aparecía una imagen del 8 de marzo de 1984, el primer día internacional de la mujer en la posdictadura: “No más muertas por abortar”, dice la pancarta, un cartón blanco adosado a un palo, escrito en letras mayúsculas que probablemente fueron rojas, sostenido por una mujer cuyo nombre no conocemos pero que sabemos que estuvo allí, hace treinta y siete años, exigiendo lo que ahora, mientras escribimos este texto, estamos por conseguir.
Las luchas sociales atraviesan décadas, formas, etapas, capas, bifurcaciones, derrotas, hasta que logran construir realidades más justas. Surgen de cuestionar lo que se postula como realista en cada presente. De imaginar más allá de lo que se impone como posible. De crear derechos. Viven también momentos contradictorios como este: una demanda igualitaria y democratizadora, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se conquista al final de un año tristísimo, durante el cual decenas de miles de personas fallecieron en el país a causa de la pandemia y millones empeoraron sus condiciones de vida en la Argentina y en el mundo.
“¿Y ahora qué pasa?” es entonces una pregunta sobre qué hacer con lo que 2020 hizo con nosotres.
Empezamos a pensar este libro a mediados del año de la pandemia. Lo que llamamos “la agenda de derechos humanos” estaba estallada: todo lo que siempre ocurre aparecía reforzado, los conflictos y los problemas recrudecían y sus consecuencias estaban en carne viva. El esfuerzo del Estado para aminorar los estragos no podía abarcarlo todo. Y mientras algunos de sus brazos cuidaban y distribuían recursos, otras mediaciones institucionales habituales funcionaban a media máquina, pesadas, trabadas, o directamente hacían lo contrario a proteger derechos.
La idea de que la pandemia mostró la desigualdad estructural se instaló rápido y casi como un lugar común, algo que se dice fácil y desde afuera, que no genera rispideces, que se toma como obvio. Pero la respuesta sobre qué compromisos y responsabilidades derivan de esa constatación todavía está en el aire. ¿Y ahora qué pasa?
A la vez, en torno de cada uno de esos conflictos y de esos problemas nos encontramos con una trama social activa, dinamizada, de la que somos parte. Estos capítulos surgen de las conversaciones con compañeres de estos espacios –con quienes en varios casos los escribimos en conjunto–, con grupos y organizaciones que contuvieron parte del desastre. Durante 2020 desplegaron estrategias efectivas y una renovada imaginación organizativa que fortalecerán las luchas.
En noviembre de 2019, celebramos los cuarenta años de nuestra organización, creada durante 1979 por madres y padres de jóvenes desaparecides, a quienes todavía hoy no pudimos encontrar. En marzo de 2021, se cumplirán cuarenta y cinco años del comienzo de la dictadura. Las cifras redondas marcan el paso del tiempo y su carga simbólica muchas veces sirve para pensar lo hecho y proyectar.
Los textos que forman parte de este libro se despliegan entre estas dos cuestiones: las urgencias de un presente marcado por la fragilidad y los debates abiertos, de cuyo destino depende la posibilidad de moldear un movimiento social por los derechos humanos cada vez más amplio, capaz de construir consensos igualitarios. Capaz también de multiplicar los encuentros para celebrar que una lucha que atravesó el tiempo logró que el mundo sea hoy más justo que ayer.
HÁBITAT
Guernica. Tierra por tierra
Agustina Lloret, Diego Morales, Marcela Perelman
La reconstrucción y el análisis se realizaron de forma conjunta con Betiana Cáceres, Victoria Darraidou, Paula Litvachky, Luna Miguens, Federico Orchani, Ximena Tordini y Manuel Tufró
Cuando vos tenés tu tierra, ya progresás, pensás, proyectás: acá está el patio de nuestros hijos, hijas, donde puedan estar jugando. Podés planear, planificar un montón de cosas. Es como algo gratificante, algo que te enorgullece de tener un pedazo de tierra. Es lo más glorioso. Pero si no tenemos lo básico, que es un pedazo de tierra, ¿qué ciclo podés iniciar, si no se puede hacer nada? No se puede iniciar nada, ¿no?
