en Barranca.4 Pero su asesinato estremeció a los lugareños como solo lo puede hacer la muerte de un niño inocente y ella se convirtió en un símbolo de la lucha de la ciudad por los derechos humanos básicos. Aunque los funcionarios locales y los movimientos sociales denunciaron con rapidez el asesinato de Rondón, de Bogotá no se recibió ninguna respuesta inmediata. En Barranca, católicos, comunistas, liberales, conservadores, sindicalistas y organizadores comunitarios llevaron a cabo una demostración masiva, tal como lo habían hecho decenas de veces anteriormente, para demandar que el gobierno nacional garantizara salarios justos y servicios públicos como el agua, la educación y la salud. Pero esta vez ellos pedían que los civiles fueran protegidos de la violencia.
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) con sede en Barrancabermeja fue creada en una época en que la represión militar y paramilitar amenazaba con dar un vuelco a lo difícilmente ganado por los movimientos populares locales. Los campesinos habían sido los primeros en elevar su voz en contra de la violencia política en la región para principios de los años ochenta. Para finales de la década, a ellos se unieron activistas urbanos. En la ciudad, un movimiento cívico popular había logrado aunar las fuerzas de los partidos de los trabajadores, políticos progresistas y organizaciones comunitarias, incluyendo los grupos comunitarios de base, dirigidos por mujeres y campesinos desplazados. La confianza de los activistas de Barranca en que pronto lograrían un auténtico cambio político y social se vio afectada por la dinámica que estaba teniendo lugar a nivel nacional. Hasta mediados de los años ochenta, un número nunca antes vista de colombianos salieron a las calles a reclamar una amplia gama de derechos.5 En 1987, los colombianos organizaron 47 paros cívicos. Más del doble del promedio, ya de por sí notorio, de los paros cívicos realizados durante la década anterior.6 El año en que se fundó Credhos también fue el año más cruel en la historia de Colombia desde el final de La Violencia.7 Las autoridades colombianas calcularon que el conflicto armado había producido 2500 muertes y 200 desapariciones en lo que los medios nacionales llamaron “el año de la guerra sucia”.8 Solo en 1987 tendrían lugar aproximadamente 250 homicidios motivados políticamente en Barranca.9 En respuesta a los ataques en contra de los dirigentes laborales y sociales más prominentes de la ciudad, el activismo en pro de los derechos humanos surgió como el paradigma que encabezaría la protesta popular.
Fuente: elaborado por John Harmon.
Las luchas históricas en pro de la justicia social lideradas por trabajadores y campesinos organizados le proporcionaron al movimiento de derechos humanos de Barranca la base para movilizar grandes cantidades de ciudadanos. Al igual que las luchas anteriores por el agua, la lucha por los derechos humanos tocó la vida de todos los residentes de la zona. Según el historiador Mauricio Archila, “los movimientos cívicos de los años 60 y 70 demostrarían las implicaciones radicales de un pueblo que se va interesando por el destino de su municipio”.10 El paro cívico tal como fue practicado por los movimientos populares en Colombia en los años ochenta combinó las tácticas usadas durante las huelgas, las invasiones de tierras urbanas y las marchas campesinas de los trabajadores, colonos y campesinos pobres de las décadas anteriores. Los paros cívicos implicaron la interrupción de toda la actividad comercial, la ocupación de calles de la ciudad y la realización de manifestaciones masivas en plazas públicas. Los paros cívicos fueron, por lo tanto, distintos de las huelgas encabezadas por los trabajadores del petróleo que se enfocaron en detener las operaciones de explotación y refinación. Los movimientos campesinos fueron los primeros en usar de manera regular lo que el sociólogo Leon Zamosc ha denominado la negociación colectiva por la perturbación como instrumento de la participación popular.11 Mediante marchas, éxodos e invasiones organizadas desde los años sesenta, que a menudo incluyeron la toma de centros urbanos por parte de miles de manifestantes, organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y otras demostraron que la movilización masiva de ciudadanos comunes y corrientes podía lograr que funcionarios del gobierno de alto nivel se sentaran a negociar con respecto a la titulación de tierras, el desarrollo económico y la represión militar. El influjo de campesinos politizados a Barranca, muchos de los cuales huían de zonas afectadas por la guerra, inspiró a muchos movimientos sociales urbanos en la misma dirección. Las campañas masivas por el agua potable y los servicios públicos en los años setenta se convertirían en un modelo para las campañas por los derechos humanos de los años ochenta y de ahí en adelante.
Durante los paros cívicos, los activistas hicieron uso de su conocimiento de la peculiar topografía urbana de Barranca para hacer despliegues poderosos de unidad. Solo había una calle principal que entraba a la ciudad y unas pocas carreteras vinculaban a la bastante segregada zona del centro con los distritos orientales. Un paro cívico comenzaba con grupos de jóvenes que se reunían simultáneamente en dos principales puntos estratégicos. Uno es el paso elevado que va a lo largo de la línea férrea y divide a Barranca en dos partes. En el lado occidental está la Barrancabermeja planificada y formal. En el lado oriental están los barrios orientales, que desde principios de los años sesenta han sido el lugar de invasiones de tierra, organizadas por migrantes pobres. Conocido como el puente elevado, este puente era la principal vía que conectaba estas dos mitades. El otro punto estratégico clave es el As de Copas, una intersección ubicada en la parte alta del límite sur de la principal zona urbana, llamado así por una tienda ubicada allí. Otro lugar de importancia estratégica, era la intersección de la carretera que salía de la ciudad hacia Bucaramanga, hacia el oriente, y hacia Bogotá, hacia el sur. Este punto es conocido como El Retén, porque en el pasado allí ubicaban un control las fuerzas de seguridad. Además, contaba con una barrera de acero. Aunque está algo aislado, El Retén era estrecho y podía ser tomado por un grupo pequeño de manifestantes. Al prenderle fuego a llantas y otros escombros en dos o más de estos puntos, los organizadores del paro cívico podían detener con efectividad todo el movimiento dentro de la ciudad hasta que todo el mundo quedaba exhausto o hasta que hacía presencia una gran cantidad de Ejército. Los paros cívicos ayudaron a forjar lazos de solidaridad entre los participantes, desde la gente que pasaba toda la noche en las barricadas hasta las personas que preparaban sancocho en fogones en las calles y aquellas que transmitían las noticias sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad o negociaban con el gobierno.
Fuente: elaborado por John Harmon.
El Paro Cívico por la Vida en 1987, una protesta contra la violencia política llevada a cabo tras el asesinato de la niña de 14 años Sandra Rondón, fue excepcional debido a su escala, su espontaneidad y a la singular atención dada a los derechos humanos. Los grandes paros cívicos organizados en Barranca durante los años setenta a menudo coincidieron con negociaciones colectivas por parte de los trabajadores del petróleo que se ocupaban de reclamaciones de vieja data con relación a los servicios públicos y requerían semanas de preparación. En contraste, el Paro Cívico por la Vida y otras protestas por los derechos humanos se llevaron a cabo como respuesta directa a acciones represivas específicas y requirieron relativamente de muy poca anticipación. El día del asesinato de Rondón, los líderes del movimiento social convocaron un comité organizador. Sin embargo, varias horas antes de que el comité de paro pudiera enviar a sus miembros a bloquear el centro de la ciudad, grupos de jóvenes ya habían acudido a los lugares de reunión usuales.12 Tal como se verá, aunque el Paro Cívico por la Vida fue el más impactante de las protestas de este período, una serie de demostraciones menores, organizadas en respuesta a actos de violencia estatal, lo habían precedido. Francisco Campo, un activista