en 1990?, ¿cumplieron todos ellos con sus funciones básicas de legislar, fiscalizar y representar?, ¿cuál fue su contribución específica a la vida política nacional? Debido a su breve paso por la gestión pública, desde julio de 1990 hasta el autogolpe de abril de 1992, resulta difícil evaluar su tarea legislativa y su función fiscalizadora y representativa. A pesar de esa limitación, con los pocos datos disponibles se puede examinar su gestión pública en ese período.
En primer lugar, cuando cuatro de estos parlamentarios fueron entrevistados, todos ellos «autocríticamente» coincidieron en señalar que su elección fue sorpresiva. Esto explica por qué Mario Soto expresó que les había faltado unidad de principios y mayor coordinación; Guillermo Yoshikawa puntualizó que estaban pagando el noviciado y que tenían falta de experiencia política y desconocimiento del manejo parlamentario; Juana Avellaneda reconoció que eran novatos en el manejo político; y Oscar Cruzado mencionó que se habían quedado rezagados por el poco conocimiento que tenían de la práctica política (Powosino y Vásquez 1991:4–5). Tenían razón, ya que ninguno de ellos tenía la suficiente experiencia profesional para asumir cargos importantes en el gobierno, o había ejercido previamente una función pública relevante. Además, la mayoría de los dieciocho parlamentarios evangélicos de Cambio 90 era improvisada y novata en este campo.
En segundo lugar, a fines de 1992, un grupo de senadores (Víctor Arroyo) y diputados (Tirso Vargas, Moisés Miranda, Mario Soto, Guillermo Yoshikawa, José Hurtado, Juana Avellaneda, Oscar Cruzado, Cesar Vargas) agrupados en la Coordinadora Parlamentaria Independiente, cuando hicieron una evaluación de su breve paso por el Congreso de la República, reconocieron que les había faltado organización como grupo, propuestas propias y cohesión conceptual (Coordinadora Parlamentaria Independiente 1992:1). Así fue, en efecto; particularmente, porque durante los meses que estuvieron en la gestión pública, se hizo evidente que ellos no constituían un grupo políticamente homogéneo y que carecían de una plataforma programática propia. Más bien, la opinión pública tomó nota tanto de su escaso conocimiento del manejo parlamentario como de su limitada percepción de las cuestiones políticas críticas que afectaban al país.
En tercer lugar, Carlos García, en una entrevista realizada a mediados de 1992, reconoció que los evangélicos que participaron en Cambio 90 tuvieron falta de experiencia política y señaló también que su participación no fue de manera organizada, como grupo consolidado, ni tampoco con un programa propio (Verástegui 1992a:4). Y años después en una entrevista declaró que los evangélicos vinculados a Cambio 90 —desde su particular punto de vista— habían sido utilizados por Fujimori (Pinilla 2002:A48)10. En cuarto lugar, una periodista señaló que la presencia de evangélicos en el Congreso —todos ellos, no sólo sin trayectoria política, sino sin tener cabal conciencia de lo que sus cargos significaban realmente— si bien despertó inicialmente expectativas en varios sectores de la sociedad por la reserva moral que representaban, finalmente no dejó una huella histórica muy profunda en la vida política (Valderrama 1992:20). Más aún, según la misma periodista, esta experiencia que empezó como «jugando», terminó también como jugando, pues aparentemente no pasó de ser una anécdota más en la historia del Perú republicano (Valderrama 1992:18–19). Para ella:
Los evangélicos que llegaron al Parlamento integrando la lista de Cambio 90 nunca representaron una fuerza política cohesionada en el congreso ni fuera de él. Huérfanos de un proyecto social y político definido, la mayoría se plegó a las consignas del gobierno y el resto deambuló entre la protesta aislada o la callada resignación (Valderrama 1992:18).
Esto puede explicar por qué en una entrevista el pastor presbiteriano Pedro Arana, sin proporcionar mayores detalles o hacer precisiones, señaló lo siguiente sobre la gestión de los parlamentarios evangélicos: Probablemente, con una excepción, la de un congresista que presentó proyectos de ley, no hemos visto que hayan impactado de manera alguna en nuestro país (Falconí 1995:11). En esa misma entrevista, Moisés Miranda, uno de los diputados evangélicos de Cambio 90 durante 1990–1992, precisó lo siguiente sin mencionar nombres: Yo he estado sentado en el Congreso con hermanos que no han presentado ningún proyecto de ley, o que nunca hicieron uso de la palabra en esos 20 meses que estuvieron en el Congreso (Falconí 1995:22).