Mariana, Barrio 20 de Julio, toma de Guernica
Un enfoque burocrático y penal
El 20 de julio de 2020, muchas familias que habían perdido sus ingresos durante la pandemia y no podían pagar el alquiler o sostenerse en viviendas compartidas se instalaron en terrenos que habían formado parte de un loteo fallido. Era un predio de varias hectáreas linderas a Villa Numancia, en la ciudad de Guernica, cabecera del partido bonaerense de Presidente Perón. La policía las desalojó de inmediato y un día después volvieron a tomar las tierras. En los días siguientes llegaron a ser alrededor de dos mil núcleos, entre familias y otros grupos, muchos integrados por personas muy castigadas por el ajuste social y económico de los últimos años, rematado por la pandemia: niñes, personas mayores solas, mujeres que habían huido de convivencias cargadas de violencia, maricas, bisexuales, lesbianas y chicas trans. Con una precariedad material extrema, organizaron el espacio común y montaron estructuras con palos y bolsas. Sobre cien hectáreas se organizaron cuatro barrios: 20 de Julio, San Martín, La Unión y unos días después, La Lucha.
El 25 de julio, un grupo de funcionarios del municipio, acompañado de la policía, se acercó a relevar información básica. En medio de la desconfianza, quinientas cincuenta personas respondieron a las preguntas, porque les dijeron que era necesario para incluirlas en una solución habitacional. Sin embargo, luego esa información fue utilizada en su contra como base de la acusación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por el delito de usurpación.
Ese día la policía ejecutó la prohibición de ingresar materiales. La acción, solicitada por el fiscal y decidida el día anterior por el juez de garantías de Cañuelas Martín Rizzo, es una medida de bloqueo muy tradicional para evitar la mejora o la consolidación de un asentamiento y forzar el abandono del lugar, lo que en la jerga se llama “ahogar la toma”. Los pedidos de reuniones y mesas de diálogo por parte de quienes estaban en el predio fueron rechazados. Ni las secretarías ni el defensor del pueblo municipales aceptaron las propuestas de conversar para buscar soluciones. Enseguida, la respuesta estatal se organizó mediante el sistema penal. La intendenta Blanca Cantero planteó que no había nada que negociar dado que existía una orden de desalojo, como si esto la eximiera de la responsabilidad política y social. Hubo diferentes denuncias por la usurpación de los terrenos: de una empresa que había comenzado un proyecto de barrio cerrado en la zona, que estaba interrumpido, de otras dos personas y hasta de un concejal, Guido Giana, quien denunció que un grupo había recolectado leña dentro de su propiedad como si eso implicara un robo.
El juez de garantías solicitó al fiscal que aplicara el “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”. A partir de un reclamo social, en 2019 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires formuló ese protocolo para aplicar la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat en este tipo de situaciones. La Suprema Corte provincial estableció que, en circunstancias de “alta sensibilidad humana”, todes les jueces deben respetar “la dignidad de esas personas” y se deben proteger sus derechos por medio de una solución habitacional. Pero en lugar de una herramienta de protección de derechos efectiva, en Guernica el protocolo fue una formalidad que incluso contribuyó a acelerar los tiempos del proceso penal. El censo se realizó por exigencia del protocolo, pero la información fue utilizada para criminalizar a quienes respondieron.
El 7 de agosto, el juez Martín Rizzo dictó la orden de desalojo. La fundamentación fue burocrática. Pretendió mostrar que se habían cumplido las diligencias en oficinas y agencias municipales y provinciales encargadas del hábitat y la vivienda, pero sin indicar si habían logrado resultados. Refirió que el defensor del pueblo municipal se había esforzado en encontrar alternativas, aunque sin explicar ni detallar qué había hecho, qué había propuesto, ni qué respuestas había obtenido. Sí detalló que el fiscal le había dicho que quienes reclamaban el predio deseaban la restitución cuanto antes y no estaban dispuestes a dialogar con les ocupantes. El juez no explicó la real urgencia en un caso que se trataba de terrenos descampados.
Tierra para vivir, para producir y para criar
Mientras tanto, en la toma unas dos mil familias