económicos, sociales, familiares y de violencia que les habían llevado ahí. En asambleas al aire libre eligieron delegades por manzana, por barrio, comisiones temáticas −feminista, de loteo, de salud−, se distribuyeron lotes, se reservaron espacios de uso común. La consigna “tierra para vivir” −que luego se extendió a “tierra para producir y tierra para criar”− desmentía las acusaciones mediáticas y judiciales de que eran aprovechadores o que buscaban un negocio. También establecía un contrapunto con la respuesta, con un enfoque penal, del Poder Judicial y con la respuesta del Poder Ejecutivo provincial, que a lo largo del conflicto priorizó resolver las situaciones de manera individual, familia por familia. Sintetizaba un anhelo, un derecho y la búsqueda de una solución real. La organización territorial tuvo una fuerte impronta feminista, que se manifestó en las formas de articulación, en los reclamos y en la reivindicación de la tierra como soporte de la vida.
A diferencia de la situación décadas atrás, cuando los asentamientos se ubicaron en terrenos marginales y desvalorizados de los partidos del Gran Buenos Aires, en la actualidad esas tierras tienen un gran potencial rentístico para los desarrolladores de urbanizaciones cerradas. Ese es el destino prioritario del territorio en este municipio. En 2015, una ordenanza municipal estableció que cada desarrollador privado debe pagar un porcentaje en concepto de plusvalía para que el Estado destine esos fondos a políticas de vivienda social. Nunca se aplicó.
El 8 de septiembre, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la orden de desalojo. En ese momento, la posibilidad cierta de una intervención violenta del Estado movió a un conjunto amplio de actores a involucrarse en el conflicto: más de cien organizaciones sociales e instituciones públicas reclamamos que se buscaran alternativas efectivas al desalojo violento a través de una mesa con autoridades judiciales, políticas, instituciones de protección de derechos, delegades y familias. Recién entonces el juez reclamó al Estado provincial que presentara un plan de “contingencia, propuestas y/o soluciones”, pero al mismo tiempo fijó el desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre.
Vengan de a uno
El desembarco de las agencias estatales provinciales vinculadas a la protección de derechos sociales se produjo luego de dos meses de iniciada la ocupación y pese a la renuencia de las autoridades municipales. Después de la intimación judicial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad planteó una intervención interministerial para identificar “las alternativas de solución particulares de cada caso, que permitirían la relocalización de las personas que ocupan los predios en cuestión”, y a la vez se abrió una mesa de negociación con las organizaciones y delegades, representantes de las familias de la toma. Sobre ese tablero de lógica penal y con fecha de desalojo establecida, gran parte del esfuerzo organizativo debió dirigirse a resistir e intentar postergar el plazo. La intervención liderada por el ministro de Desarrollo Andrés Larroque en la causa penal permitió ganar tiempo e involucrar a otros actores. Se habilitó la participación de las organizaciones de derechos humanos y del defensor del pueblo provincial en el proceso.
Un episodio particular del vínculo entre el gobierno provincial y les ocupantes fue el censo que se realizó entre el 11 y el 13 de septiembre. El ministerio hizo un relevamiento que dio como resultado que en la toma vivían 1904 grupos familiares o personas adultas solas, que incluían 2797 niñes. De los 1810 que respondieron la razón por la cual habían llegado a la toma, 1544 declararon que lo habían hecho por estar desocupades, por falta de ingresos y por la imposibilidad de pagar el alquiler; 183 alegaron conflictos familiares; 51 por violencia de género y 32 por estar en situación de calle. Como parte de la consulta, el gobierno pidió a cada censade un teléfono de contacto, lo que después fue criticado por les delegades porque habilitó canales individuales de negociación. Además, les ocupantes señalaron que el censo tuvo varias fallas: debido a los resquemores del uso penal del primer censo mucha gente no había respondido esta vez, muches estaban trabajando fuera de la toma cuando se realizó el relevamiento y, por otra parte, les censistas se quedaron sin batería y muchas fichas no quedaron cargadas en el sistema de registro online.
