Saborit, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro e Indalecio Prieto exigieron que se esclarecieran todos los hechos relativos a las responsabilidades.9 Prieto señaló que ya anteriormente se había buscado una salida política de carácter dictatorial para evitar las responsabilidades por el conflicto del Rif. Para ello, se llamó a Antonio Maura para ofrecerle la dictadura civil que rechazó. Al preguntar las razones de tal propuesta, le respondieron que se estaba formando la Comisión de Responsabilidades, que era una bomba de dinamita colocada debajo del trono10. Indalecio Prieto aludió también a un texto publicado en el periódico La Nación, órgano de la Dictadura, el cual recogía que la disolución del último Parlamento evitó la Comisión llamada de «Responsabilidades», que iba a comprometer al mando militar en todos sus escalafones, y al monarca.11
Es evidente la implicación real en los hechos, pues es difícil imaginar que el Ejército realizase una sublevación militar que no hubiera sido aprobada por Alfonso XIII; sobre todo teniendo en cuenta que los conspiradores mantenían buenas relaciones con el Rey. Además, en sus declaraciones públicas, como la realizada en el Círculo de la Amistad de Córdoba, en 1921, ya se mostraba