Sin embargo, como la historia no es necesariamente «blanca o negra», sino gris, no todo fue así. Hubo contadas excepciones. Una de estas excepciones fue Moisés Miranda, quien, en una entrevista relacionada con su gestión parlamentaria, expresó que él presentó varios proyectos de ley y que trabajó en distintas comisiones dentro de la Cámara de Diputados (Falconi 1995:23). Otra de las excepciones fue Víctor Arroyo, quien, como presidente de la Comisión de Cooperativas, Autogestión y Comunidades del Senado, cumplió su labor de fiscalización denunciando públicamente casos como el de los malos manejos en la Central de Crédito Cooperativo (Expreso 1992:A4). Víctor Arroyo formó parte también de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la misma que se encargó de investigar la matanza de los Barrios Altos ocurrida el 3 de noviembre de 1991, una flagrante violación de derechos humanos cometida por un «escuadrón de aniquilamiento» conocido como Grupo Colina y que estaba conformado por miembros del ejército peruano. Esta Comisión del Senado no concluyó sus investigaciones debido al cierre del Congreso de la República por el «autogolpe» de Estado del 5 de abril de 1992. Además, Víctor Arroyo, junto con el senador Enrique Bernales, presentó una moción de orden del día en el Senado de la República, donde solicitaba que se le concediera al Archivo General de la Nación una partida presupuestaria especial para el mantenimiento de su local y de los valiosos documentos que allí se guardaban (Senado de la República 1991:336).
En realidad, unos pocos meses después del inicio de su gestión parlamentaria, cuando Fujimori se fue alejando de los ideales promovidos por Cambio 90 (honradez, tecnología y trabajo) y comenzó a implementar el modelo económico neoliberal que durante su campaña electoral había criticado, se fue haciendo evidente que no todos los parlamentarios vinculados al régimen tenían las mismas motivaciones y las mismas expectativas políticas. Carlos García, debido a su crítica a los vacíos y a las limitaciones de la política social del gobierno, fue marginado del Poder Ejecutivo y no tuvo ninguna función pública. Y los parlamentarios evangélicos que públicamente discreparon con Fujimori, debido a que no acataron la orden dada por el Presidente para que la bancada de Cambio 90 no apoyara la acusación constitucional contra el ex presidente Alan García, fueron también marginados de los círculos oficialistas. Estos parlamentarios evangélicos (Soto, Miranda, Avellaneda, Gabino Vargas, entre otros), al denunciar que Fujimori había traicionado los postulados de Cambio 90, se alejaron de la bancada de este partido para formar la Coordinadora Parlamentaria Independiente. El otro sector (Siura, Barreto, Jiménez, Cárdenas, Bocanegra, etc.), más afín al estilo autoritario de Fujimori, decidió seguir apoyando al régimen. De este grupo, Gilberto Siura se convertiría luego del «autogolpe» de 1992 en uno de los más entusiastas defensores de las decisiones políticas más controvertidas adoptadas por el gobierno de Fujimori y de las leyes inconstitucionales que fueron desmantelando paso a paso la institucionalidad democrática.
Durante la etapa conocida como el fujimorismo, en la que el carácter autoritario del régimen se acentuó notablemente, excepto la presencia política visible de Gilberto Siura, los congresistas evangélicos en el período del ccd de 1992–1995 (Vílchez, Ysisola, Barreto, Chávez) y en el período 1995–2000 (Vílchez, Barreto, Quicaña, Abanto) fueron figuras anónimas y decorativas en el escenario público. Estos congresistas evangélicos, al lado de la mayoría de los otros representantes del partido de gobierno, estuvieron en el Congreso únicamente para respaldar con sus votos la aprobación de las leyes que Fujimori necesitaba para seguir gobernando sin mayores problemas. Su contribución a la vida política, si se tiene en cuenta que las tres tareas básicas de los congresistas son legislar, fiscalizar y representar, fue intrascendente, pues no presentaron proyectos de ley relevantes ni defendieron en esos años la institucionalidad democrática. Pero si trataron de justificar «pragmáticamente», como el caso de Pedro Vílchez, su apoyo incondicional al régimen:
El Presidente es amigo de quienes quieren ser sus amigos[...]. Es más, nunca antes el pueblo evangélico ha gozado de la libertad que tiene ahora, a tal punto que tenemos campañas evangelísticas seguidas,