Recién entonces, el juez convocó a dos audiencias en las que el punto central fue, otra vez, la fecha de desalojo. Les ocupantes pidieron noventa días de prórroga y la implementación de la mesa. El Ministerio de Desarrollo también solicitó una prórroga y fundamentó su pedido en que estaba avanzando, en que había realizado el censo y tenía en marcha el dispositivo interministerial que podía conducir a una solución alternativa al conflicto. El fiscal y el municipio se opusieron a cualquier prórroga. En la primera audiencia se había fijado el 1.º de octubre como plazo; en la segunda, el desalojo se postergó para algún momento entre el 14 y el 30 de octubre.
Las propuestas del estado provincial se centraron en subsidios económicos o de materiales, a lo que se sumó la eventual inclusión de las familias que firmaran un acuerdo en el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat. En ese primer momento, la impronta del gobierno provincial fue buscar soluciones “caso a caso”, sin reconocimiento de la organización colectiva, para lograr desocupar el predio y así evitar el desalojo por la fuerza. Les ocupantes tenían otra visión: proponían urbanizar parte del predio ocupado, aplicando la Ley de Acceso Justo al Hábitat y la Ordenanza 1082 del municipio. Eso suponía, por un lado, tomar una parte de esos terrenos baldíos como equivalente del pago de las plusvalías del emprendimiento inmobiliario contiguo, que estaba pendiente. En esos terrenos podrían ubicarse dos de los cuatro barrios de la ocupación sin necesidad de realojamiento. Los otros dos serían parte de un proceso de urbanización integrado a la trama urbana de Guernica. Esa propuesta fue respaldada por diferentes organizaciones, en particular por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, que ejerció la representación y la defensa penal de les ocupantes ante las autoridades provinciales y en el expediente. Sin embargo, alegando problemas técnicos que no fueron explicitados ni en el expediente ni a las organizaciones, el gobierno de la provincia consideró que la propuesta no era viable.
El conflicto por el tipo de solución buscada fue permanente. Les funcionaries del dispositivo interministerial denunciaron que, desde la toma, no les dejaron instalar puntos de atención dentro del predio ni entregar insumos esenciales como agua, alimentos y pañales; pero tras una interlocución efectiva de la asamblea feminista, les ocupantes acordaron recibir los insumos y que el ministerio desplegara sus puestos en la plaza de Guernica. Cuando se acercaban las fechas del desalojo, el gobierno y las familias denunciaron la falta de compromiso de la otra parte para alcanzar una solución. El gobierno afirmaba que había acordado con muchas familias de forma particular, que no podía continuar este tipo de arreglos porque las organizaciones los obstaculizaban y que la decisión del desalojo era definitiva. En frente, las organizaciones y delegades denunciaban la falta de propuestas precisas, formales y colectivas. Tampoco veían resuelta la cuestión de los “alojamientos temporales” entre el desalojo y la asignación de un eventual lote o vivienda, y persistían en el reclamo de “tierra por tierra”: dejar el predio con un destino concreto.
Algunas de esas noches, helicópteros policiales sobrevolaron la toma a muy baja altura y apuntaban a las casillas con reflectores. Les niñes se despertaban por el ruido como si vivieran una pesadilla.
Un aspecto del conflicto tenía que ver con que el discurso oficial en los medios sostenía que, en realidad, no había tanta gente en el predio, que solo quedaba un núcleo de un centenar de familias. Para la organización de la toma era fundamental mostrar la fuerza y la vigencia del asentamiento. Cuando se estaban por vencer los plazos judiciales, el gobierno se acercó de otro modo al territorio, como una manera de que la salida política ganara fuerza ante la inminencia del desalojo. Más allá de las tensiones, las partes lograron negociar y coordinar un nuevo censo en el que se pudo demostrar el volumen vigente del conflicto y a partir del cual el gobierno provincial tuvo un mejor conocimiento y contacto con la situación.
Entre el 19 y el 21 de octubre se realizó el nuevo censo, esta vez organizado en conjunto, entre las familias, delegades, organizaciones y el dispositivo interministerial, con organismos de derechos humanos como veedores. El resultado fue que había cerca de 1400 familias con necesidad de una solución. El 26 de octubre aparecieron nuevas propuestas del gobierno que incluían lotes con servicios para 650 familias, la inscripción en el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, el uso de once hectáreas y